Ya en otras ocasiones, el presidente Abinader había logrado imponer su subjetiva interpretación del articulo 181 y en base a “interpretar” para su comodidad, que todo juez de la Suprema Corte de Justicia podía ser removido y pasando por alto que ese tipo de magistrado su permanencia en la posición es absoluta.
Pero ahora y con la nueva plenaria del Consejo Nacional de la Magistratura en donde Abinader tiene mayoría acompañado de los presidentes de las cámaras legislativas y del Tribunal Constitucional, se presenta la delicada situación, que diferente a ocasiones anteriores para la permanencia del ciclo institucional democrático, se ha convertido en un grave peligro institucional lo que el presidente de la República pretende y con su torcido interés de apropiarse del Poder Judicial de a pleno y por lo visto, sin importarle lo que a razonamiento a contrario puedan decir voces disidentes y hasta de alta autoridad profesional legal, que ven como un serio peligro institucional, la desorbitada pretensión presidencial.
Si Abinader se permitiera ver dentro del contexto real de los acontecimientos que se viven y como son esos de un gobierno con características administrativas de gran incompetencia y cierto sesgo autoritario difícil de ocultar, al tiempo que es pública la gran preocupación nacional por los penosos indicadores económicos que la mala administración está llevando a la República, el presidente debería de ser el primero en sosegarse y frenar sus ímpetus y entender, que en lo que a la Suprema Corte de Justicia se refiere, muy pocos dentro de una mayoría calificada en el seno de las fuerzas vivas de la nación pudieran apoyarle.
Solo hay que releer el artículo 181: “Evaluación de desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.
Su lectura, automáticamente nos lleva a entender y de acuerdo al texto legal, que el Poder Ejecutivo NO tiene calidad legal o legitima alguna para remover a ningún juez del más alto tribunal de nuestro sistema jurídico y que si dicha pretensión se analiza en frío, necesariamente que nos lleva, a que el Poder Ejecutivo pretende darle un golpe de estado contra el estado derecho y con lo que automáticamente se coloca en el borde de ejecutar un accionar inconstitucional que podría depararle serías consecuencias para su misma continuidad dentro del lapso para el que fuera elegido el año pasado.
Por eso y ante la avalancha de voces profesionales doctas y renombrados especialistas de las ciencias jurídicas que se oponen jurídicamente hablando, el presidente de la República también debería de entender, que existe un fuerte segmento de las fuerzas vivas nacionales que no le van a tolerar la acción de inconstitucionalidad que pretende y que de suceder, ante no pocos ciudadanos, perdería razón moral para continuar en el ejercicio de su cargo.
Desde luego, Abinader actúa de modo tan irreflexivo y hasta poco político, al creerse que realmente él tiene el control del Poder Legislativo y al tener a los dos presidentes de ambas cámaras actuando como sus muchachos de mandados, pero resulta, que de continuar en su exceso “interpretativo”, no podría dudarse que una fuerte mayoría de senadores y diputados e incluidos de su partido y públicamente, serían capaces de mostrar su oposición.
Abinader olvida y dicho por él mismo en la instalación del presente cuatrienio, respecto a que él prometía que no se repostularía para las elecciones del 2028 y si esto es así, el mismo presidente dejó en libertad de elección a los legisladores de su partido para que se inclinen por tomar la decisión institucional correcta y lo que abarca, si se presentara la probabilidad, de que el mismo Abinader llegue el momento que se le entienda, que está conspirando contra el estado de derecho.
Todavía más, muchos entendemos, que con su intento de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia para tratar de consolidar lo que él entiende su control absoluto del Estado, se estaría colocando fuera de derecho y por lo tanto, dando la posibilidad, de que la nación y como un todo, le exija que se reconduzca democráticamente, so pena de que la ciudadanía le vea como un usurpador al que un fuerte movimiento de opinión contestataria de todos los dominicanos y civiles como castrenses, le haga salir del cargo.
La probabilidad que esbozamos hay que manifestarla y por el simple hecho, de que la constitucionalidad democrática debe ser preservada al precio político y social que cueste, aparte, de sería la primera vez que un presidente constitucional se le vea yéndose contra la misma Constitución del Estado y al hacerlo, ante los ojos de los ciudadanos y esto hay que reiterarlo, sí que quedaría descalificado para continuar en el cargo.
Obsérvese, que hasta ahora, una fuerte mayoría nacional y aun sabiendo las consecuencias de los errores institucionales en los que Abinader incurre le están costando a la República, nadie había hablado de obligarle a renuncie al cargo, pero lo que quiere ahora, es mucho más de lo que pudiera concedérsele, pues atenta contra la misma institucionalidad del Estado.
Nosotros y con el cuido de que no se nos pueda entender al margen de la realidad constitucional, solo reiteramos nuestra posición institucional de ciudadano respetuoso del Estado de Derecho y en cuanto a que si el artículo constitucional 181 confirma el carácter absoluto de la permanencia del juez de la Suprema y que lo determina en base a la no existencia de ningún término para el cese de sus funciones. ¿Cómo es posible que Abinader pretenda imponer su interpretación sin caer en el riesgo de violentar la Carta Magna?
En este sentido, lo menos que debe esperarse, es que sea el pleno o el mismo magistrado presidente, Molina Peña, quien se pronuncie y en su calidad de técnico seco y para dilucidar de una vez y por todas, lo perentorio, de que el Poder Ejecutivo no tiene calidad legal alguna para intentar ir en contra de la Constitución y por vía de consecuencia, contra el estado de derecho.
El presidente pues, tiene en su persona la decisión a seguir y respecto al destino de la República y si es que en definitiva se inclina por insurreccionarse contra la Carta Magna y que de suceder el traspiés ilícito él y solo él, será el responsable de las consecuencias imprevisibles de su temeridad. Con Dios. (DAG) 08.10.2025
última actualización: 09:50 am.
