Una de las decisiones más aplaudidas del presidente Luis Abinader fue la designación de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. Con ella resplandeció la esperanza de que se aclararían sonoros escándalos de corrupción. No es que su gestión haya sido una frustración, pero los avances todavía no se han visto en la magnitud deseada.
La lentitud en los procesos de investigación ha generado más pesimismo que optimismo en la batalla contra la corrupción. Si las notas estaban bajas, lo están todavía más con la inercia en el caso funcionarios y exfuncionarios dominicanos citados en sociedades offshore detectados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Los puntos luminosos de Germán Brito como jefa del Ministerio Público se quedan cortos frente a las omisiones. El sueño de justicia ha devenido en una pesadilla, a pesar de casos, algunos de los cuales rodeados de incógnitas, como Antipulpo, Coral, operación 13, Medusa y Falcón.
Si se parte desde el principio la primera incógnita la representa la suerte de la investigación del patrimonio declarado por funcionarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores. Tan el limbo está esa acción como los interrogatorios a varios exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina.
Y como gota que rebosa la copa está la indecisión para establecer responsabilidades sobre los 54.7 millones de dólares que pagó Odebrecht a través de seudónimos para Punta Catalina y otras siete obras que no fueron incluidas en el expediente instrumentado en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, hoy encarcelado por supuestos escándalos de corrupción.
En los casos Antipulpo y Coral, el Ministerio Público dijo que había más imputados, quienes a la fecha no han sido identificados. Tal vez cuando lleguen a aparecer se estará muy cerca de la campaña proselitista, por lo que el olor a persecución político no se lo quitará nadie. La realidad que se ha tejido sobre la lucha contra la corrupción no es precisamente la más auspiciosa. Menos con la aparente indiferencia con que las autoridades judiciales han reaccionado ante la difusión de los Papeles de Pandora.
La creación de las firmas en paraísos fiscales no es ningún delito y se ha visto que hasta tienen sus ventajas. Pero no es su naturaleza lo que está en juego.
Sobre las inversiones hay preguntas obvias. Una es establecer si las compañías se crearon antes o después de asumir el cargo. También debe aclararse la procedencia de los recursos. Los cabos sueltos bajan la nota en la batalla contra la nociva impunidad instalada en el país. Hay todavía más razones para no hacerse ilusiones de que los corruptos serán enjuiciados y recuperado el dinero defraudado al erario.
Por: Ramón Rodríguez – [email protected]
Fuente: El Caribe
