Cómo es conocido, cuando un ciudadano llega a la presidencia de la República, no solo le arropa el apartado constitucional de que mientras esté en el ejercicio del cargo no puede ser sometido a ningún tipo de pesquisa judicial, sino que, como jefe de la administración pública, en principio tiene libertad de decisión para escoger cuales de sus promesas de campaña son aceptables dentro del ordenamiento constitucional.
Lo que quiere decir, que al ahora jefe de Estado y de Gobierno, no sería correcto que se le imputaran sospechas sobre aliados electorales circunstanciales y quienes de acuerdo a la lucha electoral, en uno o en otro caso pudieron ser observados y fotografiados junto a quien antes era candidato presidencial y mucho menos que se pudieran emitir criterios maledicentes respecto a que porque un aliado le acompaña el sambenito de ser un delincuente confeso, sus inconductas pudieran ser traspasada al gobernante y menos, cuando en justicia, las responsabilidades son personales y las acusaciones de orden personal.
Situación que debe de ser precisada y si realmente se asume, que en una democracia o en un gobierno democrático autoritario como el actual, no todas las decisiones de administración que tome un gobernante pudieran ser vistas como sospechosas de ilícitos y menos, cuando se entiende que una que otra de estas tiene de autoría a terceros.
Ahora bien. Toda regla tiene su excepción. Pero aun así y esto para citar ejemplos, que existan expedientes firmados por el presidente en ejercicio por medio de los cuales se abre el camino a posibles extradiciones a EEUU y por asuntos de narcotráfico, sería en principio, un exceso y atrevimiento imputarle complicidad al gobernante, en este caso al presidente Abinader.
Inclusive, ninguna demora administrativa para finiquitar esos expedientes pudiera ser entendida como un tipo de complicidad con quienes han sido señalados y sí entender, que, en la política del poder, las decisiones más sensibles se toman después de profundas cavilaciones y nunca tomándolas fuera del contexto político de como serían entendidas y mucho menos, si las decisiones fueran tergiversadas por adversarios políticos del gobernante.
Desde luego, se conoce, que por lo menos siete legisladores clasificados como responsables de asociación ilícita con el narcotráfico, prácticamente están al tris de ser entendidos como piezas de calvario, pero antes que imputarle conocimiento al jefe de Estado y de Gobierno, en propiedad habría que achacárselo a los demás miembros del Congreso Nacional, quienes y por las razones que fuere, han sido timoratos en tomar la decisión de apartarlos de sus curules y por haber cometido evidentes actos delincuenciales que riñen con la conducta que debe seguir todo legislador que se respete.
Entonces y si a esto vamos. Está claro que esos legisladores imputados como narcotraficantes y contra quienes EEUU ha remitido expedientes de extradición y si en este país hubiese una sociedad civil cívicamente responsable y no de colectivismo político partidario y como es el caso de la ONG Participación Ciudadana, habría sido tiempo de que esa entidad debió de haber motorizado una campaña pública para separar a esos siete legisladores imputados por narcotráfico y naturalmente, auxiliados por una campaña mediática de apoyo y busca de responsabilidades.
Si después que esas iniciativas se hubiesen tomado y se compruebe que el gobierno no tiene interés en canalizar los pedidos de extradición, entonces, sí que cabría la posibilidad, de que tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo se les reclame el porqué de su falta de accionar y tampoco llegando a los extremos de las barbaridades que se dicen en los lupanares mediáticos en las redes sociales, donde la temeridad y el desorden moral imponen actitudes y desafueros propios de individuos, cuyas recriminaciones y acusaciones temerarias van en consonancia con sus propios resabios personales.
¿Quiere esto decir y también en otros casos, que en el gobierno no existen sujetos que pudieran ser tipificados teniendo un accionar delincuencial?, por supuesto que los hay y ahora mucho más y como se está viendo el despilfarro de recursos públicos en materia de alquiler de inmuebles, pagos de consumos desmedidos de comidas y bebidas, compras “contrastantes” de vehículos de alta gama o variedades de contratos de compras y servicios, que por lo menos están al borde de lo ilícito.
Pero aun así, el mismo presidente Abinader no puede ser calificado como corresponsable de esos excesos y como no lo es en los casos de ministros de su gabinete, seriamente entendidos como individuos que se han excedido en sus atribuciones y llegando a lo temerario, de que se les entienda como prevaricadores.
Naturalmente, sí que hay determinados actos de administración que el gobierno central no queda nada bien parado y cuando se trata de esos siete a 10 mil millones de pesos gastados en propaganda y publicidad y que son la fuente nutricia de esa corrupción a gran escala que se ha apoderado de ese mal periodismo de accionar vergonzosamente delincuente y absolutamente poco profesional, que en líneas generales ahora existe.
Tampoco se pueden desconocer los hechos punibles de funcionarios públicos muy allegados al PRM, quienes aprovechando sus cuotas de poder, han sido responsables directos de desalojos violentos contra ciudadanos entendidos como “enemigos del PRM” y de los que en uno y otro caso, se sabe que el mismo Abinader miró hacia otro lado y como es un caso conocido y vivido muy cerca de quien escribe, hace ya cuatro años o los otros y reiterados, de áreas del Poder Ejecutivo reprimiendo publicitariamente a periodistas y medios de comunicación y la mayoría en internet, a los que los esbirros del régimen entienden “enemigos personales del presidente de la República” y que en lo que a nosotros respecta se nos ha hecho conocer y que son casos, por lo injustificados, que dejan sensibles heridas morales difíciles de olvidar.
Por eso, cuando se pregunta: ¿Logrará el presidente Abinader salir indemne de las inconductas de muchos de sus funcionarios y los que delinquen y extrañamente no cancela?, asalta la duda y no hay consenso entre quienes preguntan. El tiempo dirá. Con Dios. (DAG) 08.11.2024
