El debate por las intenciones de modificar nuevamente el texto constitucional cobra cada vez más fuerza, con opiniones discordantes que oscilan según la parcela política que enarbole los argumentos para defender o cuestionar estos aprestos.
Los que consideran que es necesario introducir nuevos cambios a la Carta Magna, son los mismos que ayer se oponían con vehemencia. Y ahora los que se oponen son aquellos que impulsaron reformas constitucionales a contrapelo de lo que opinaban importantes segmentos de la sociedad dominicana.
Esta es la cuestión: para la clase política, modificar la Constitución no es bueno ni es malo, sino que, como escribió el poeta español Ramón de Campoamor, “todo es según el color del cristal con que se mira”.
Por esas ambigüedades, defensa y cuestionamientos a nuestra Carta Magna se vuelven un círculo vicioso que se asoma siempre que la clase política en el poder pone la discusión en la opinión pública nacional.
Y yo, ¿qué pienso? Pues, me sumo a los que entienden que hay situaciones mucho más urgentes que debemos atender, sin distraernos en una disputa que no hace más que agudizar la incertidumbre y preocupación de la población frente a los numerosos retos que tenemos por delante.
¿Cuáles retos? Veamos. Nuestra economía apenas inicia su recuperación tras ser cruelmente golpeada por la pandemia del covid-19, en medio de un escenario global convulso y agudizado con la guerra de Rusia y Ucrania, con todo y sus implicaciones para el comercio mundial.
Una de las consecuencias más funestas de esta confrontación bélica podría reflejarse en las cadenas mundiales de suministros, que a su vez provocaría escasez y encarecimiento de alimentos de consumo masivo.
Y aunque las autoridades monetarias mantienen su optimismo en torno a las proyecciones de estabilidad macroeconómica, es innegable que en los próximos meses podríamos tener un ambiente mucho menos alentador que el que presagian nuestras autoridades.
La política de endeudamiento está desbordada. De préstamos estamos hasta la ‘coronilla’, para utilizar una expresión del refranero popular. Y por muy eficaz que sea la estrategia para mejorar la calidad del gasto público, los ahorros resultantes de esos esfuerzos no serán suficientes para materializar las obras y proyectos anunciados por el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero.
El horno no está para galletitas, y pretender ocultar la realidad que nos ocupa le hará más daño que bien a un jefe de Estado que, en honor a la verdad, no la ha tenido fácil desde el primer día de su juramentación.
Entonces, ¿para qué distraer la atención en una reforma constitucional cuyo motivo para invocarla realmente no la justifican? ¿Vale la pena alimentar la presunción de que la intención oculta es modificar la exigencia del 50+1 como requisito indispensable para ganar las elecciones en primera vuelta?
El principal relato del presidente Luis Abinader para promover una nueva reforma constitucional es instaurar una justicia independiente, con un Ministerio Público que no dependa directamente del Poder Ejecutivo.
Eso está bien. Pero son las propias autoridades quienes afirman que los casos de investigación criminal y lucha contra la impunidad y la corrupción son ahora más eficientes que antes, precisamente porque el país cuenta con una Ministerio Público independiente.
La pregunta obligada es: Si tenemos una Procuraduría General de la República eficiente, con resultados altamente valorados por la población y con poder de tomar decisiones no sujetas a los dictámenes del Ejecutivo, ¿por qué reformar la Constitución con el pretexto de independizar más aún el Ministerio Público?
Insisto, mejor ocupémonos de lo que verdaderamente interesa a la ciudadanía, que es el futuro inmediato de sus vidas, su bienestar. Por: Soraya Castillo [Listín Diario]
