Está bien que todo un amplio grupo de ciudadanos y por las vías pacificas y propias de un ejercicio democrático de opinión libre, emitan sus criterios y sin importar la dureza de sus planteamientos y cuando entienden que desde el gobierno no se les está cumpliendo en materia de la amplia difusión que sus planes de inversión y trabajo especifican respecto a obras públicas en realización o en proyectos.
Pero por la misma situación, tampoco es de actuar con serenidad y dentro de cierto marco de prudencia, el pretender imputarle y en este caso al presidente Luis Abinader, que las obras que dice han sido ejecutadas no se correspondan a la realidad de los hechos que el mandatario exprese e imputándole de forma hiriente y también poco decente, las faltas que, en este aspecto, evidentemente son autoría de sus subordinados.
En este sentido, la llamada Coalición de Organizaciones Populares y Sociales (COPS) que es un nuevo grupo contestario de pequeños burgueses, no solo que sus integrantes pierden la perspectiva, sino que tampoco caen en cuenta, de que al mismo presidente Abinader deberían darle el beneficio de la duda y no partir de ligero motorizando una huelga de reclamos, que cuando se viene a ver, hasta el mismo gobernante queda sorprendido y porque realmente la ciudadanía se queja con razón más que justificada.
Y si esto es así, tampoco es como para que el grupo contestatario entienda que debe limpiar el piso diciéndole de todo al gobernante e imputándole hechos o situaciones que no se corresponden a sus funciones y toda vez que un presidente de la República está para trazar políticas y supervisarlas vía terceros, de los que debe asumir una actitud positiva de colaboración en toda regla a sus decisiones de Estado.
Por lo tanto, los del COPS y antes de romper lanzas pretendiendo acosar a Abinader y tratar de dejarle en ridículo, primero debieron de haber indagado y por las vías que fueren, del porqué las obras que Abinader anunció que se harían, estas no han sido hechas y de esa manera tener un cuadro objetivo y descriptivo, de una realidad, que, por lo visto, tampoco se corresponde a las diatribas y soflamas que emitieron en plan decididamente subversivo y socavador de la institucionalidad.
De ahí, que ahora que sale a la luz, que el presidente no tiene responsabilidad directa en las fallas que el grupo contestatario a planteado, lo menos que los responsables del mencionado colectivo deberían de hacer, es procurar un acercamiento con la oficina presidencial, de suerte que el mismo primer mandatario fije un enlace directo y de comunicación inmediata y para que en lo sucesivo, este tipo de error o desencuentro comunicacional no volviera a repetirse.
También nos llama la atención y mucho más a nosotros, que advertimos, que detrás de la pasada huelga habían sectores representativos de la economía como del alto comercio, la observación y que analizada en razonamiento a contrario, obliga a que se entienda, que lo dicho por los huelguistas y apelando a datos de los que dicen son del Banco Central, que las inversiones públicas han caído un 76 por ciento en toda la región cibaeña y que “las inversiones solamente fueron de un seis por ciento y en la ciudad de Santiago, la baja fue del orden del 79.5 por ciento en los últimos meses” y que es demostrativo, de que grupos empresariales, no solo financiaron el fracasado movimiento huelgario, sino que realmente estaban detrás de pretender generar un efecto desestabilizador en la vida nacional, que por razones de seguridad nacional, nunca se les podría aceptar.
Descubierta entonces esa relación pecaminosa entre empresarios y comerciantes detrás del COPS, se evidencia la complicidad política directa entre unos y otros y lo que debería servirle de experiencia a Abinader y para entender, que en esta materia de aparente descontento “popular”, no todo se corresponde a la imagen que se quiere hacer proyectar, sino que hay un elemento perturbador de afectación real de la paz pública, que vistas las circunstancias y el daño infringido por el fracasado movimiento huelgario regional de menos de dos días, la economía se vio afectada en una pérdida de no menos a 200 millones de pesos y todo, porque los huelguistas no quisieron comunicarse directamente con el Palacio Nacional y para buscarle una solución sensata a sus demandas.
De esta manera, el nuevo grupo contestatario COPS, presenta perturbadoras credenciales de ser uno tanto mas intolerante que otros anteriores que fracasaron y porque al final se notó el ámbito de subversión que realmente dominaba a sus auspiciadores y que se supone, que si el nuevo grupo no está en tal temperamento, debería de superar.
Desde luego, también llama la atención, lo dicho por los responsables del grupo ácrata, de que “muchas de las obras pedidas son de solución inmediata y ni siquiera requieren de inversiones por parte del Estado, sino de voluntad política para solucionarlas” y que de esto ser cierto, debió de motivar una diligencia más exhaustiva de parte del mismo Abinader y ni hablar de su gobierno, cuyos responsables nunca debieron de haber permitido que la palabra presidencial fuera cuestionada y de la manera tan poco provechosa de como ahora ha ocurrido.
Obligada está entonces la autoridad presidencial, a actuar con más y mayor diligencia y comenzando por no dar por verdaderas todo cuanto sus funcionaros le digan y aun cuando sea al costo de crear una especie de policía política administrativa que le de seguimiento a las decisiones presidenciales y al momento que estas pasan a los funcionarios responsables de ejecutarlas.
Al mismo tiempo y dado que los del COPS hablan de que ellos, “siempre están abiertos al diálogo, pero que necesitan ver una actitud responsable del gobierno, que mientras dice estar en disposición de sentarse en la mesa, asume actitudes represivas contra dirigentes de las organizaciones populares”, que sería bueno que dejaran a un lado el traje de pelear y se enfrasquen como movimiento civil de afanes sociales reivindicativos y no como ahora mostraron, de ser un agente provocador subversivo con fines de generar una afectación del orden político y el social, de que frente a semejante actitud, nunca el poder del Estado podría ser dejado de lado y mucho menos si el gobierno de que se trate, entiende que se le quiere socavar su base de sustentación. Al fin y al cabo, ningún sector y nadie dentro de la atrapada opinión pública podría suponer que tiene una patente de corso para llevar el caos y la revuelta a una nación que solo quiere paz, orden, progreso y civilidad.
En resumidas cuentas, creemos, que a un presidente de la República no se le desmiente, a su gobierno sí y mucho más este, cuya mayoría de funcionarios rozan la prepotencia y también la incompetencia. (DAG)
