El planteamiento no es ni frívolo y menos temerario, toda vez que cuando se analiza el cómo se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar a los jueces de todo el sistema judicial, se observa, que desde que se incluyó la figura de la procuraduría general, que es un organismo dependiente y subordinado directo del Poder Ejecutivo, automáticamente los intereses políticos entraron a perturbar su funcionabilidad y con esa entrada, fue inevitable que los intereses de los políticos, utilizaron el argumento de la corrupción para imponer sus directrices.
Desde entonces y específicamente, desde que el expresidente Leonel Fernández metió todo el brazo para perturbar la funcionabilidad original del CNM. Quien fuera presidente de la República en ejercicio, se convertía en el factor determinante que malograba la independencia de ese órgano superior del Poder Judicial y que es la perturbadora situación que ahora se está viendo.
Y esto así, porque no obstante que el actual presidente Luis Abinader aboga por un ministerio público independiente, esto es, la Procuraduría General de la República, en la práctica y a menos que se haga una reforma constitucional o se discuta directamente en el Congreso Nacional vía la instalación de una Asamblea Constituyente, no es posible que tal independencia pudiera lograrse y como se ha estado viendo en los hechos y por mayor que sea el interés del Ejecutivo Nacional para sustraerse a ser la voz determinante dentro de ese importante colectivo judicial.
¿Por qué esto es así?, porque el presidente no puede violar la Constitución de la República y porque si quiere que la PGR, es decir, el ministerio público, realmente sea independiente en sus decisiones de los intereses políticos que siempre envuelven a los políticos y en particular al Poder Ejecutivo, por obligación, debería promover una reforma constitucional y en base a una asamblea constituyente, de suerte, que vía ese resultado, entonces el Poder Judicial quedaría realmente independiente a todos los que influyen y como políticos y por medio de sus partidos y que ahora se resume en el hecho, de que la PGR es el brazo judicial del Poder Ejecutivo y como subalterno debe acatar e imponer las directrices que el presidente de la República le trace u ordene.
Abinader, en este sentido podrá decir lo que quiera y proclamar una y otra vez que él quiere la independencia de la PGR, pero hasta tanto no acepte que su influencia como Poder Ejecutivo debe estar apartada de la funcionabilidad de la aplicación de la Justicia desde el ministerio público, no hay forma de que se le pueda creer buena fe y sí lo más parecido a un interés político pérfido.
Antes, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura funcionaba sin la presencia de la Procuraduría General de la República, allí no se presentaba la asfixiante situación de una PGR imponiéndose de una u otra forma y que es lo que ahora ocurre. ¿Por qué el presidente no aboga por esa erradicación?, ¿por qué no procura favorecer que la PGR tenga independencia presupuestaria y sin que ello tenga que ver con sus dictámenes e intereses como Poder Ejecutivo?
Recientemente, dos voces tan autorizadas como la exsenadora y exvicepresidenta y actual directora de Ética gubernamental, la doctora Milagros Ortíz Bosch y el exprocurador en el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, se pronunciaron sobre este particular y fueron determinantes en sus juicios y apreciaciones, los suficientes, como para que todo aquel que sea sensato, entienda, que con la composición actual el CNM y el Poder Judicial en específico, no es realmente independiente a las decisiones e influencias del Poder Ejecutivo.
Obsérvese, que es tal su dependencia, que en el mismo forcejeo y debate que el Poder Ejecutivo pretende, de lejos se nota, que quien sea procurador general o parte del ministerio público al completo, en la práctica, tiene atadas las manos en materia de querer realizar un trabajo propio de su quehacer y sin inmiscuirse en la escogencia de jueces y magistrados, que se supone debe ser lo propio de los integrantes del CNM. Incluso, el hecho de que la actual procuradora Miriam German Brito, no se pronuncia sobre este aspecto de sus funciones, a razonamiento a contrario nos dice, que ella sabe perfectamente que no puede ni debe y por mandato constitucional ir en contra de lo que quiera o no decida, su superior inmediato, el presidente de la República.
En este sentido, lo inteligente y prudente debería de ser, que el presidente Abinader revise su propuesta y entienda, que, si quiere que el ministerio público sea realmente independiente, deberá aceptar que hay que excluir a la PGR del CNM. Abinader dice, que es la primera vez que un presidente en ejercicio aboga por una reforma constitucional que no incluye la reelección presidencial, pero olvida, que la Carta Magna y en su caso por ser presidente por primera vez, esta le autoriza a ir a una sola y única relección, lo que significa, que él no tiene el problema congénito que ha sido patente de corso de todos los anteriores presidentes.
De ahí que de cara al 2028 y sí hipotéticamente Abinader ganara su reelección en el 2024, perfectamente que pudiera darse y por simple asunto de edad, que la tentación le llevara a escuchar los cantos de sirena que se le hicieran para modificar la Constitución en el 2028 y perpetuarse en el poder.
Por lo tanto y conociendo lo veleidoso del criterio de las masas, que es siempre tan volátil y contradictorio, sea de prudentes y desde ahora, reclamarle al presidente un criterio lo suficientemente abierto, no ecléctico, pues este último “es de persona cuya manera de pensar o de actuar, adopta una posición intermedia o indefinida, sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles”. Además, bastaría recordar, que “en Derecho, son eclécticos, las personas que buscan, entre las diversas escuelas científicas, principios de transición, ya en los fundamentos doctrinales, ya en las soluciones prácticas”. Y que, si lo aplicáramos a una reforma constitucional, sería enormemente perturbador para la funcionabilidad del mismo estado de derecho y desde el punto de vista político partidario y si recordamos que quienes siempre se oponen a que el factor corrupción sea juzgado, son precisamente los políticos y mucho más ahora, que tienen el control de todo y por medio de la tiranía partidocrática que han impuesto y gracias al apoyo abusivo del factor mediático-empresarial.
En conclusión, entendemos que un análisis en retrospectiva, indica, que, si se quiere un ministerio público independiente, hay que excluir la figura del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y que una nueva reforma constitucional se haga via una constituyente. (DAG)
