Menos mal que el presidente Luis Abinader e individuos de su partido PRM se han abocado y que es lo que se dice, a procurar la regularización y específicamente dentro de las llamadas áreas protegidas, todas esas afectadas por decretos de “utilidad pública” y dictados con el mismo espíritu delincuencial, de que, al no pagarlas a sus propietarios originarios, contribuyó a institucionalizar desde el Estado, el robo y saqueo de la propiedad privada.
Por eso llama la atención, que ahora, este gobierno quiera regularizar tierras privadas robadas por otros gobiernos, en Los Haitises, donde desde el primer gobierno de Balaguer en el 1966-1970 se inició la depredación a gran escala y en razón, de que el lado delincuencial de aquel presidente desarrollista, entendía, que “las deudas viejas no se pagan” y por ello, más de 20 mil familias en todo el territorio han sufrido el expolio abusivo de gobiernos y fundamentados todos estos, en el robo y saqueo de las propiedades privadas.
En razón de semejan ilícito continuo y hay que repetirlo, más de 20 mil familias en todo el país y de propietarios, pasaron a ser considerados como “ocupantes ilícitos de propiedades del Estado” y lo grave, sin nunca habérselos comunicado y paralelamente, creando Balaguer, la simiente de la corrupción desde el poder y en base a un deleznable tráfico de influencias, mediante el cual, desalmados funcionarios públicos, aprovechaban el creado estado de necesidad de los miles de propietarios afectados y para comercializar con el precio justo de cada propiedad a resarcir.
En base a semejante ilícito continuo, cerca de 5 mil “honestos y honorables” abogados han robado títulos de propiedad conocidos como cartas constancia y en asociación con burócratas en Hacienda, antes Finanzas y en la presidencia de la Nación, se han labrado fortunas ilícitas en base a robarse dineros a pagar con menos de un 60 por ciento del valor de cada propiedad o menor al precio indexado del dinero en el momento de la ilícita transacción.
Con la llegada del PRM al poder y en asociación con delincuentes del empresariado y de la banca, desde hace cinco años y tanto funcionarios de la Consultoría Jurídica del Palacio Nacional como altos cargos en Hacienda y con el conocimiento tácito de los presidentes de la República, se recuerda que el anterior al actual y vía un hermano, montó una especie de negocio con el que se reconocía el pago de una propiedad y en base a menos del 40 por ciento de su valor y no obstante que los perjudicados ponían el grito en el cielo, estos gobiernos y nos referimos a los de Hipólito, Leonel, Danilo y ahora Abinader, han sido incapaces de conducirse legalmente y por eso esta singular asociación de malhechores, de funcionarios, abogados, peritos agrónomos y policías y fiscales han podido lograr sus objetivos de enriquecimiento ilícito.
Cierto que en los gobiernos de Danilo fue donde el sistema delictivo se especializó y que llegaba desde la dirección del cuerpo de ayudantes militares presidencial, pasando por altos cargos de Hacienda y con la aprobación de la Consultoría jurídica del Palacio Nacional, donde en la actualidad, los propietarios perjudicados, que saben que allí hay un archivo “que solo puede abrirlo si el presidente de la República lo ordena”, le es negado tener una copia del folio al que su propiedad está consignada.
El despojo es tal, que si el perjudicado reclama por escrito que se le otorgue una copia de su expediente, este se le niega de plano y si el empleado actuante la concede, que no comete ningún ilícito, es cancelado automáticamente.
Pero hay algo peor y significativo, que la mafia de abogados que en el gobierno anterior controlaba un cercano a Danilo, los abogados que le hacían tramites de solicitantes de venta obligada, ahora han sido colocados en este gobierno y como uno que paso directo a la consultoría jurídica del ministerio de Interior y Policía y donde en la actualidad se encuentra, casi a ocultas y sin llamar la atención y cuya especialidad en secuestrar expedientes de sus clientes…y que es el caso de uno que nació en el mismo pueblo del consultor jurídico presidencial y muy allegado a ese funcionario.
A nosotros nos consta, que el mismo Abinader se interesó cuatro años atrás en un caso, que le fue llevado por un abogado y un periodista radial y a cambio de que si se lograba que el expediente fuera pagado, los intermediarios se quedarían con el 60 % del valor total a pagar y de lo que por supuesto el presidente no tiene idea y nos referimos en este caso, porque el mismo sigue ahí en los archivos de la consultoría y hay del empleado que lo mueva.
Abinader dijo hace poco, que en su gobierno él no aceptaba la corrupción y que prometía que no habría impunidad y en base a tal declaración, un perjudicado solicitó la entrega de una simple copia de su expediente y negándosela de plano y sorpresivamente, el abogado, que tiene tres años que no le contacta, apareció y para advertirle con un desafiante: “a nosotros no nos engaña nadie”, al recibir esta amenaza, el propietario despojado, ni siquiera se le ocurrió llamar al despacho del consultor Peralta Romano y al darse cuenta de que el entramado criminal tenía una dimensión tan amplia como abusiva y porque además, el abogado le advirtió “usted está clasificado como enemigo del gobierno y lo que significa, que aunque Abinader le vea en algún lugar, tampoco podrá contactarle”…. Y el abogado, que se dirigía a un octogenario líder de opinión que el gobierno ha reducido a la iliquidez extrema, se solazaba de su bellaquería.
Por eso, al conocer de la ocurrencia, nos preguntamos y ¿esa es la muestra de no impunidad de que hablaba el presidente?
Justo por ello es por lo que decimos: Dos de los mayores crímenes cometidos por el Estado contra la nación, han sido la falta de actualización parcelaria y el robo de propiedades privadas con el pretexto de declararlas de “utilidad pública” y en lo que ha participado de cómplice, la partidocracia. Con Dios. (DAG) 03.10.2025
última actualización: 09:22 am.
