No se discute, que si un chofer, quien de madrugada viene de un largo trayecto y de pronto se encuentra con una aglomeración de personas borrachas o alegres obstaculizando un tramo carretero por el que transita y con el pretexto de que están de fiestas, comete un verdadero exceso criminal, cuando irritado y por más que lo advirtió y nadie hacia caso a su llamado de que lo dejen circular, fuera de sí, lanzó el vehículo contra la muchedumbre y provocando un rosario de muertos y heridos. Sin duda que ha cometido un hecho criminal.
Ahora bien y si nos vamos a analizar fríamente el porqué del hecho, nos encontraremos, conque si semejante situación tan sangrienta llegó a ocurrir, se debió a que las patrullas policiales a cargo y todos sus miembros también en fiesta, fueron y junto a la muchedumbre de borrachos y drogadictos, los grandes culpables de la tragedia que nunca debió de ocurrir.
Si lo anterior se entiende y en términos procesales, al chofer fuera de sí por locura momentánea (hay que estar loco para haber protagonizado situación tan escandalosa) lo único que razonablemente puede imponérsele, es una culpabilidad por homicidio involuntario y con tal sentencia, entonces el o los jueces a cargo, pasar a juzgar el alcance real de una sociedad totalmente anárquica, cuyos miembros no atienden razones ni sentido común y sí que viven actuando con un absurdo desafío contra la racionalidad, el orden y el respeto a la ley.
Sin duda y sí partimos esta realidad, es imposible no entender por qué este país se ha convertido en una selva en la que cada ciudadano entiende o cree que puede hacer lo que le venga en ganas, patear los derechos de los demás y abusar de los suyos propios.
Solo hay que ver la escena nacional para caer en cuenta de que la nación y comenzando desde su gobierno, prácticamente ha caído en la anarquía social más desconcertante. Recordemos la tragedia de San Cristóbal de hace un año y de más de 40 muertos por una explosión ocasionada por gases aglomerados en un almacén cerrado herméticamente de un barrio de aquella ciudad y de la que ninguna autoridad municipal y mucho menos las de Salud Pública, no hicieron nada para evitar una tragedia, que en cualquier momento estallaría si los inspectores de salud y de trabajo hubiesen sido diligentes y habrían inspeccionado previamente el lugar.
Ya antes y de años atrás, hubo aquello de un escenario parecido en un barrio capitaleño dentro del cordón industrial y ocasionado por la explosión en una empresa de fármacos, que volatizó el lugar y por lo que ahora y como en aquel ayer, las autoridades fueron negligentes, incapaces e incompetentes y absolutamente nadie fue castigado penalmente.
En los tres casos, el punto inicial fue la negligencia policial, así como la de las instituciones que debieron de estar a cargo y por eso ahora viene el circo mediático de golpes de pecho por un lado y de complicidad rastrera por el otro, por la nueva tragedia ocurrida en una carretera por las cercanías de la ciudad de Azua, en la zona suroeste de la geografía nacional.
¿Se podría suponer que la nueva tragedia avivara el mínimo sentimiento de corrección por parte del mismo gobierno central?, en lo absoluto y si se toma de referencia, que la nueva titular del ministerio de Interior y Policía, está más interesada en que militares y policías tengan derecho a tener relaciones homosexuales, que a preocuparse por resolver aquellos nudos burocráticos que impiden la funcionabilidad del orden público.
Entonces, ¿a quién es que hay que acudir?, cuando se observa, que por todo el país las patrullas militares y policiales y con poquísimas excepciones, actúan contra los ciudadanos como si todos estos fueran potenciales delincuentes y obstaculizándoles su libre tránsito y como el mejor pretexto para coaccionarles y chantajearles y vía un esquema de extorsión a gran escala que no tiene punto de comparación.
Sin embargo, cuando los militares deben y tienen que defender a los ciudadanos y como ocurrió recién en la parte norte de la frontera con Haití y en las cercanías de la ciudad de Dajabón y porque un agrimensor se equivocó de lugar y comenzó hacer su trabajo de medición en territorio haitiano, esto fue suficiente para que una patrulla militar del país transfronterizo lo apresara y olvidando, que la población de ambos países a uno y otro lado de la raya limítrofe, los estados y desde años, habían acordado que sus ciudadanos podían transitar libremente, la patrulla haitiana le apresó por unas horas, le humilló de paso y peor, que los militares dominicanos se acobardaron y no cumplieron con su deber de liberar al ciudadano dominicano y a la fuerza si hubiese sido necesaria.
¿Y qué ocurrió?, pues que el gobierno nacional ni siquiera se dio por enterado y la absurda ofensa no quedó siquiera con una nota de explicación de protesta entre la cancillería dominicana a su igual haitiana o un llamado al encargado de negocios haitiano para que se presentara en Relaciones Exteriores y ofreciera las explicaciones de lugar.
Para mayor escarnio, entonces hay que deducir, que los dominicanos no tenemos gobierno y ni para que intervenga en los asuntos cotidianos de un país cuya gente y autoridades necesitan auto disciplina y como es el caso recién en Azua o lo significativo, de la huida de responsabilidades de nuestros militares en el caso fronterizo que criticamos.
Caemos pues en lo patético, de que al contar será el llorar, pero con la diferencia, que gobierno y policía están haciendo malabares para quitarse esos muertos y heridos de encima y entonces al chofer que pague la java y a cargarle toda la responsabilidad. Da vergüenza semejante actitud tan pusilánime.
Solo nos contentaremos con decir, que, a causa de grave negligencia policial, ocurre un accidente agravado en una carretera bloqueada por borrachones y por el que mueren 06 personas y 41 quedaron heridas y el gobierno en silencio y eludiendo su responsabilidad Con Dios. (DAG) 02.09.2024
IMAGEN: multitud de borrachones bloquean carretera minutos antes de la tragedia
