El monto exento del ISR permanece congelado hace ocho años en la República Dominicana
El debate sobre la indexación salarial se ha intensificado en los últimos días, con economistas que advierten tanto sus beneficios sociales como los riesgos fiscales que implicaría su aplicación inmediata.
Las posiciones, aunque diversas, coinciden en un punto: el monto exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) no refleja la inflación acumulada desde 2017, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores formales. En medio de las discusiones legislativas y técnicas, el tema enfrenta el desafío de conciliar la equidad tributaria con la estabilidad de las finanzas públicas.
El tema es abordado por Antonio Ciriaco, Jesús Geraldo Martínez, Edgar Morales, Miguel Collado Di Franco y Nelson Suárez. Antonio Ciriaco, el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), advirtió que el Estado dejaría de percibir unos 29 mil millones de pesos si se acoge la propuesta del senador Omar Fernández, que busca aplicar la indexación salarial a los trabajadores que ganan menos de 52 mil pesos mensuales.
Ciriaco recordó que la indexación está contemplada en el Código Tributario desde 2017, pero no se ha aplicado desde entonces, lo que ha afectado a los trabajadores formales. “Actualmente, el monto exento del Impuesto sobre la Renta es de 34,685 pesos. Si se ajustara por la inflación acumulada desde 2017, ese monto ascendería a unos 52 mil pesos. Esa diferencia de 17 mil pesos perjudica directamente a los trabajadores”, explicó el académico.
El economista consideró que, aunque el impacto recaudatorio sería significativo, la aplicación de la ley debe hacerse de forma gradual para evitar una caída abrupta en los ingresos fiscales. “Hay que llegar a un consenso donde se establezca un compromiso para incorporar de manera progresiva a los beneficiarios de la indexación y, posteriormente, cumplir la ley en su totalidad”, apuntó.
Mientras, Jesús Geraldo Martínez, economista y consultor financiero, habló del tema con la periodista Massiel de Jesús, del periódico elDinero. Le dijo que alrededor de 764,592 dominicanos enfrentan las consecuencias de la falta de indexación del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esta medida, estipulada en el artículo 327 del Código Tributario, no se aplica desde diciembre de 2016, a pesar de ser una disposición legal.
Martínez, en la conversación, estimó que la implementación de la indexación salarial representaría un “sacrificio fiscal” de RD$16,782 millones para el Gobierno dominicano solo en 2026, lo que hace improbable que se considere en la Ley de Presupuesto Nacional del año 2025. “Este es un dinero que el Gobierno está sacando de los bolsillos de la gente al no cumplir con lo establecido en el artículo 327 del Código Tributario”, expresó, de acuerdo con la publicación fechada el 7 de noviembre de 2025.
Los cálculos que realiza el economista indican que, de haberse implementado la indexación por inflación desde entonces, el sueldo mensual exento de impuestos habría alcanzado RD$51,486.41, lo que se traduce en una base de renta no gravable de RD$617,836.92.
A propósito de la propuesta de liberar de impuestos a los salarios inferiores a los 52 mil pesos, el economista Edgar Morales planteó una salida gradual. En entrevista en Despierta con CDN, sugirió hacer ajustes parciales en los tramos del impuesto, tomando en cuenta los últimos años o un porcentaje de la inflación acumulada. Según Morales, esta vía permitiría aliviar la carga tributaria de los trabajadores sin comprometer de forma abrupta las finanzas públicas. Además, recomendó evaluar si la indexación debiera seguir siendo obligatoria por ley o si convendría establecer un mecanismo flexible vinculado al aumento del salario mínimo nacional.
Recordó que hasta el año 2013 la indexación se aplicaba de manera sistemática, pero se interrumpió tras la reforma tributaria de 2012, que cambió el tratamiento del impuesto a las personas físicas. Desde entonces, dijo, la actualización quedó sujeta a la disponibilidad presupuestaria, lo que generó un desfase estructural en el sistema impositivo.
Morales precisó que desde 2017, el monto exento del ISR personal permanece congelado en 34,600 pesos, pese a que el artículo 296 del Código Tributario dispone que debe ajustarse anualmente conforme a la inflación. Esa falta de actualización afecta directamente a más de 300,000 empleados formales, aunque, si se ajustara el tramo exento, los beneficiarios podrían superar los 720,000 asalariados.
“Continuar aplazando el debate solo agravará la situación. De aquellos polvos, estos lodos”, expresó el economista, advirtiendo que la no indexación ha erosionado el ingreso real y profundizado la inequidad fiscal. A su juicio, la clave está en combinar responsabilidad fiscal con justicia tributaria dentro de un pacto político y técnico que garantice equilibrio macroeconómico.
En tanto, el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), ha explicado que si los salarios vigentes se indexaran utilizando el multiplicador de ajuste por inflación correspondiente a cada período en que no se ha aplicado, los empleados dentro de la escala sujeta a la retención del ISR serían únicamente aquellos que ganen más de 50,098.33 pesos al mes.
Collado ha recordado que, con el marco actual, las personas con ingresos superiores a 34,685 pesos son gravadas con una tasa de 15%, aunque desde la aprobación de la Ley General de Presupuesto del Estado de 2018 quedó sin efecto el ajuste por inflación de la escala salarial aplicable a los ingresos de las personas físicas. “Esta disposición ha estado presente en las leyes de presupuesto subsecuentes; por lo tanto, desde entonces las rentas anuales que superan los 416,220.01 pesos son gravadas con una tasa de 15%, 20% o 25%.
Sobre tasa cambiaria y la valoración de activos
El economista Nelson Suárez ha dicho que la aplicación del ajuste por inflación de los salarios permitiría que los trabajadores dispongan de mayores recursos para gastar en bienes y servicios, dinamizando el consumo y estimulando la economía. Según dijo, esta medida no afectaría los recursos del Estado, sino que podría aumentar la recaudación a través de una mayor actividad económica.
Advirtió que, mientras se aplican ajustes por inflación, tasa cambiaria y valoración de activos en el ISR de las empresas y corporaciones, los asalariados continúan sin ese beneficio, lo que amplía la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso. (EC-OJO-jj)
