Sección 2.
Respeto por las libertades civiles
La constitución preveía la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno en general respetó este derecho. Los medios expresaron una amplia variedad de opiniones, pero el gobierno, los partidos políticos y las grandes empresas influyeron con frecuencia en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos publicitarios. La concentración de la propiedad de los medios, las debilidades del poder judicial y la influencia política también limitaron la independencia de los medios.
Libertad de expresión: hubo incidentes en los que autoridades o facciones políticas intimidaron a miembros de la prensa o creadores de contenido en línea por contenido mediático crítico con el Estado o sobre ciertos temas sociales.
En septiembre, los medios informaron que la Policía Nacional arrestó a Jude Charles, un migrante haitiano, en Las Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, luego de que criticara al presidente Abinader en las redes sociales por el trato que el gobierno daba a los migrantes haitianos. Charles fue entregado a las autoridades de inmigración tras su arresto.
Censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea : Los observadores indicaron que el gobierno ejerció influencia sobre la prensa, incluso a través de contratos publicitarios. Además, los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podía afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los líderes gubernamentales o los propietarios de los medios.
El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas celebraron una conferencia de prensa en Santo Domingo para protestar contra la censura y la interferencia de los medios. El grupo condenó los informes sobre amenazas violentas recibidas por periodistas y la falta de respuesta del gobierno ante ellas. Los periodistas también expresaron preocupación por la cancelación de varios programas de televisión, que consideraron como censura, y la injerencia del gobierno en su trabajo, que supuestamente incluyó la interceptación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros medios de comunicación.
Leyes de difamación/calumnia: La ley tipificaba como delito la difamación y el insulto, con castigos más severos para los delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que para los delitos contra particulares. La ley penaliza la difamación por declaraciones relativas a la vida privada de determinadas figuras públicas, incluidos funcionarios gubernamentales y jefes de Estado extranjeros. No se reportaron casos de gobiernos o figuras públicas que utilizaran estas leyes durante el año para castigar a críticos del gobierno o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos.
Libertad en Internet
El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea.
B. LIBERTADES DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICAS
La ley establecía las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno en general respetó estos derechos.
Libertad de reunión pacífica
Si bien se protegió y respetó en gran medida la libertad de reunión pacífica, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y entre diferentes grupos de manifestantes. Según los informes, los grupos nacionalistas, que celebraron grandes protestas en Santo Domingo y otras ciudades sin interferencia del gobierno, interrumpieron otras reuniones con poca reacción de la Policía Nacional.
En julio, el Ministro del Interior y Policía, Jesús Vásquez, canceló una marcha planificada por la sociedad civil y miembros de la diáspora haitiana, que habían obtenido los permisos necesarios. El ministro declaró que la ley prohíbe a los extranjeros organizar actividades que “afecten la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público”. Los observadores señalaron que era poco probable que tuviera la autoridad legal para negar a los residentes legales la planificación o participación en marchas, protestas u otras asambleas pacíficas. 23.04.2024
