Si un hecho de corrupción criminal como ningún otro, pudiera tipificar el accionar corruptor del gobierno del presidente Luis Abinader, no cabe dudas de que el desfalco, fraude y robo -todo concatenado- en el Servicio Nacional de Salud -SENASA- lo tipifica como ningún otro y peor, entendiéndose y por la asociación de malhechores que allí se creó para robarle a los contribuyentes, vale decir, a los ciudadanos en capacidad de trabajar, que en el gobierno habían ocultado una dura voluntad, no de servir y sí de asaltar el erario.
Y es que en esta acción criminal colectiva, no solo participan el director general de la entidad y sus principales subalternos como empleados de administración más allegados, sino el mismo Colegio Médico, la Asociación de Enfermeras y de auxiliares paramédicos, especialistas de la salud y médicos formados, Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, sino también los empresarios y financieros afiliados en Competitividad que son los manejadores hábiles de los contratos en uso, más una retahíla de medios de comunicación, periodistas y comunicadores, productores de radio y televisión propiedad de esos empresarios y sus “instrumentos de lucha” en las redes sociales, quienes todos a una, decidieron ser cómplices de uno de los más formidables esquemas de robo, fraude y desfalco que un grupo de delincuentes de cuello blanco hubiese sido capaz de diseñar en perjuicio de los asegurados de ese sistema criminal oficial de extorsión a gran escala.
Pero si lo anterior es grave, peor es conocer, que todo el sistema de seguros de salud privados -todos- no solo que estaban en conocimiento de esta trama criminal, sino que de uno y otro modo también se beneficiaban o coparticipaban “en los trámites administrativos y burocráticos”.
Es decir, es el Estado Dominicano como tal, el verdadero motor del pecado original de esta versión tan extraordinaria de saqueo público y por vía de consecuencia, el presidente de la República, Luis Abinader, no solo que es el gran responsable de semejante abuso de poder, sino que por su incapacidad de supervisión tan notoria, él mismo se convierte en el primer sospechoso del porqué esta trama criminal pudo perpetrarse y que si no fuera porque la Carta Magna impide que a un presidente en ejercicio se le procese penal o civilmente, lo hace susceptible de ser investigado judicialmente.
Y es que lo que ha ocurrido no es paja de coco y cuando se descubre, que de cien servidores públicos, no menos de 25 han estado envueltos en este saqueo, más lo grave, de un 50 por ciento dinero ilícitos originados en los puntos y centros de servicios y su red de call center, que facilitaban las cosas para que los 12 mil y pico de pesos que le tocan a cada afiliado del sistema en materia de auxilio de salud, más del 60 por ciento de ese dinero era estafado directamente y para vergüenza de todos, lo que se hacía en colusión de los afiliados con los delincuentes.
Al hablar de colusión, estamos diciendo que se trata de un terrible y descarado esquema criminal por el que “un acuerdo secreto y deliberado entre dos o más partes con un propósito ilegal o deshonesto, a menudo para perjudicar a un tercero o para limitar la competencia y obtener una ventaja injusta”. Más gráficamente: “Se manifiesta en acciones como la fijación ilegal de precios entre competidores, el reparto de mercados, la limitación de la producción, o el concierto de funcionarios públicos con particulares para defraudar al Estado”. Al hablar de fraude contra el Estado, se está hablando de robo descarado contra los contribuyentes como afiliados en este caso a este servicio de Salud.
¿Cómo es posible que esta asociación de malhechores hubiera podido surgir e implicando directamente a no menos un millón de ciudadanos que contribuyeron al robo, desfalco y fraude, impulsados por un afán de lucro deleznable y vergonzoso?, porque el presidente Luis Abinader no atendió a sus obligaciones de supervisión y vigilancia del patrimonio nacional y que fue una de las razones por las que el juró al instalarse como presidente de la República en los dos periodos que ha encabezado como gobernante y andando ahora en el primer año de los cuatro que le corresponden hasta el 2028 en el segundo.
Obsérvese, que su responsabilidad e implicación directa es tal, que todavía el principal sospechoso de la trama criminal no ha sido llamado y menos apresado por el ministerio público y que solo después que el pasado domingo, Abinader y de hipócrita como de perverso, pusiera el grito al cielo, es que ahora los fiscales se entienden con el permiso de lugar para que actúen abiertamente contra los allegados del mandatario y quien con su silencio, hasta ahora ha querido proteger y en abierta demostración, de que el ministerio público depende directamente de la voluntad del presidente.
Pero si lo anterior es gravísimo, peor es descubrir el silencio vergonzoso e irresponsable del llamado Defensor del Pueblo y todavía más, que toda esta complicidad entre funcionarios e instituciones, solo fue posible porque en este país, el sistema democrático y de gobernabilidad se encuentra atrofiado y desde que el primer poder institucional del Estado, el Legislativo, es incapaz de movilizar ninguna acción investigativa que constitucionalmente le corresponde, sin antes no contar con el permiso o la compra de voluntades por parte del Poder Ejecutivo y el consentimiento vil del Poder Judicial.
Es decir, los dominicanos no tenemos ningún estado de derecho y sí una soberbia mascarada, que es el grave factor del porqué desde agosto de 2020, un amplio grupo de personas y como partido político y no solo nos referimos al PRM y sí también al PLD y la FP y la recua de partidos de alquiler -las peores células continuas de lo que es la degradación humana a nivel colectivo- se han coludido para hacer de nuestro Estado, uno y delincuente.
¿Cómo se pudo haber llegado a estos extremos?, porque el pueblo dominicano ha sucumbido a la corrupción desde el poder, al narcotráfico, al sicariato y a la muestra más terrible de pérdida de valores morales, terminando por atrofiar los principios más elementales de lo que es ser una persona decente, honesta, limpia de conducta e integra y aquí, abarcando hasta a los miembros de las principales instituciones religiosas y de sociedad.
Ahora viene el espectáculo mediático, de todos queriendo ocultar lo sucedido y en el punto más significativo y grave de la situación: la falla de responsabilidad y supervisión del Poder Ejecutivo y por eso el empeño de diluir responsabilidades compartidas y en lo que el deleznable sistema mediático dominicano -el motor ejecutor de la depravación y corrupción a su mayor nivel- se mostrará en todo su delincuencial empeño.
¡Pobre nación, ha caído en manos de bandoleros y lo grave, con el consentimiento de una población aturdida por los peores vicios y ausencia de valores morales!
Con razón que digamos, que en el extraordinario escándalo en Senasa, de más de 20 mil millones de pesos robados en cinco años. Abinader pretende salvarse y eludir responsabilidad solo con daños menores, aunque sin importarle hundir a otros en una catarata de daños colaterales. Con Dios. (DAG) 16.09.2025
última actualización: 09:15 am.
