El Banco de España asume una evolución de crecimiento potencial nominal acorde con unos ingresos públicos -excluidos los fondos europeos- que «continuarían ganando peso en porcentaje del PIB, debido principalmente a la no deflactación de las tarifas del IRPF y a las medidas de aumento de cotizaciones sociales», que no lograría entrar en superávit por culpa de los mayores gastos en pensiones, remuneración de asalariados, pagos por intereses e inversión pública -incluido el gasto en defensa-.
Según sus proyecciones, el supervisor advierte de que en 2025 y 2026 el crecimiento del gasto neto podría situarse por encima del contemplado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. No obstante, en términos acumulados desde 2023, tanto en 2025 como en 2026 dicho crecimiento podría estar todavía «dentro del margen de flexibilidad que permiten las nuevas reglas europeas». No obstante, a partir de 2027 el impacto de la concentración de la subida de sueldo de los empleados públicos en ese año, unido al resto de las partidas que impulsan al alza el gasto y al agotamiento del margen de desviación permitido por las nuevas reglas europeas, se traduciría en una «desviación de la senda comprometida».
El Banco de España también pone énfasis en que el reciente acuerdo salarial plurianual alcanzado entre el Gobierno y algunos sindicatos de los empleados públicos, que incorpora un incremento del 2,5% en 2025, del 1,5% en 2026 (con un 0,5% adicional condicionado a que la inflación en 2026 sea del 1,5% o superior), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028 supone «un mayor gasto»: de 0,05 pp del PIB en 2025, 0 pp en 2026 y 0,37 pp en 2027 frente al anterior ejercicio de proyecciones, que contemplaba un supuesto de aumento inercial del 2% en todos los años.
El regulador bancario constata que el PIB de la economía española avanzó un 0,6% en el tercer trimestre de 2025, por debajo del avance registrado en el segundo trimestre y «en el rango previsto en el ejercicio de proyecciones del Banco de España de septiembre», con un crecimiento acumulado del PIB del 10% desde finales de 2019. Esta leve desaceleración de la actividad reflejó la «aportación negativa» de la demanda exterior neta (–0,6 pp), resultado de la marcada caída de las exportaciones de bienes y a pesar del menor incremento de las importaciones con respecto al trimestre anterior. Por el contrario, la contribución de la demanda interna al crecimiento del PIB repuntó hasta los 1,2 puntos, impulsada, sobre todo, por la mayor fortaleza del consumo privado.
Respecto a la senda esperada de déficit de las Administraciones públicas, esta «variará poco» en los años 2025 y 2026 con respecto a las previsiones anteriores (2,5% y 2,1%, respectivamente), pero se revisa significativamente al alza a partir de 2027, cuando el déficit alcanzaría el 2,5% del PIB. En cuanto a las previsiones para la ratio de deuda sobre PIB se revisan a la baja, debido al mayor crecimiento del PIB nominal. Así, tras cerrar 2025 en torno al 100,6% -un punto porcentual menos que el año anterior-, se espera que esta ratio continúe disminuyendo, hasta llegar al 98,3% aproximadamente en 2027, aunque el términos nominales dicha deuda presenta cifras históricas, por encima de 1,7 billones de euros.
Respecto a los ingresos públicos, continuaron mostrando un fuerte dinamismo en los nueve primeros meses del año (+7% interanual), derivado del avance de la recaudación impositiva (+8%) y, especialmente, del incremento de la recaudación del IRPF (10,8%) y del IVA (9,8%). Este crecimiento está asociado tanto al dinamismo de la actividad como a diversas medidas relacionadas con la reversión completa de las rebajas transitorias de impuestos introducidas en respuesta a la crisis energética y con la recuperación de los límites a las deducciones en el impuesto sobre sociedades.
En el lado de los gastos, el supervisor advierte de un «crecimiento notable» hasta septiembre (+6%), si bien inferior al de los ingresos. El aumento es especialmente destacado en los gastos de capital (11,6%), tanto por la inversión pública como por las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital. El consumo público estaría mostrando avances más moderados (3,4%), aunque estas cifras aún no incluyen el incremento recientemente aprobado del 2,5% de los sueldos públicos para 2025. Las prestaciones sociales y los intereses pagados mantienen avances significativos, del 6,4% y el 6%, respectivamente.
Por su parte, el BdE modifica al alza la inflación de 2026, en cuatro décimas, del 1,7% al 2,1%, como resultado de «la nueva información registrada desde el ejercicio de proyecciones de septiembre y la nueva previsión de la inflación en el último trimestre de este año, por los nuevos los nuevos supuestos técnicos y por la incorporación al modelo de previsión de la evolución macroeconómica reciente». Prevé que la inflación media anual se situará en el 2,7% en 2025, 0,2 puntos menos que en 2024, bajaría al un 2,1% en el promedio del año 2026 y un 1,9% en 2027, cinco décimas menos.
La tasa de paro, por su parte, moderaría su ritmo de caída en el horizonte de proyección con respecto a lo observado en los últimos años, de modo que se reduciría 0,8 pp, 0,6 pp y 0,4 pp en 2025, 2026 y 2027, respectivamente, alcanzando en este último año un registro del 9,6%. Esta evolución obedece «tanto a la desaceleración prevista en la creación de empleo como al incremento de la población activa», impulsada por un aumento de la participación laboral de los trabajadores de mayor edad y por una notable fortaleza demográfica —derivada de la entrada de inmigrantes—, que, no obstante, se iría moderando en los próximos años
El supervisor visa de que estas proyecciones se encuentran «sujetas a una notable incertidumbre» Por: Javier de Antonio (La Razon)
