Ayer y lo decimos por el críptico anuncio dado respecto a que habían sido separados de las filas policiales y puestos a disposición de la justicia, los presumibles policías asesinos que ejecutaron a cinco ciudadanos a los que para colmos la dirección policial hizo que su vocero presentara un prontuario criminal que nadie creyó, de que por primera vez el presidente Luis Abinader ha caído en cuenta de que ha ido muy lejos en su política dura contra una delincuencia civil, que para nada y por los hechos que se han vivido, no se equipara a la intolerable delincuencia de uniforme.
Por supuesto que por el impacto que el crimen colectivo ha tenido en la conciencia de todo el mundo, se ha descubierto, que ciertamente el mal de nuestra sociedad no está únicamente en una parte de su ciudadanía más díscola, sino en el hecho crudo y evidente, de que el presidente Luis Abinader dejara que su partido, el PRM, impusiera una política criminal torpe y abusiva y más de genocidio que de restablecimiento del orden y cuya raíz se encuentra en la torpeza presidencial de haberle entregado el control del sector militar, como del policial y también de inteligencia, al fracasado expresidente Hipólito Mejía, y quien por fuerza de las circunstancias, parecería que ha quedado desenmascarado por las actuaciones torpes y de sangre de los tantos crímenes que uniformados han llevado a efecto en estos últimos cinco años.
Y no es que haya que acusar al expresidente de responsabilidad material en los hechos criminales que se perpetraron, sino que decididamente está demostrado que un presidente de la República en ejercicio nunca puede cometer el error, de delegar parte de su poder en terceros y también las funciones burocráticas relativas a determinados cargos.
Por ese error, ahora Abinader se encuentra ante la encrucijada de asumir su responsabilidad institucional y enfrentar el hecho, de que debe a proceder e iniciar una purga general y no solo en la policía y sí en todo el estamento militar concentrado en el alto mando. En la Barranquita lo que hubo fue una matanza y descrita patéticamente por una sobreviviente: “La orden era matar a todo el que estuviera allí. No lo hicieron con él porque mostró su cartera y un policía dijo: ‘A ese no’” y de lo que se hizo eco el matutino centenario capitaleño.
Simplemente, debe desembarazarse del aspecto criminal de quienes como gente de uniforme, mal entendieron que la inexperiencia de gobierno del PRM y acentuados por el pasado violento de un PRD, que poco dejó en pie en materia institucional y por lo que fuera sacado a patadas del poder en el 1986 y ya de nuevo en el 2004. Obliga ahora a Abinader, a demostrarle a la nación, que él y en su función de jefe de Estado y de Gobierno, debe de asumir su rol de responsabilidad institucional y por el que deje bien claro ante la atrapada opinión pública, que la parte criminal de su gobierno, que hasta ahora ha prevalecido, él tendrá el arrojo de quitársela de encima y para presentarle a la nación el gobierno democrático y no dictatorial que esta merece y para lo que -en principio- fuera designado.
En este sentido, muchos entendemos y si partimos del primer párrafo del comunicado emitido por el ministerio de Interior y Policía y para justificar las acciones correctivas hechas públicas, de que “reafirmamos nuestro compromiso de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, con absoluta transparencia. No habrá impunidad: el orden solo se sostiene en la legalidad y la justicia. Asumiremos plenamente las responsabilidades que correspondan”, dice el comunicado”.
Dicho sea de paso, ese comunicado que no lleva la firma de la titular de la cartera, pero sí su autorización. Debe de decirle a la ministra Faride Raful, que ella y tanto más que Abinader, fue el vehículo motor de que se avivara el espíritu intrínseco de lo peor de la criminalidad policial y desde que contra toda medida de sentido común, propició desde su despacho, una política represiva para impedir el derecho ciudadano al libre tránsito, la libre reunión así como el derecho al goce social y haciendo entender, que el gobierno había dado las espaldas al orden democrático para caer en lo peor de una política ciertamente criminal contra el derecho ciudadano al disfrute de las libertades públicas y con el absurdo pretexto de que había “una epidemia de ruidos”.
¿Qué puede ocurrir ahora si los despojados de sus grados y tachados como criminales, emitieran declaraciones públicas o en los tribunales donde los juzguen, mediante las cuales expresaran, que si ellos actuaron con aspecto de violencia institucional, lo hicieron, porque así creyeron que las políticas del Ministerio de Interior eran esas represivas que sus superiores les indicaban?
Si esta probabilidad pudiera presentarse y que no debe descartarse, seguro que la ministra Raful tendría la entereza de presentar renuncia al cargo y lo que en cierta forma, le quitaría co-responsabilidad al Poder Ejecutivo y frente a la realidad cruel, de que fueron subalternos suyos los que ejecutaron a cinco ciudadanos en el sector Barranquita de la ciudad de Santiago y sin importarles, que todos los vecinos fueron testigos horrorizados de semejante actuación genocida y criminal.
De paso, el mismo director policial, tendría que cargar con su falta en materia de supervisión de las políticas oficiales desde Interior y Policía y que junto a su notoria ausencia de firmeza de conducta y de mando, fue por lo que en la ejecución de la ley, tanto Interior y Policía y la uniformada, han quedado a peor y con una imagen criminal, que apena, que también afecte a ese 80 por ciento de sus efectivos -hombres y mujeres- que nunca han manchado funciones y tampoco su uniforme.
Pero si encima de todo hay un cuerpo subalterno de amplia hoja criminal, lo es el llamado Dicrim y el que definitivamente, el Poder Ejecutivo debe ordenar su desmantelamiento y transferir a lo mejor de su personal a la dirección policial y para que rinda los buenos servicios que en el Dicrim y como unidad policial, no pudieron desarrollar y debido a la ola de asesinatos revestidos de ejecuciones extrajudiciales que cotidianamente escenificaban y que de acuerdo a estadísticas pasan de 175 y en menos de los últimos tres meses.
De todas maneras, todavía no se puede dar el beneficio de la duda, a un gobierno que realmente ha sido débil en materia de cerrar los ojos ante la continua represión y crímenes policiales y que es la razón fundamental, de que ahora experimente un fuerte rechazo ciudadano y tanto, que semejante grado de desorden criminal ha afectado y de lleno, la imagen y popularidad del mismo presidente de la República.
Entendemos también, que la policía debe volver a su papel institucional y sin ningún tipo de organismo colateral de administración y como tanto gustan a los burócratas oficiales, creando organismos públicos-privados y que en materia de instituciones de uniforme, siempre terminan atrofiando la cadena de mandos y mucho más, cuando y como es el caso, ha sido evidente que Abinader le cedió el control policial, digamos orgánico, a los 28 miembros claves del Consejo Nacional de Competitividad y que ha sido la peor decisión aberrante cometida por Abinader.
Terminamos y solo diciendo y que es una reafirmación, que asesinos y psicópatas policiales se fueron muy lejos. O el Gobierno les castiga e impone la ley… o el gobierno cae, pero como no hay oposición y el pueblo está idiotizado. Seguro que sobrevivirá a base de cañonazos de papeletas o de propaganda y publicidad. Con Dios. (DAG) 13.09.2025
última actualización: 08:50 am.
