En todos los ámbitos, la República Dominicana debe observar con atención lo que ocurre en su entorno regional para no perder competitividad. Esto resulta especialmente relevante en materia de indemnización laboral, un elemento que puede marcar diferencias importantes entre los países en términos de generación de empleos de calidad, productividad y capacidad para atraer inversiones.
Lo señalamos porque, precisamente cuando en nuestro país este tema se debate desde posiciones cada vez más polarizadas, Chile trabaja en una propuesta que se suma a la presentada recientemente por Argentina. Ambas iniciativas envían una señal clara sobre la dirección que está tomando el debate laboral en las economías abiertas: cómo rediseñar los mecanismos de protección al trabajador sin convertirlos en un obstáculo para la creación de empleo.
Lo que plantea el Gobierno de José Antonio Kast parte de un diagnóstico muy similar al que sostiene el sector empresarial dominicano: los costos del despido son elevados, la cobertura del sistema actual es limitada y la rigidez del esquema termina afectando la contratación formal.
En Chile, incluso el propio Gobierno reconoce que apenas uno de cada cinco trabajadores accede a una indemnización y que el costo del sistema supera ampliamente el promedio internacional.
No se trata de un problema ideológico —aunque algunos insistan en plantearlo en esos términos—, sino de un problema de funcionamiento. El modelo vigente protege a una parte de los trabajadores, pero deja fuera a una mayoría y genera distorsiones que terminan afectando el mercado laboral. Las consecuencias son conocidas: mayores costos de contratación, menor incentivo a la formalización, menor movilidad laboral y una pérdida de productividad.
Para enfrentar esta realidad, Chile propone un modelo que favorece la movilidad y el empleo, aunque reduce la concentración de la protección en los trabajadores con mayor antigüedad.
En la República Dominicana el debate parece enfocarse en un dilema, entre mantener intacta la cesantía o eliminarla —reducirla incluso— de manera significativa. Chile, en cambio, plantea una tercera vía: reformar sin desmontar el sistema.
El esquema propuesto combina un nivel básico de protección, que responde a las preocupaciones de los trabajadores y sus organizaciones, incorpora cuentas individuales, que reducen los costos para las empresas y establece un mecanismo potable que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, independientemente de cuántas veces cambie de empleo.
Lo que está ocurriendo en Chile confirma que el modelo tradicional de cesantía enfrenta una presión creciente en todo el mundo, impulsada por los cambios en el mercado laboral, el aumento de la rotación de trabajadores y la necesidad de elevar la competitividad de las economías.
El verdadero dilema, por tanto, no es únicamente laboral, es, sobre todo, un desafío de desarrollo. Los países que rigidizan excesivamente su mercado de trabajo protegen a quienes ya están dentro del sistema, pero dificultan el acceso de quienes buscan ingresar. Por el contrario, una flexibilización sin mecanismos adecuados de protección puede favorecer la creación de empleo, pero al costo de precarizar las condiciones laborales.
Para la República Dominicana, defender el sistema actual sin introducir cambios puede terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger. Pero eliminar la cesantía sin ofrecer un mecanismo alternativo de protección sería social y políticamente inviable.
La respuesta, entonces, pasa por encontrar un equilibrio. Una eliminación abrupta de la cesantía podría ser técnicamente defendible, pero difícilmente sería viable desde el punto de vista político y social. A la vez, una reforma meramente parcial dejaría intactos muchos de los problemas que hoy limitan la competitividad y la creación de empleo formal.
Una alternativa razonable consistiría en preservar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales, crear un fondo individual de protección para los nuevos contratos —similar a un seguro de desempleo— y establecer un esquema de transición con límites o ajustes progresivos a la cesantía tradicional. De esa manera, el cambio se produciría de forma gradual, conforme se incorpore nueva fuerza laboral, evitando una ruptura del contrato social y reduciendo los costos de transición para trabajadores, empresas y Estado. (Hoy-mario mendez)
