Una comparación entre los pasos que han dado diversos países de la región para regular los criptoactivos y la situación actual de la República Dominicana revela una realidad preocupante: lejos de avanzar, nuestro país parece haber optado por desandar sus propios sueños. En un exceso de prudencia, nos negamos a transitar la senda del porvenir, cubriéndonos con la sombra de los pasos en reversa.
¿Qué se ha hecho en otros países de la región que aún no se ha hecho aquí?
Brasil encabeza la región en materia de regulación de tokens digitales. En diciembre de 2022 se aprobó la Ley 14.478, conocida como el Marco Legal de Criptoactivos, que abarca no solo las criptomonedas, sino también los activos virtuales tokenizados. Este marco legal trabaja en la definición de security tokens y tokens de pago, y en el desarrollo del real digital (CBDC), que funcionará sobre una red tokenizada.
México, por su parte, cuenta desde 2018 con la Ley Fintech, que regula a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), incluyendo modelos de negocio basados en activos virtuales. Aunque la ley no menciona explícitamente los tokens, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido circulares que regulan su uso bajo ciertas condiciones. Actualmente se debate una ampliación del marco legal para abarcar tanto los security tokens como los tokens de utilidad.
Colombia no dispone aún de una ley específica para tokens, pero desde 2021 lleva a cabo un proyecto piloto en un sandbox regulatorio que permite probar la emisión y negociación de security tokens. También se han establecido lineamientos para el uso de tecnologías DLT y la tokenización de activos en el mercado financiero.
Chile aprobó en 2023 su propia Ley Fintech, la cual reconoce y regula los activos digitales, incluyendo la posibilidad de emitir instrumentos financieros en formato tokenizado. En la actualidad se elaboran normas técnicas específicas para los security tokens y otros modelos basados en blockchain.
Otros países se encuentran en etapas más incipientes. En Perú, por ejemplo, se han presentado propuestas legislativas para regular criptomonedas y activos digitales, aunque sin resultados concluyentes.
Argentina no cuenta aún con una legislación específica, pero ha presentado proyectos de ley, como el de criptoactivos de 2023, que buscan reconocer los tokens como representaciones digitales de derechos. Además, se exploran modelos de tokenización para títulos públicos.
En Uruguay, se presentó un proyecto de ley en 2022 para regular activos digitales, incluyendo tokens. Aunque la ley sigue en discusión, el Banco Central del Uruguay ha publicado lineamientos que clasifican los tokens en tres categorías: de utilidad, de pago y de inversión. Este país puede considerarse como poseedor de un marco moderadamente avanzado.
En Paraguay, aunque existen debates legislativos sobre criptomonedas y minería digital, aún no se ha establecido un marco jurídico para tratar los tokens como instrumentos financieros.
Frente a estos avances, algunos firmes y otros aún incipientes, en República Dominicana la posición oficial se ha mantenido estática. Desde 2017, el Banco Central ha advertido que criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Litecoin no tienen curso legal ni respaldo ni autorización oficial en el país.
¿No ha llegado ya el momento de un cambio de actitud, a la luz de los avances en América Latina y, especialmente, en Estados Unidos, que acaba de aprobar una histórica legislación sobre activos digitales?
El porvenir nos convoca. No elijamos, por inercia o temor, el eco cansado del ayer. Por: Mario Méndez (Listín Diario)
