Por supuesto que es de aplaudir que en el gobierno haya interés en cuando a que en las redes sociales, sus publicaciones vayan a tono con un requerimiento legal especifico que obligue a la decencia y el buen gusto en el decir, pero conociendo la mentalidad totalitaria de la mayoría de los funcionarios públicos y en particular de aquellos quienes desde hace 64 años se dicen “izquierdistas” y actúan como negadores de la libre expresión cuando esta le es contraria, necesariamente que hay que tener cuidado en aplaudir de inmediato el enfoque, por lo menos, hasta que se note y entienda, de qué se trata la iniciativa del presidente de Indotel, quien por lo que se está viendo, tiene un ánimo decididamente “corrector de izquierda” y el que en toda su vida política nunca le ha abandonado.
Al hacer el reparo, para nada ponemos en tela de juicio lo dicho por el antiguo profesor de derecho y forjador de celebrados debates políticos y públicos de gran enseñanza para quienes eran sus objetivos y por eso, ni nos alarmamos por los datos estadísticos que dice que tiene a mano, respecto a que en este país las redes sociales. En realidad, debería de especificar en cuanto a medios de divulgación en las redes sociales y sin dejar de fijarse en los desagradables lupanares mediáticos, que en la actualidad, con sus desinformaciones y aliento de difamación e injurias, que es su base fuerte, han dañado irremediablemente el discurso y la información pública.
La certeza de la información es un lema interesante para la iniciativa de divulgación a favor de la corrección del mensaje que se emite. Sin embargo, la disidencia es el punto fuerte de toda libre información y la garantía de la opinión de cada uno como salvaguarda de la libre expresión.
En este sentido, que en el territorio nacional y de sus 11 millones de habitantes, 10.13 millones sean los usuarios fijos en, debería significar para Indotel que el ejercicio de la libertad de la palabra es pleno en toda la nación.
Ahora bien, que se quiera suponer, que todo tiene que ver con una especie de ataque directo a la libre información y porque exista un 62 por ciento de información falsa en las redes, asumimos que cuando se habla de falso, se pretende decir que lo que se divulga no es cierto o que en Internet, el 70 por ciento de los usuarios repiten “información falsa”
Y es que por simple sentido común nos parece una temeridad, pues a razonamiento a contrario, lo que se nos está diciendo, es que el ente de las telecomunicaciones no dispone de la estructura legal necesaria y tanto para detectar a quienes practiquen tal distorsión en las redes sociales como que al mismo tiempo, el Estado se muestras incapaz de aplicar los correctivos legales que existen en leyes vigentes.
También hay algo más inquietante, cuando se dice, que todos esos mensajes «falsos» pueden afectar a niños de ambos sexos que tengan acceso a internet y en esto, lo que Indotel debería de hacer, es enviar reiterados mensajes a los padres de familia, a que vigilen el uso que sus hijos menores de edad dan a las redes sociales o si se quiere algo contundente: Abogar por la oposición expresa a que todo menor de edad hasta los 13 años no tenga uso de las redes sociales y mucho menos que puedan tener en las aulas sus teléfonos móviles.
El ejecutivo principal de Indotel da a entender, de que tiene la certeza en cuanto a que las redes sociales se encuentran dominadas por “una narrativa perniciosa que no guarda relación con las estadísticas”, que suponemos, se refiere a las que denomina su despacho.
El funcionario y al decirlo, deja la duda, de si lo que su oficina en realidad quiere, es imponer un tipo de censura para las redes y que ahora que en la procuraduría general de la República han hablado de un “nuevo crimen” y cuya cabeza denomina “difamación digital”, que entonces haya que entender que el mensaje de la campaña de freno de Indotel contra el libre acceso de la información para mayores de 14 años, sea un asunto que obliga una atención detallada y dada las implicaciones autoritarias que la iniciativa podría encerrar.
Asimismo nos llama la atención que en lo relativo a la creación del nuevo Ministerio de Justicia, que después de que su ley fuera promulgada ahora se está en el lapso de un año para adecuar todo el ordenamiento jurídico administrativo que le corresponderá, se especifique, que entre sus funciones está la “del registro y la certificación de documentos oficiales y notariales”, llamando la atención de si nuestros “augustos legisladores”, donde uno que otro es notario público, han tenido la intención de que el Poder Ejecutivo, eventualmente elimine el notariado público tal como se encuentra establecido y en su lugar, haga una depuración exhaustiva de los cerca de 8 mil miembros del Colegio de Notarios, todos designados por vida y para que de esa manera el gobierno y su PRM tengan el monopolio del Notariado.
Naturalmente, nos resistimos a creer semejante probabilidad, pero como el partido oficial y sus aliados son expertos en cambiar democracia por autoritarismo, formulamos la atención de lugar, toda vez que es insólito, que el nuevo Ministerio de Justicia vaya a desplazar a esos auxiliares de la Justicia y con el prisma de la represión política y para crear un colegio de notarios públicos solo del PRM. Solo recordemos lo de la ley vigente 1-24 y que nos obligó a escribir un análisis político de Estado y con la pregunta: ¿La dictadura Legal?, el 06.10.2024.
Por todo lo anterior, recalcamos y advertimos, que eliminar contenidos por motivos políticos, es el posible trasfondo de Indotel con su propuesta de hacerle contrapeso a la “ola de mentiras y noticias falsas en las redes sociales”, y que lo otro, de un nuevo ministerio de Justicia para hacer de supra notario público, son temeridades, que solo se les ocurre a quienes como gobierno, tienen una mentalidad de coerción y tiranía. Con Dios. (DAG) 29.09.2025
última actualización: 09:07 am.
