martes, agosto 20, 2024
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BID completa proyecto en apoyo a vivienda RD

El proyecto contó con una cooperación técnica del BID de 300 mil dólares su objetivo es reducir el déficit de viviendas para la población de bajos ingresos.

Ha sido completado un proyecto de apoyo técnico del BID para República Dominicana, que representa un importante aporte para la transformación del sector vivienda, a fin de facilitar el acceso a un techo digo a la población de bajos ingresos, a través de la reducción de costos en la construcción y de la formulación y actualización de normas que mejoren el funcionamiento del sector y fortalezcan las instituciones nacionales y municipales que inciden en el sector.

El objetivo del proyecto, que contó con una cooperación técnica no reembolsable del BID de 300 mil dólares, es reducir el déficit de viviendas para la población de bajos ingresos.

Foro Ciudadano, a través de su área Vivienda y Hábitat, ha estimado el déficit habitacional en 1.5 millones de unidades, y ha precisado que a los pobres y de clase media baja se les hace cada vez más difícil obtener un techo.

El alto costo de los servicios de construcción y los bajos ingresos de las familias no les permiten tener acceso al mercado formal de la construcción, lo que agrava la calidad y la seguridad de los hogares. A eso se agregan debilidades institucionales que deben ser superadas tanto en leyes y reglamentos como a nivel de cada municipalidad.

Los cambios demográficos y de composición de los hogares, con más familias monoparentales o encabezadas por mujeres, son desafíos adicionales que agudizan el déficit de vivienda y la necesidad de soluciones inclusivas.

Precisamente, el objetivo de la cooperación técnica del BID es apoyar al Gobierno dominicano en la reforma del sector vivienda y desarrollo urbano y proponer soluciones de viviendas más accesibles y verdes.

Los objetivos específicos son analizar y evaluar los principales retos en la producción y el acceso a vivienda para la población de bajos ingresos; diseñar políticas y programas para ampliar el acceso de la población de bajos ingresos a vivienda, así como a entornos construidos de buena calidad y a servicios básicos, y formular y actualizar normas, reglamentos y procesos que mejoren el funcionamiento del sector vivienda, fortaleciendo a las instituciones públicas nacionales y municipales.

Se han venido dando algunos pasos de avances, como son la creación del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, a través de la Ley No. 160-21, y el proceso iniciado en el Congreso para la aprobación de una nueva ley de alquileres para que los propietarios puedan recuperar sin trabas la posesión de la vivienda en caso de negativa del inquilino a pagar el alquiler, cumpliendo las condiciones establecidas en el proyecto.

Este proyecto debe seguir su curso sin tropiezos hasta ser convertido en ley, a fin de incentivar la inversión en la construcción de viviendas para alquiler, dejando atrás a la normativa vigente, que no es amigable al inversionista porque dificulta hasta el cansancio la justa recuperación de la posesión del inmueble.

No debe perderse de vista que no hay una solución única para eliminar la brecha de vivienda en la región. Se deben ofrecer más y mejores opciones a las familias mediante políticas: alquilar o comprar, mudarse o quedarse, endeudarse o no, comprar o construir”. “Un amplio menú de opciones puede contribuir en gran medida a mejorar las vidas de millones de personas y contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región”.

Los cambios iniciados en el sector vivienda y los por venir a la luz del proyecto de apoyo técnico financiado por BID deben ser apoyados por todos para garantizar una vivienda digna a cada dominicano, que es un derecho constitucional.

En su artículo 59, la Constitución de la República establece: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.

El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.

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Fuente: Hoy

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