El entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) y que según los fiscales, le reportó al exdirector, Santiago Hazim, beneficios por más alrededor de RD$3 mil millones, producto de sobornos, chantaje y facturaciones falsas, habría sido gestado antes de ser designado como director ejecutivo de la institución.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los diez imputados en la Operación Cobra, antes de asumir formalmente sus funciones en el Senasa, Hazim “ya había articulado conexiones y compromisos económicos” preparados para explotarse desde el cargo que sabía le sería conferido.
En esa tesitura, el hoy imputado adquirió en junio del 2020 el vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premiere 4DW, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giraldez, persona de confianza de Hazim y quien después “se convertiría en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero de los sobornos pagados al exfuncionario”.
ORTIZ GIRALDEZ Y ROBLES QUIÑONES
Al empresario Ortiz Quiñones, quien no figura entre los diez imputados de la Operación Cobra (es testigo a cargo del MP en el caso “Calamar”) y al exconsultor jurídico del Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, se les sindica como “operadores del esquema de intermediación para los sobornos”.
Según el expediente, Ortiz Giraldez habría utilizado la empresa OGSS Prestadora de Salud, SRL, “como plataforma para recibir, canalizar y disimular” el origen de los recursos entregados en soborno, simulando operaciones inexistentes entre la referida empresa y Nutrimed Marine Alvarado, para legitimar los movimientos financieros.
Indica que entre noviembre del 2020 y agosto de 2022, a las empresas de Ortiz Giraldez se les transfirieron RD$512,326,455.86 “simulando operaciones comerciales inexistentes”. Las transferencias eran el mecanismo para disfrazar el origen de los sobornos.
Resalta que cuando Ortiz Giraldez enfrentó dificultades judiciales (con el caso Calamar, en el que figura como testigo a cargo del MP), la estructura criminal del esquema del caso Senasa, donde fungía como portavoz y recaudador primario de Hazim, no se detuvo, sino, que por el contrario, “se reacomodó internamente y entra Robles Quiñones.
Tras los inconvenientes que se le presentaron al empresario, el imputado y exconsultor jurídico del Senasa asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30 %, continuando así el esquema de soborno “de manera fluida y sin alteraciones”, dice la solicitud de medida de coerción.
En su nuevo rol, según el expediente de medida de coerción, Robles Quiñones, entre enero de 2020 y agosto de 2022, “recibió más de RD$536 millones en efectivo”, que les fueron entregados por la imputada Cintya Acosta Sensión.
De su lado, Johnny Morales, quien gestionó con el exdirector del Senasa el contrato a la empresa Nutrimed Marine Alvarado, SRL, recibió como compensación RD$95 millones, equivalentes al 30 % del monto facturado por dicha empresa.
Indica que Robles Quiñones operaba como gerente jurídico del acuerdo ilícito entre Senasa y Nutrimed Marine Alvarado, asegurando que la permanencia del programa contratado entre ambas, dependiera estrictamente de la continuidad de los pagos ilegales.
La participación del consultor jurídico habría garantizado la continuidad del esquema “y evidencia una coordinación interna en la que los roles se ejecutaban de manera sucesiva y perfectamente articulados por el imputado Hazin, Ortíz Giraldez y él”, dice el Ministerio Público.
FRANCISCO IVÁN
Del imputado Francisco Iván Minaya Pérez se dice que en sus funciones como Gerente de Salud del Senasa, aseguraba su cooperación a la empresa Nutrimed, representada por Cinty Acosta Sensión, para garantizarle tratamientos privilegiados, decisiones favorables y la continuidad de los beneficios que la empresa obtenía al margen de las normas institucionales.
A cambio de esa cooperación, el exfuncionario habría recibido dádivas y beneficios económicos directos, entre los que se incluyen ”botellas de wisky de alto costo, alguno de RD$100,000, canastas con productos y artículos lujosos y bebidas de diferentes marcas”.
CINTY ACOSTA SENSION
De esta imputada se dice que habría utilizado las empresa Nutrimed Marine Alvarado, SRL/Nutrimed CAS, Nutrición y Medicina, SRL, “para canalizar y materializar los pagos de sobornos destinados al exdirector del Senasa”.
El expediente indica que esas empresas fueron claves en el esquema para asegurar la continuidad del programa “Adulto Mayor”, a través de pagos ilegales que se hicieron de manera continua entre los años 2022 y 2023.
HEIDI MARIELA PINEDA
Las imputaciones que se le hacen a Heidi están relacionadas también con el Programa Nutrisalud, gestionado a través de la empresa Flavorheart Food Parts, SRL, que ella representa. El programa tenia un alcance de 55,741 afiliados del régimen subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495, comprendido entre dos grupos de edades: uno de niños, 5 a 15 años de edad y otro de adultos, de 35 a 64 años, quienes recibirían un complemento nutricional llamado Seylanature y Seylanature Vitalidad, respectivamente.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, “los servicios contratados a la empresa de Heidi no estaban en el catálogo de proveedor de prestadores de servicios de salud (PSS), por lo cual eran ilegítimos.
.Agrega que Flavorheart Food Partes, SRL, obtuvo el registro de distribuidora otorgado por el Ministerio de Salud Pública, un mes antes de la suscripción del contrato con Senasa, el cual fue formalizado el 22 de julio de 2022.
Tampoco Nutrime, Marine Alvarado, contaba con los requerimientos exigidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). (HOY-lp / OJO-jj)
