martes, junio 16, 2026
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Ausencia de querellantes en audiencia de coerción genera cuestionamientos en caso Operación XL-526. Extraña que el 02 de junio, el ministerio público presentó poderes de representación sobre detenidos el 21 de mayo. La irregularidad es más que manifiesta

La ausencia de los querellantes en la audiencia de medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 se convirtió en uno de los puntos más debatidos durante el proceso judicial en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

Especialistas consultados indican que en casos de presuntos delitos electrónicos o extorsiones con víctimas extranjeras, la comparecencia presencial de los querellantes suele ser compleja debido a factores migratorios, logísticos y económicos. No obstante, la legislación permite que estas personas participen mediante representación legal, documentos apostillados, videoconferencias u otros mecanismos autorizados por el tribunal.

Aun así, la defensa considera que la ausencia directa de los querellantes debilita la narrativa del Ministerio Público y ha pedido al tribunal evaluar cuidadosamente la validez de las representaciones legales presentadas.

“¿Cómo es posible que el 21 de mayo ya existieran poderes contra personas que fueron detenidas el dos de junio? Entendemos que hay irregularidades en esa representación”, sostuvo el abogado de una de las partes, Quilvio González Carrasco.

El jurista añadió que las supuestas víctimas “no están aquí físicamente”, pese a que el expediente indica que residen en Estados Unidos.

Especialistas consultados indican que en casos de presuntos delitos electrónicos o extorsiones con víctimas extranjeras, la comparecencia presencial de los querellantes suele ser compleja debido a factores migratorios, logísticos y económicos. No obstante, la legislación permite que estas personas participen mediante representación legal, documentos apostillados, videoconferencias u otros mecanismos autorizados por el tribunal.

Aun así, la defensa considera que la ausencia directa de los querellantes debilita la narrativa del Ministerio Público y ha pedido al tribunal evaluar cuidadosamente la validez de las representaciones legales presentadas.

Por eso, la ausencia de los querellantes en la audiencia de medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 se convirtió en uno de los puntos más debatidos durante el proceso judicial en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

La jueza Yiberty Polanco aplazó por tercera ocasión el conocimiento de la solicitud de coerción, fijando la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 17 de junio.

El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra los 10 acusados, a quienes atribuye integrar una presunta red de extorsión dirigida a residentes en Estados Unidos.

Sin embargo, la defensa de varios imputados cuestionó la ausencia física de las supuestas víctimas en el tribunal, señalando que ninguno de los querellantes ha comparecido personalmente durante el proceso.

“No hemos visto al primer estadounidense que diga que es víctima de este caso”, apuntó la defensa.

Según los abogados, en lugar de comparecer directamente, las supuestas víctimas han sido representadas mediante poderes notariales y abogados apoderados en República Dominicana, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autenticidad y el momento en que dichos documentos fueron emitidos.

La defensa considera que la ausencia directa de los querellantes debilita la narrativa del Ministerio Público y ha pedido al tribunal evaluar cuidadosamente la validez de las representaciones legales presentadas.

El proceso continúa el miércoles

Durante la jornada también se discutieron alegadas vulneraciones a derechos fundamentales de los imputados, incluyendo el tiempo que permanecieron sin contacto con familiares y abogados tras su arresto.

La audiencia continuará el miércoles 17 de junio, cuando se espera que concluyan las exposiciones de las defensas y la jueza decida sobre la solicitud de medidas de coerción planteada por el Ministerio Público. (LD-od / OJO-jj)

 

 

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