Una de las razones por la que el sistema democrático dominicano no se corresponde a lo absoluto a los parámetros de interdependencia de poderes, ejercicio y respeto a la libre expresión del pensamiento ciudadano y acatamiento universal de los dictámenes de la Constitución de la República, básicamente, se debe a que políticos, partidos y grupos de poder -públicos y privados- actúan de manera dictatorial y autoritaria en su afán promiscuo por capitalizar el poder político a como dé lugar.
Debido a esa ausencia de respeto institucional y mucho menos a la capacidad del ejercicio de la libre escogencia ciudadana, los gobiernos y en esto, todos y desde hace 70 años se han burlado de la libertad de escogencia de los electores y siempre por la vía del fraude electoral, que es el que les garantiza disponer de una mayoría parlamentaria fraudulenta que les permite establecerse con una presidencia de la República no democrática y en la que los presidentes son autócratas que imponen su interés personal y político para gobernar en base a una mayoría parlamentaria falsa.
Dada esta realidad, los partidos políticos están conformados por verdaderos grupos de impostores que se alquilan para cada periodo electoral y teniendo como fundamento las existencia de partidos de alquiler sin representación ciudadana nominal y con los que, los mayoritarios utilizan de muletas y para hacer creer que en el Poder Legislativo existiera una verdadera diversificando de opiniones, cuando en realidad, diputados y senadores y desde antes de asumir sus curules se encuentran comprometidos con el cabeza del Poder Ejecutivo, quien como presidente de turno, cuenta con el sello indeleble de la autocracia personal con rasgos de dictadura apenas mal disimulada e igual peso de influencia negativo en el Poder Municipal.
Entonces y por esa gran falla, esos dos poderes públicos básicamente: Legislativo y Ejecutivo, coluden en cuanta tratativa sea necesaria para impedir que el ejercicio soberano de una democracia cierta pueda establecerse correctamente y esto, por dos factores más: El ámbito de indecente corrupción política y el apoyo cómplice y de a tanto por palabra, de un sistema mediático absolutamente corruptor como corrompido, que afianza su poder fáctico en la medida que los gobiernos dejan que sus dueños se enriquezcan ilícitamente y a cambio, todos esos medios tradicionales se convierten en el contrapeso seudo legal que el poder político tiene para mantener bajo control absoluto a la atrapada opinión pública.
Y estamos especificando, que ningún partido a lo largo de estos últimos 70 años, sus dirigentes y miembros, nunca pueden decir que realmente se les entienda democráticos, cuando se trata de usufrutuar el poder fraudulento desde el Congreso Nacional y de la Presidencia de la República y con el apoyo amanuense del Poder Judicial, el que a su vez, ejerce la tutela judicial arbitraria desde el “ministerio público independiente” y única y exclusivamente, para favorecer a la delincuencia de cuello blanco enquistada desde todos los organismos de poder público y provenientes básicamente desde el empresariado y el mundo financiero.
En estos tiempos, desde el llamado Consejo Nacional de Competitividad, donde 27 empresarios y banqueros millonarios tienen control del presupuesto nacional y de lo que se decida en el ministerio de Hacienda, donde los contratos públicos de servicios y de obras, junto a las facilidades crediticias a interés cero, esos empresarios y banqueros se auto enriquecen y gracias a que un decreto presidencial que cada cuatro años es ratificado por cada gobierno que llega y sin que a nadie se le ocurra derogarlo y eliminar todos esos privilegios de grupos que solo benefician a la alta burguesía y compinches de clase media y también de pueblo y mal contados, en base a robarle a la nación, nada menos y mal contados, un billón 700 millones de pesos robados a los contribuyentes y también con terribles estafas millonarias como la de SENASA y pronto, en el BANCO AGRICOLA.
De ahí que a cualquier presidente y gobierno le sea tan fácil emitir decretos y leyes que atentan directamente contra los derechos de los ciudadanos y las libertades individuales, al tiempo que cada gobierno incentiva el aumento presupuestal para el aparato represivo del Estado en materia de militares, policías, agentes de seguridad y espías de todo tipo y todos con licencias para matar. Más el presupuesto especial anual entre 10 y 20 mil millones de pesos para comprar conciencias en la prensa de los medios tradicionales y también en las redes sociales.
Para no ir más lejos, solo entre los meses de noviembre y diciembre pasados, policías y fuerzas de seguridad asesinaron 179 ciudadanos y absolutamente nadie ha sido condenado. Al contrario, el ministerio público siempre ha buscado atenuantes para protegerlos y lo que ocurre, porque el Poder Ejecutivo es el control de todas las instituciones públicas y nada se hace sin contar con la anuencia o la aprobación en silencio de actos de represión o de favoritismo administrativo desde el poder.
Ayer por ejemplo, el Poder Legislativo y dizque “en primera lectura”, aprobó y vía la Cámara de Diputados, el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y lo increíble y caso único en el mundo, redactado y creado por los directores de los principales medios tradicionales, la Asociación de Diarios y el Colegio de Periodistas y cuyo propósito, es crear un mecanismo “más sofisticado” de represión política, pero con especialización en la imposición de una camisa de fuerza, que impida o bloquee la libertad de prensa y ni hablar de la libre expresión y difusión del pensamiento de cada ciudadano y cuyo objetivo real es crear las condiciones para que de aquí al 2028 y si es necesario, el gobierno imponga la dictadura y el fraude electoral por nueva vez y ahora para las elecciones pautadas en ese año y tal como hiciera en las del 2020 y las del 2024 y para satisfacer también el interés de los barones mediáticos, de que se impida el ejercicio de la libre expresión por ciudadanos y periodistas y comunicadores que el poder mediático no controla y con el nefasto propósito, de que no haya competencia mediática y mucho menos libre disidencia y con lo que «la democracia» que se vive continúe chueca.
¿Por qué la ciudadanía acepta que la lleven como ganado para el matadero?, por la manipulación constante del factor mediático, que le condiciona lo suficiente, para que la gente acepte y tanto por debilidad como por estado de necesidad, la corrupción que se origina en los subsidios sociales, anuncios gubernamentales para medios y periodistas, comunicadores y todas clases de voceadores y corrupción pura y simple desde todos los estamentos del poder y con base a contratos de servicios y contratos de obras.
Ya mismo, el gobierno del presidente Luis Abinader, PRM y Competitividad, está pasando uno de sus peores momentos de ausencia de popularidad y por eso la nueva ley que se discute y con la que fácilmente Abinader podría imponer y si las circunstancias lo requieren y que hay que recalcar, la dictadura pura y simple y contando con el respaldo “irrestricto” de los tres poderes del Estado, cuyo puntal, los medios de comunicación tradicionales, son sus cómplices más significativos.
Descubriéndose, la razón fundamental de tanto dolo y crimen desde el poder y al comprobarse, que como el partido que “gana” las elecciones lo hace logrando engañar a la población con un rosario de formaciones de alquiler que les sirven propagandísticamente para aparentar que la democracia como tal es de seria aplicación, el Poder Legislativo siempre podrá tener el rodillo a uso para imponer leyes y el Ejecutivo, decretos que funcionan como si fueran decretos-leyes de una dictadura.
La ciudadanía entonces es prisionera del aparato político y empresarial y esclava absoluta y por sus propios vicios e inconductas, que son incentivados al máximo en manos del gobierno de turno y por ello advertimos, que la parte de la ciudadanía cívicamente responsable tiene y debe rebelarse ante tanto abuso de poder y de ahí que llamemos la atención, respecto a que La dictadura partidocrática en base a una mayoría fraudulenta, no puede continuar permitiéndose en el Congreso. Por lo menos, la minoría debe tener un voto doble para enfrentar las camarillas de partidos que controla al Poder Ejecutivo y su partidocracia. Con Dios. (DAG) 08.01.2026
última actualización: 17:46 pm.
