Una sola y apabullante respuesta: La perdida del sentido moral que regía en los políticos y referentes sociales y que a lo largo de todos estos años protagonizados en el primer lapso postdictadura, 1961-1965 y por las llamadas diez familias que componían la mascarada de complejo oligárquico y al estas dedicarse al robo a gran escala de los recursos públicos y que disfrazaron como supuesto rescate de “las empresas y negocios de la dictadura”, le ocasionaron al erario una pérdida no menor de 500 millones de dólares estadounidenses y solo en el sector civil y que a aquel entonces el peso oro dominicano estaba a la par del dólar.
A partir de semejante robo y desfalco a gran escala, cuya base supuestamente legal de sustentación, radicó en la creación de los actos notariales bajo firma privada, no solo aquellas familias y encabezándolas La Vicini y La Reid Cabral se convirtieron en mega millonarias, sino que todo el entramado burocrático civil y militar del país imitó sus pasos y en poco tiempo, empresas como la Hacienda Fundación, las grandes fincas productoras del CEAGANA, los 12 ingenios del Consejo Estatal del Azúcar y millones de metros de terrenos de amplias empresas agroforestales, fueron saqueadas por políticos y altos jefes militares y policiales y para no dejar de mencionar el terrible saqueo llevado a cabo contra las infraestructuras y armamentos de nuestras Fuerzas Armadas y en particular los servicios tecnológicos y la fabrica de armas de San Cristóbal y la de pólvora en Villa Mella.
Y siguiendo con esa barbaridad y crimen continuo de lesa patria, que también significara la destrucción, enajenación y robo y solo en la Aviación Militar Dominicana (AMD) de “ciento cincuenta aviones, la mayor parte de ellos en inmejorables condiciones y en actividad permanente –entre ellos cuarenta y dos Vampiros a reacción y sesenta Mustang P-51-, además de una dotación de más de un centenar de blindados y vehículos de asalto, incluidos los tanques AMX de fabricación francesa” de acuerdo a un registro pormenorizado que hay de esas pérdidas en el Archivo General de la Nación.
E igual en la Marina de Guerra, donde y de acuerdo a los mismos registros históricos, fueron enajenados “dos destructores, tres fragatas, cinco corbetas, más de quince guardacostas, cinco buques cisternas, dos lanchas torpederas, tres barcazas de desembarco, tres remolcadores, siete patrulleros y diversos buques auxiliares, además del yate Angelita” y los que el gobierno de la época y los mandos militares y nos referimos al Consejo de Estado como al Triunvirato, dejaron que se destruyeran por falta de mantenimiento como de uso, en tanto el yate fue vendido a Colombia a precio de vaca muerta y lo que en este aspecto castrense constituyó un pérdida económica para los contribuyentes de más de 350 millones de dólares estadounidenses o pesos oro dominicanos de entonces.
Robos y latrocinio, perpetrados sin que absolutamente nadie de los autores de esos despojos, absolutamente nadie fuera investigado y mucho menos llevado ante los tribunales y hablamos de la mayoría de los jefes militares y policiales de aquellos años.
Agréguese el porqué de semejante impunidad, a la complicidad de los periódicos y periodistas de El Caribe y La Nación, todos, desesperados por quitarse de encima el calificativo de trujillistas, que los llamados “antitrujillistas del exilio”, la mayoría una caterva de asaltantes de saco y corbata les endilgaron y al haber sido dos medios creados y financiados por el mismo Trujillo. Complicidad que se vio a mayor cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer, le cedió abusivamente al periodista trujillista Germán Emilio Ornes, la propiedad del matutino El Caribe y el que con cara dura tremenda, Ornes reclamaba como suyo y al haberse llevado al exilio las acciones que estaban a su nombre como director-testaferro.
Al hacer este recuento de tanta depredación, ¿habría que justificar todos los robos y saqueos que los políticos, sus asociados y gobiernos perpetraron a partir de 1966 y hasta el mismo 2020 y para hacer un alto que nos permitiera respirar ante tanta inmundicia moral ciudadana?
De ahí, que ahora nos encontremos con la realidad, de que en los últimos 16 años del lapso 2004-2020 con los gobiernos del PLD y anteriormente del 1966 al 2000 con los gobiernos del PRSC y el PRD, la clase política en su totalidad y en materia de despojos y robos al erario y enajenación de infraestructuras y propiedades del Estado, le generó y también en el sector castrense-policial, un saqueo tan increíble y afectando los dineros de los contribuyentes, que asombra que esta nación, económica y financieramente todavía se encuentre en pie y con posibilidades propias de renacer, salvo que la crisis económica global agudizada ahora por la guerra económica que EEUU y la UE tienen contra Rusia, lleven a todas las economías a que el tiro les salga por la culata y todas se hundan precipitando a las naciones a una quiebra económica masiva y de gran iliquidez.
Entonces, tenemos que concluir que el daño moral y económico perpetrado por la clase política y su ramal gobernante y sin duda alguna, ha sido la razón de que ahora los institutos armados y la misma policía estén siendo cuestionados por el Poder Judicial y por los innumerables actos de corrupción de sus integrantes y la mayoría, altos cargos militares y policiales y que han servido de muestra y dado que hasta ahora la impunidad es el escudo con el que todos los políticos se protegen y para que en la policía, el saqueo vaya unido a los asesinatos a mansalva de los ciudadanos y las practicas abusivas de torturas a sus presos.
Sobre este último aspecto de crímenes continuos de Estado, ayer decíamos, que solo en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, la policía asesinó a 1,820 ciudadanos y con el pretexto de que eran “delincuentes” o enemigos de algunos políticos en el poder y recalquémoslo, solo en los gobiernos del PLD y con responsabilidad primaria en los jefes policiales, Guzmán Fermín y Candelier. Crímenes que fueron consentidos por el PLD y su presidente.
Con razón que preguntemos: ¿Cómo es posible que en los últimos 61 años de “democracia”, la policía hubiese involucionado y al extremo de ser una institución criminal, peor que cuando la dictadura y que ya es mucho decir? (DAG)
