Al escuchar los voceros oficiales, cualquiera pensaría que la industria turística nacional es una que le reditúa beneficios a la economía nacional, cuando en la práctica no es así. Se trata de un negocio oligopólico entre hoteleros, residenciales y centros turísticos, quienes han creado una especie de cartel, cuya característica principal es que el turista que viene es el más barato y de cada dólar que gasta, al país le queda un centavo, mientras el noventa y nueve restante queda en manos de los operadores turísticos y quienes encima, se encuentran exentos de impuestos y sin importar que pasen de veinte años operando.
Para mas abuso, el cartel turístico se roba los 60 metros de playas, prohíbe el acceso de los dominicanos, y por las ventas de hospedaje dejan sus beneficios en el exterior, el 90 por ciento del personal es extranjero y sobre todo haitiano y el hospedaje se caracteriza por un todo incluido que encierra entre los limites de cada hotel a los turistas y quienes no tienen libertad de tránsito por la vecindad de este. Incluso, todo lo relativo al turismo sexual, también los operadores lo monopolizan, mientras a esos empleados, chulos y prostitutos de ambos sexos la mayoría, les esquilman el 35 por ciento de sus ingresos.
Estamos hablando de una industria turística que no le ofrece ninguna ganancia a esta economía, mientras los representantes del oligopolio, los directivos de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), anuncian la supuesta inversión de 3 mil millones de dólares en 14,900 nuevas habitaciones hotelera y todas, exentas del pago de impuestos de 20 años a partir de que las mismas estén operando.
Como si lo anterior no fuera bastante, el Cartel Turístico y con sus aliados mediáticos, engaña y manipula a la población y dando por resultado, que esta supuesta industria turística u hotelera, no es más que un nicho de extorsión, lavado de dinero y evasión fiscal con apoyo oficial y la que debe y tiene que ser reevaluado.
Por lo pronto, ningún hotel puede pasar de 20 años de exención de impuestos, debe exigírseles qué, de 100 empleados, 80 sean dominicanos, que los 60 metros de playas se cumpla con la ley de que son de uso público y que quienes no cumplan, se les retiren las licencias para operar.
Y es que esta irritante situación de que los hoteleros han llegado a ser el más duro cartel mafioso que opera en esta economía, es una realidad incómoda que debe ser erradicada y sin importar que cierren y ante ello, debe expropiárseles las instalaciones y alquilárselas a otras cadenas, que, cumpliendo con las leyes, seguro que le darían beneficios ciertos y directos a la economía y más a la popular. (DAG-OJO)
