En España hubo más de 24.000 desahucios el año pasado, 272.000 desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa y 191.000 desde que Podemos y Sumar entraron en el gabinete. Pero el problema de la vivienda no se mide únicamente por quien pierde una casa, sino también por quien nunca consigue entrar en una. Dos de cada tres jóvenes de entre 18 a 34 años siguen viviendo con sus padres y casi la mitad de los de 26 a 34 que lo hacen, dicen que no pueden permitirse comprar o alquilar y en algunos puntos del país ni siquiera pueden acceder a alquilar una habitación.
Esta semana, el desahucio de Maricarmen ha acaparado toda la atención de los medios de comunicación porque reúne las condiciones para convertirse en un símbolo político. Es una historia humana insoportable, se señala a un culpable y se proyecta una imagen capaz de sustituir durante unos minutos cualquier discusión sobre estadísticas. Sin embargo, una política de vivienda no puede descubrir el drama de los desahucios cuando una cámara de televisión encuentra uno especialmente conmovedor.
Con las elecciones acercándose, una parte de la izquierda empieza también a prepararse para una eventual alternancia y para el terreno político que quedaría después. Parten del escenario más probable, en el que la derecha gana las elecciones y Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente. Es ahí donde, una parte de la izquierda parece estar preparándose para conservar capacidad de movilización social si las pierde.
No se puede hablar de una estrategia organizada entre partidos, organizaciones sociales y sindicales, pero sí se empieza a percibir un lenguaje común de defensa de los derechos frente a eventuales retrocesos y la construcción anticipada de un lenguaje de movilización para el supuesto de una alternancia indica una lectura electoral en clave de cambio.
En ese contexto, el desahucio de Maricarmen es un buen interruptor social, representa una bandera con la que enganchar a los ciudadanos. Puede ser el primer ensayo del relato, consistente en transformar problemas reales y estructurales en símbolos capaces de llevar la oposición desde el Parlamento hasta la calle.
El problema real es que ha sido desahuciada después de ocho años de un gobierno de izquierda que, lejos de dar solución al problema de millones de españoles, ha construido una arquitectura competencial perfecta para que nadie asuma las responsabilidades. Si su caso demuestra el fracaso de una política de vivienda, ese fracaso tiene nombre en el Gobierno de coalición. Pero, el Gobierno tiene una capacidad extraordinaria para sacar provecho de las crisis que él mismo genera.
Con Maricarmen se agita una vieja demanda de la izquierda que, en su momento, hizo saltar al estrellato a personajes como Ada Colau en Barcelona. Es obvio que la izquierda tiene todo el derecho a movilizarse contra las políticas que considere injustas, pero lo que una socialdemocracia responsable no puede hacer es gobernar durante años sin resolver un problema estructural y descubrir, cuando se aproxima la alternancia, que ese mismo problema puede ser extraordinariamente útil para organizar la resistencia contra quien venga después.
Maricarmen merece que se resuelva el problema de la vivienda hoy, pero no que su nombre se convierta mañana en una pancarta contra Feijóo. Ante el riesgo de perder las próximas elecciones se está construyendo un escudo social con el que sembrar las calles de movilizaciones. Es tan sencillo como esperar a que al próximo Gobierno le toque gestionar los problemas que ha heredado de este y exigirle solución inmediata.
Gobernar debería consistir en resolver problemas y hacer oposición consiste en señalar los que el Gobierno no resuelve. Lo verdaderamente extraño sería que quienes hoy gobiernan empezaran a convertir sus propios problemas no resueltos en las banderas con las que mañana protestarán contra sus sucesores.
Hay algo profundamente paradójico en que, después de años de políticas públicas de vivienda, la solución más inmediata que apareció para una mujer vulnerable fuera la generosidad de una ciudadana anónima. La solidaridad privada merece reconocimiento, pero para un gobierno socialdemócrata debería, también, provocar vergüenza institucional. Atender a una Maricarmen y olvidar a las otras 272.000 no es justicia social, es propaganda con rostro humano. (La Razón-tomás gómez)
