Durante La Semanal del pasado 18 de agosto, el presidente Luis Abinader aseguró a los medios de comunicación que el Gobierno se encuentra trabajando en la conformación de lo que será el nuevo Ministerio de Justicia.
El mandatario señaló que la conformación se realizará de “manera gradual” entre la actualidad y el mes de enero del 2026 debido a que hay que comenzar el traspaso de las competencias que antes le pertenecían a la Procuraduría General de la República y que ahora pasarán a la nueva institución.
En esas declaraciones, el gobernante incluso aseguró que ya se tiene ubicada la edificación donde ese ministerio tendrá sus oficinas principales; sin embargo a poco más de un mes de esa comparecencia del encargado del Poder Ejecutivo, aún resta una disposición para que esa nueva institución comience su proceso de estructuración de manera oficial.
A pesar de que la pieza fue promulgada a mediados del mes de agosto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó a este medio que aunque la ley que crea al Ministerio de Justicia había sido promulgada por el presidente, el contenido de la misma no entrará en vigencia hasta tanto no sea designada la persona que será el titular de esa nueva entidad.
El artículo 66 de la ya promulgada ley señala que el Ministerio de Justicia tendrá un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento a partir de la designación de su titular, lo que aún no se ha producido desde el Gobierno.
La ley establece que ese funcionario deberá desarrollar una “estrecha coordinación” con cada una de las instituciones de las cuales asume algún tipo de función; como son el Ministerios Público, Industria, Comercio y Mipymes, el de Relaciones Exteriores, al igual que cualquier otra entidad de los poderes judiciales y ejecutivo del Estado.
¿Qué hará el Ministerio de Justicia?
El Ministerio de Justicia tendrá el objetivo de asumir las funciones administrativas del sistema judicial, descargando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de diversas asignaciones; de manera específica, asumiría, entre otras responsabilidades, la gestión del esquema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación. Así como también el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales. (LD-jf / OJO-jj)
