Han pasado más de dos décadas desde la crisis bancaria que sacudió la República Dominicana en el 2003, un episodio que no solo marcó un colapso financiero, sino que también dejó al descubierto la fragilidad institucional y la manipulación del sistema judicial en favor de intereses políticos. En aquel momento, se impuso arbitrariamente la recién promulgada Ley Monetaria y Financiera 183-02, a pesar de que no podía aplicarse por carecer de los reglamentos necesarios para su ejecución. Esta ley, que debía regir el sistema bancario, aún estaba en vacatio legis, lo que significaba que el marco legal aplicable seguía siendo la Ley 708. Sin embargo, la presión del gobierno y la falta de independencia de los tribunales llevaron a un proceso viciado de irregularidades donde se sacrificó la legalidad en nombre de una supuesta justicia.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis fue la aplicación retroactiva de una ley que no estaba vigente, violando principios fundamentales del derecho y dejando en evidencia el abuso de poder. Los abogados de los acusados expusieron claramente esta ilegalidad en los tribunales, pero el temor a contrariar al gobierno de turno convirtió los procesos en simples formalismos sin posibilidad de una defensa real. Este atropello jurídico fue, sin duda, una de las mayores violaciones al debido proceso en la historia del país, y hoy, 22 años después, queda claro que se utilizó la crisis para perseguir políticamente a ciertos actores del sector financiero, mientras se ocultaba la responsabilidad del propio Estado en la debacle.
No se puede hablar de la crisis bancaria del 2003 sin señalar la participación de las propias autoridades monetarias, que entre 1996 y 2000 aprobaron y fomentaron el endeudamiento de la banca en moneda extranjera. La desregulación financiera y la permisividad del sistema permitieron que los bancos operaran con una estructura en dólares supervisada por la misma Junta Monetaria, pero cuando la crisis golpeó, estas mismas autoridades se lavaron las manos y vendieron la narrativa de que los banqueros habían actuado en la sombra sin conocimiento del Estado. Se promovió la repatriación de millones de dólares a través de mecanismos offshore aprobados oficialmente, y cuando la burbuja estalló, los responsables políticos negaron cualquier implicación, dejando el peso de la crisis únicamente en los hombros de los banqueros.
Otro de los errores garrafales que precipitó el colapso fue la torpeza en el manejo de la tasa de cambio. En lugar de tomar medidas adecuadas para evitar una crisis cambiaria, las autoridades permitieron un deslizamiento descontrolado que generó pánico entre los depositantes. La exigencia masiva de retiros en dólares por parte de los ahorrantes llevó a una falta de liquidez crítica en los bancos y terminó por desmoronar el sistema financiero. Pero en vez de reconocer la responsabilidad compartida en esta crisis, el gobierno de turno utilizó el colapso como una herramienta para afianzarse políticamente, buscando culpables en un proceso donde la institucionalidad brilló por su ausencia.
El ex-superintendente de bancos, en su libro Desvelando Trampas, expone con claridad cómo las mismas autoridades que permitieron el esquema financiero en dólares fueron las primeras en negarlo cuando la crisis se desató. Se utilizó la manipulación mediática para justificar la persecución de ciertos banqueros, y lo que debió ser un proceso de reforma estructural del sistema financiero se convirtió en un espectáculo político donde los tribunales actuaron como simples ejecutores de una decisión previamente tomada por el gobierno. Este abuso fue tan evidente que, visto en retrospectiva, queda claro que lo ocurrido en el 2003 fue uno de los más grandes atropellos jurídicos de la historia dominicana.
Como dice el refrán, “no hay peor sordo que el que no quiere escuchar”, y la verdad de lo sucedido en aquella crisis ha sido sistemáticamente ignorada por quienes prefieren mantener el relato oficial. Sin embargo, la realidad es que lo ocurrido en el 2003 no fue solo una crisis bancaria, sino una crisis de institucionalidad, donde se sacrificó el Estado de derecho en favor de una narrativa conveniente para el poder político de turno. Hoy, con la distancia del tiempo, es imperativo abrir este debate y reconocer que lo sucedido no fue justicia, sino una muestra más de cómo la debilidad institucional permite el uso del aparato judicial como arma política. La República Dominicana no puede seguir permitiendo que se repitan estos errores. La única forma de avanzar como país es garantizando que la ley se aplique con justicia y no con oportunismo, para que nunca más se repita una tragedia como la del 2003. Por: Andres Alejandro Aybar Baez @andresbaez1951 (OJO)
