Por indagaciones que han sido hechas desde el 2021, un ciudadano y a nombre de una familia a la que el Estado despojó de su propiedad vía expropiación y a la que no se le ha hecho el justo pago que manda la ley y conociéndose que el caso le fue tratado al mismo presidente de la República por medio de un director de una popular radioemisora (José Luis Mendoza) por ninguna circunstancia ese ciudadano reclamante no ha podido obtener copia de ese expediente y el que, como debe suponerse, para ese reclamante y su familia (junto a su esposa son envejecientes) significa y de lograr el pago, salir de la iliquidez más extrema.
No se trata de buscar un debate agrio e innecesario, pues si hay buena voluntad, no habría razón alguna para impedir la información que se requiere y cuando se trata de una familia, que por medio de su cabeza, solicita que del expediente le sea autorizado entregarle una copia, primero, para tener conocimiento directo y después, para que se le pudiera pagar a cuenta del presupuesto gubernamental para el año 2026 y por eso de su empeño en lograr una respuesta positiva del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta Romero.
Hasta donde el reclamante ha tenido información, su caso está entre la consultoría y Hacienda o en otra oficina palaciega a cargo de este tipo de asuntos, cuando el Poder Ejecutivo a estado en su trámite inicial de por medio.
Lo extraño, es que después que el director de radioemisora sirviera de amable componedor, no solo que van casi cinco años de espera, sino que hasta el abogado a cargo (Pedro Elías Montás) no se ha vuelto a dejar de ver de su cliente, mientras en el mismo lapso, logró un cargo auxiliar en la sección jurídica del ministerio de Interior y Policía.
¿Por qué se ha dado esta circunstancia aparte de la evidente falta de educación de Mendoza y Montás?, porque el reclamante y la familia vive en el interior del país, donde se trasladó por asuntos de salud y lo que hasta ahora le ha impedido motorizar personalmente las diligencias de lugar.
Entonces y al conocer del caso, este medio ha querido ser una especie de facilitador de comunicación a las partes involucradas y a modo de vía correcta y para que de alguna forma, los involucrados en las diligencias que se hicieron ante el mismo presidente Abinader, tuvieran el interés de intervenir por nueva vez y para ver, si de esta manera, hasta el mismo Abinader pudiera interesarse en indagar sobre el discurrir de un expediente de pago que él mismo autorizó su materialización burocrática.
Por supuesto que este medio conoce del expediente, pero no de su número de registro y a lo que y por las razones que fueren no se le ha querido dar acceso a la familia reclamante, pero al conocer que el reclamante y su familia, durante los últimos cinco años no ha logrado ni una respuesta cortés y su circunstancia personal no es precisamente halagüeña, que se haya interesado en divulgar el asunto y dentro de un secreto primario informativo y como gesto de buena voluntad y no de presión de ninguna naturaleza.
De ahí que ni se nos ocurre culpar a nadie en particular y sí solo, apelar a la buena voluntad de quienes desde el Palacio Nacional o en concreto desde su consultoría jurídica, están en capacidad de dar respuesta. Además, no se trata y en nuestro caso, de algún tipo de tráfico de influencias y sí solo de interés por solidaridad humanitaria y para auxiliar a un reclamante envejeciente y su familia, que por causa de este silencio de cinco años, su situación económica ha llegado a unos niveles extremadamente desastrosos.
Hasta donde sabemos. Tanto el doctor Romero Peralta como el mismo presidente Abinader conocen indirectamente al reclamante y por lo que para el 2021 el director de emisora Mendoza así lo hizo saber y lo que quiere decir, que si ambos altos cargos y si tienen buena voluntad, perfectamente que podrían mediar sus buenos oficios. Solo lo único que se solicita, es copia del expediente, que por las razones que fueren, el abogado actuante ha sido remiso a entregar y de la copia que seguramente tiene en su poder.
Reiteramos, que tampoco vamos a juzgar las razones del silencio del abogado Pedro Elías Montás, sino que simplemente, entendemos que también ese profesional del derecho, quien siempre recibió un trato correcto del reclamante y de su familia, si se llegara a enterar de esta publicación, tuviera el gesto de corresponder al sentido de afable relación amistosa y que se supone todavía existe entre él y el reclamante y la familia de este.
También nos hemos interesado, porque este caso de reclamo de deuda por expropiación sin haberse hecho el justo pago, nos recuerda, que en este país hay miles de casos de parecido corte y desde hace más de sesenta años, con familias a las que temerariamente el Estado y vía el gobierno de turno, ha hundido económicamente, cuando por aquello de la continuidad del Estado, ningún gobierno debería ser reacio a cumplir con la ley de expropiación y negociar, sea por pago en efectivo o mediante las figuras del trueque o permuta y si el Estado en un caso dado lo entendiera pertinente.
Además, no es justo, incluso llora ante la presencia de Dios, que el Estado expropie un bien inmueble, se lo quite a su propietario y para luego dárselo a un burócrata que en el discurrir del tiempo lo administra como suyo y beneficiándose temerariamente. En el caso del reclamante, su propiedad de amplia vocación turística y con amplias reservas de agua de manantial, el burócrata que la administra en base a la figura de reserva natural le vende a un hotel cercano el agua potable suficiente y para que quien la recibe, disponga de una especie de acueducto privado y lo que nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo y encima, replicándose en muchas otras partes de la geografía nacional? Decididamente, parecería, que hasta Dios se olvidó de las tragedias que viven este tipo de familias abusadas por el Estado y los intereses imperantes.
Al tener esta situación tan presente, solicitamos a los funcionarios e intervinientes voluntarios de buena fe, los señores Mendoza y Montás, a que en el caso que planteamos, no aguarden a que el reclamante desaparezca físicamente y sí que se interesen en resolver la entrega de la copia del expediente solicitado.
Esperanzados en una respuesta positiva, solo preguntamos: ¿Cómo es posible que desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, un ciudadano que tenga allí un expediente, a este ni siquiera se le reconoce el derecho a recibir una copia? Con Dios. (DAG) 04.12.2025
última actualización: 10:16 am.
