Ayer la Procuraduría de Medio Ambiente se incautó de 90 bocinas. Como los establecimientos intervenidos hacían ese escándalo desde hace años (Plaza Universitaria, en la esquina avenida Sarasota con Churchill) habrá que preguntarse quién consiguió movilizar a los encargados de que bajen el volumen. Cuál fue la llamada que funcionó, quién dio con la extensión adecuada…
La medida de extender los horarios nocturnos de los bares, discotecas y restaurantes es correcta si logran que las normativas que regulan el volumen, que combaten la contaminación sonora se cumplan. Si no, va a ser otra fuente de conflictos entre ciudadanos porque las autoridades poco hacen por resolver las denuncias.
El ruido causa enfermedades. Físicas, mentales y psicológicas. Devalúa la inversión inmobiliaria del ciudadano, arrabaliza el sector. Tiene consecuencias de todo tipo y todas malas. Están bien documentadas y las autoridades tienen leyes que hacer cumplir.
No se puede alegar desconocimiento, pero sí dejadez de funciones. El ruido no discrimina. Está en todos los sectores de la ciudad; en todas las clases sociales hay agresores y agredidos a golpes de decibelios. Locales de lujosos eventos o bares en Piantini y la Zona Colonial, colmados en San Carlos o Alma Rosa, barrios enteros. A pie de carretera hay estridencias que dejan a cualquiera sordo y en la playa incómodos visitantes con bocinas propias de un centro cervecero.
Pero hay normas que protegen los derechos de unos sin cercenar los de los otros. Hay leyes, pero en este tema no hay autoridad. (El que logró bajar el volumen de los de la Plaza Universitaria debería compartir el secreto). Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
