Cuando la autoridad judicial o de gobierno y frente a una situación de controversia pública en la que hay cientos de muertos de por medio, no cuida del comportamiento decente más elemental y en su lugar, la misma autoridad se muestra interesada en que todo el mundo la vea a favor de una de las partes de un litigio, el primer paso, es incumplir con los códigos y ordenar el cierre de la audiencia para que solo el público que el tribunal quiera sea el que participe.
De esa manera, el escandaloso caso Jet Set, donde la negligencia e irresponsabilidad de sus dueños e igual del Estado, fue parte autora del desastre que en ella hubo, recordemos que a la discoteca, su techo se vino al suelo y de casi 800 personas que en la sala de fiestas había y mal contados murieron 336, heridos más de 180 y desaparecidos aun no precisados, debería, el proceso legal, ser una audiencia pública y para que todo el que quisiera pudiera participar y ser testigo de lo que allí aconteciera, sin embargo, la misma fue cerrada al público y lo que se comprobó ayer, despojando de esa forma el mandato legal de juicio público, oral y contradictorio, entendiéndose que el tribunal guarda un interés particular y con tal de que los ciudadanos no conozcan los detalles, que familiares de muertos y heridos, con toda certeza tendrían derecho a exponer.
Por lo tanto, que para una simple audiencia de medida de coerción se escenifique un espectáculo de corte jurídico nada correcto, lo que indica, es que parecería que los dos principales imputados cuentan con la buena pro de jueces y fiscales para que las medidas que se les impongan sean las menos lesivas posibles.
Y semejante inconducta no habla bien de todas las partes que allí concurren y desde el aspecto, de los abogados de las partes implicadas. ¿Para qué 15 abogados acusadores, para formular diferentes opiniones o conclusiones individuales y de esas cuyo único interés es el que esos abogados se justifiquen ante quienes los han contratado, cuando lo lógico hubiese sido que todos se pusieran de acuerdo y uno de ellos y hablando por todos, presente un pliego común respecto a sus motivaciones de lo que deberían de ser las medidas de coerción que entienden que el tribunal debería de imponer?
Desde el instante que el observador se percata de esos dos detalles, automáticamente entiende que realmente nadie está interesado, para que de entrada se presenten las muestras objetivas de que los actores jurídicos quisieran que se impartiera justicia. Ahora bien, también hay que recordar que se está ante una audiencia sobre medidas de coerción, no sobre un juicio de fondo.
Además, solo hay que ver el otro pugilato fuera de los pasillos de la sala de audiencia y entre periodistas y comunicadores y cada uno jalando hacia donde sus intereses les dictan, pretendiendo acribillar con preguntas y observaciones necias, a abogados, quienes tampoco están ajenos a que el circo mediático les facilita cierta proyección pública que ayuda a sus respectivos bufetes.
Entonces, lo que se tiene, es la continuación de la tomadura de pelo que desde el primer día de la tragedia el ministerio público organizó y al extremo, de que durante dos meses después de la tragedia es que el tribunal asignado da los primeros pasos para que la ciudadanía entienda que se pretende hacer “justicia”.
En realidad, todo cuanto está sucediendo apunta a que haya un periodo de quietud mediática y para lo cual, 18 meses de coerción a los dos imputados, sería razonable y posible en sus domicilios o simplemente no imponérselas y para crear un nuevo marco jurídico o jurisprudencia a aplicar en casos futuros. En tanto el sainete de ahora está dirigido para que todos los actores ganaran tiempo y en lo que el hombre del maletín circule ampliamente ofreciendo acuerdos económicos, que tanto beneficien a las familias que se dicen perjudicadas y las que, en realidad, la tragedia les ha caído como regalo del cielo.
Regalo y en tanto de parte de los abogados a cargo de las barras de defensa y acusadores, entre ellos se logre un entendido “de caballeros” para ver cuanto de lo que quieran como honorarios pudieran obtener. Desde luego, también hay sus excepciones y puede que alguna que otra voz salga como la tía respondona, pues al final, la decisión que el tribunal tome no experimentará variación alguna sobre la proyección que hicieran los que, tras bastidores, controlan al tribunal.
Es duro decirlo y más duro admitirlo, pero de ese modo es que funciona “la justicia” de este país, donde los dineros que circulan como armas de convencimiento, muchas veces pasan del monto general de los honorarios a pactar.
Tal vez los años que quien escribe ha tenido en los pasillos judiciales litigando en tantos intereses conocidos y viendo el comportamiento o actuación de otros abogados litigantes, que el tiempo nos ha obligado a ser escépticos y comprender a la mala, que cuando alguien logra sobornar a nada menos que un secretario de la Suprema Corte de Justicia y como sucedió en el pasado y para citar un caso, es sencillamente imposible asumir que habrá tribunal que quiera y objetivamente favorecer la parte que le ha tocado representar en un juicio y que de antemano «la sociedad» condena.
Por eso y razonablemente, este caso Jet Set, en el que dos hermanos de apellidos Espaillat se encuentran ante la picota pública como dueños de la disco siniestrada y teniendo un testigo estrella que aportó a los fiscales los registros de llamadas hechas en el mismo día de la tragedia, advirtiendo un empleado a su jefe, que suspendiera la actividad porque temía que el techo se viniera abajo esa noche y a lo que no se le hizo caso, nos evidencia, que realmente no hay interés del Poder Judicial por impartir justicia y sí que lo que se está buscando es ganar tiempo y hasta que a cada querellante se le llegue a su precio.
No olvidemos, que como partes de “convencimiento” a favor de los dos empresarios, está el Gobierno y también una parte del empresariado, mientras el dueño de la discoteca, aparentemente testaferro de un grupo económico y manejando o controlando por este, una red de radiodifusoras, que desde el primer día de la tragedia han salido a la arena pública y con sus sirvientes deslenguados pagados, a batirse en el escenario mediático y haciendo lo que mejor saben hacer: Insultar o amenazar a todo aquel sector o persona que ponga en dudas la honorabilidad de su jefe…O condicionar al tribunal y que entendemos es lo que se verá.
De ahí que solo digamos, que mientras el circo legal y mediático cobre fuerza, a solo preguntar, sobre el Caso Jet Set: ¿De juicio público a juicio privado?, es decir, ¿audiencia abierta para todo el mundo, a una cerrada para unos pocos? Con Dios. (DAG) 19.06.2025
