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Finjus afirma nuevo Código Penal sacrificó derechos y contiene errores. Se atribuye al afán del gobierno por afectar la libre expresión ciudadana en las redes sociales

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por el contenido del nuevo Código Penal, Ley 74-25, aunque y de falsa, celebró su aprobación y promulgación como un supuesto “paso necesario para enfrentar los desafíos del país”.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la ley presenta importantes deficiencias, ya que se «sacrificaron derechos, sumado a errores que están en choque con principios de la Constitución de la República».

Castaños Guzmán reconoció que “la sociedad dominicana ha reclamado por décadas un Código Penal actualizado para abordar la criminalidad, la corrupción y la ciberdelincuencia” y lo que hasta ahora no ha sido satisfecha.

A su juicio, esta nueva ley permitirá al sistema de justicia penal avanzar hacia supuestas “políticas modernas de seguridad y castigo”.

Por igual afirmó que el nuevo Código Penal incorpora principios y normas que buscan cumplir el mandato constitucional de combatir la criminalidad y promover la convivencia pacífica.

En este sentido, reiteró su compromiso de colaborar con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública para dar a conocer los avances de la nueva normativa.

Por ello, sostuvo que la institución propone que el período de vacatio legis (el tiempo que transcurre entre la publicación de la ley y su entrada en vigor) se utilice para identificar las insuficiencias y ausencias que deben ser superadas lo antes posible.

El mismo dijo que la fundación, que es una ONG fundada por el Banco Popular, a su vez miembro del consejo de Competitividad, “se ha propuesto realizar, en el corto plazo, estudios y análisis exhaustivos para proponer las enmiendas necesarias a la Ley 74-25”.

Además, exhortó a la comunidad jurídica, las facultades de derecho de las universidades, el empresariado y la sociedad civil a que también hagan sus aportes. El objetivo, es lograr un nuevo Código Penal que sea «coherente con el ordenamiento jurídico, democrático y constitucional de la República Dominicana». (LD-rcb / OJO-jj)

 

 

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