Uno de los más desalmados y descalificados legisladores y por no ser un político que genuinamente su representación senatorial haya sido producto del voto cierto de una mayoría significativa y sí del tráfico de influencias, Rogelio Genao y con sus asesores “legales” ha ideado un mamotreto de anteproyecto de ley dirigido a impedir y radicalmente, que en nuestro sistema político existan las candidaturas independientes a todo el aparato político y con lo que de ser aprobado, la esencia básica del sistema democrático, la genuina representación popular quedaría eliminada de plano.
Este señor, que tiene muchos años como legislador exponente de lo que es la partidocracia en su formación más rudimentaria y anti-ciudadano elector y candidato y con el desparpajo propio del irresponsable constitucional que es, plantea y lo que no pasa de ser una propuesta ingeniosa pero de corte académico y la que no resiste el mínimo respeto y porque la democracia se fundamenta en la libertad de escogencia y elección del ciudadano legítimamente consultado en las urnas, quisiera que por lo que denomina “problemas de la suplencia, la institucionalización de bloques y otros modelos de participación democrática”, que en el fondo, no son más que atajos de legisladores tramposos para perpetuarse en su curules indefinidamente, los ciudadanos no tengan derecho a ser candidatos independientes a los de los partidos políticos.
En resumen, Genao y como vocero de la partidocracia, da la cara por todos los partidos -orgánicos e inorgánicos- con un ante proyecto de ley que evite que el monopolio de poder que tienen los partidos políticos sea sustituido o al menos agrietado, por el nacimiento de la nueva figura jurídica del voto independiente al de los partidos políticos.
Solo le vamos a advertir lo siguiente: Si sus colegas de hemiciclo se atreven a cometer una barbaridad semejante que atenta contra el derecho legítimo del ciudadano elector a postularse como candidato a un cargo de elección sin tener necesidad de la aprobación de un partido político y al que quedaría automáticamente subordinado, estarían asentando las bases para una insurrección popular de imprevisibles consecuencias para la continuidad del sistema democrático corrupto y abusador que se tiene.
Y lo que advertimos y para que todos los ciudadanos y de todas las clases sociales estén alertas y en particular los lideres sociales conocidos como influenciadores en las redes sociales, quienes no deben permitir, que de esta manera se le cierre el paso y para siempre a los ciudadanos jóvenes entre 18 y 38 años, que ya son la fuerte mayoría nacional de votantes duros que decidirán a partir del 2028 las elecciones en este país.
Lo del senador inorgánico, Genao, es un grosero proyecto atentatorio del derecho a ejercer la política por parte de millones de ciudadanos jóvenes e independientes a la partidocracia y en particular a los legisladores jóvenes, quienes, enfrentados ahora a sus propios partidos, mantienen una pelea titánica contra las dirigencias partidarias, que no los entienden legisladores de la República y sí legisladores propiedad de los partidos.
Obsérvese la realidad, de que como el sistema político está prostituido desde sus cimientos y por la dirigencia política representada en los tres expresidentes, Hipólito, Leonel y Danilo y avalada por el hecho, de que el presidente en ejercicio, Abinader, calladamente le dio un golpe de Estado a la Constitución de la República y para constituirse en un superpoder por encima de la separación de poderes y que es la razón de que el Congreso Nacional sea ahora el sello gomigrafo del presidente de la República y quien en base al fomento de la corrupción, canonjías y el enriquecimiento ilícito de senadores y diputados, más por el control exclusivo que tiene del presupuesto del Poder Judicial, de facto es un presidente-dictador, quien de hecho, ya está descalificado para continuar en el poder, por lo que si el Poder Legislativo no estuviera subordinado al Poder Ejecutivo, haría rato que debió formulársele un juicio político, expulsarle del poder y de ser más preciso, condenarlo a cárcel y en razón del crimen político de Estado que protagonizó para anular la Constitución de la nación.
Insistimos, ese proyecto de ley del senador inorgánico Genao y en su dimensión más oprobiosa, debe ser rechazado de plano en el Congreso Nacional y en particular en la comisión senatorial en la que ahora se encuentra y por ser producto de la corrupción política y el que solo merece que la ciudadanía y por sí misma asalte la sede del Congreso Nacional y reduzca a polvo el ignominioso proyecto que va en contra de la genuina representación popular en el Congreso Nacional como en los gobiernos municipales y del Senado no hacerlo, entonces la población en capacidad de votar debe destruir desde sus cimientos la sede del Poder Legislativo y como demostración radical, de que lo último que se puede permitir, es que los legisladores atenten contra el derecho sagrado de los ciudadanos, de elegir y ser elegidos, sea como candidatos de partidos o como candidatos independientes a los partidos.
Aquí no hay “Dirección Técnica de Revisión Legislativa del Senado (Diterel), asesora de la comisión de Justicia que estudia el proyecto de ley”, que esté por encima del orden legal natural de nuestro sistema político y cuyos miembros, todos, burócratas que dependen de las presidencias de senadores y diputados, solo velan por sus salarios y privilegios y no tienen el mínimo concepto de lo que es respetar la decisión del Tribunal Constitucional y este como salvaguarda del orden constitucional más irrestricto.
Por eso, no es cierto, que esos comisionados digan que supuestamente, la sentencia del Constitucional no obliga al Poder Legislativo y que por lo tanto los legisladores “pueden modificar, derogar o suspender una ley, ya que no existe reserva sobre las candidaturas independientes, por lo que el legislador no está obligado al dictado (del TC) y regulación de tales”.
El atrevimiento de esos comisionados llega al extremo, de hasta permitirse decir, ellos, que no tienen calidad de elección directa y sí que tienen un trabajo por delegación subordinada de administración, que la intención del TC no es “dejar por sentadas de manera obligatoria las candidaturas independientes, sino, instituir una alternativa con el fin de que el legislativo cumpla con su deber constitucional de legislar y desarrolle las regulaciones para el ejercicio de las candidaturas”.
Y para mayor atrevimiento, se atreven a decir, que “si bien es cierto que las decisiones del TC poseen carácter vinculante, no menos cierto es que el legislador es que posee el mandato de legislar. En el caso que nos ocupa, consideramos que el TC actúa como legislador positivo en materias que el constituyente ha reservado exclusivamente al legislador orgánico”. ¿Atrevidos!
¿Cuáles son las facultades del Tribunal Constitucional?
El artículo 184 de la Carta Magna, especifica el objetivo principal del TC y que es, “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”. Los 13 jueces del pleno deben conocer, al igual que decidir sobre, “las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas incoadas por poderes del Estado y ciudadanos y también sobre los conflictos de competencias entre los poderes públicos”.
El ante proyecto del senador inorgánico Genao, es en sí, un abierto conflicto de competencias y por ese solo hecho, el pleno del Senado debe retirarlo y no aprobarlo y por atentatorio a la condición más insigne y significativa de todo ciudadano elector, que es la de preservar su derecho de ser candidato a un cargo de elección directa sin necesidad de contar con la aprobación previa de los partidos y mucho menos, como dice y de abusadora, la oenegé Finjus, que supuestamente esas candidaturas, “podrían generar desigualdades en la contienda electoral”. Cuando la única desigualdad que Genao y quienes están detrás de él quieren mantener, es que la partidocracia tenga el monopolio de las candidaturas y para imponer lo que ya está a ojos vistos, la dictadura de los partidos.
De ahí que expresemos, que, con un ingenioso juego de palabras, de “el legislador positivo” al “legislador orgánico”, el Congreso Nacional y para su desgracia, pretende ignorar y desconocer la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional sobre las “candidaturas independientes”. Con Dios. (DAG) 25.05.2025
