Cómo este medio de opinión rabiosamente independiente a todos los intereses públicos o privados y tanto mediáticos, empresariales, políticos o de gobierno, en sus 53 años de vida y 25 años como medio digital, siempre ha tenido la precaución de ser lo suficientemente independiente de criterio como para mantener equidistancia con sectores que pudieran ser entendidos como proclives a su favor.
Entendemos, que tenemos la autoridad moral más que necesaria y para enfrentar y con decisión, lo que ya calificamos de ser el mayor ataque para procurar la desaparición de la libertad de expresión, así como la de palabra, la de disentimiento y la de prensa y debido a ello, exigimos que el anunciado “nuevo” código penal supuestamente “reformado”, sea revisado exhaustivamente desde el mismo centro del poder desde el que supuestamente, se originó: El Congreso Nacional.
Y lo observamos, con todo que este, el Poder Legislativo, es uno dependiente del Poder Ejecutivo, quien junto a los barones mediáticos y sus directores y periodistas y comunicadores y ellos paradójicamente miembros activos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han logrado que el borrador de su proyecto de ley mordaza sea incluido dentro del estatuto jurídico que se pretende.
Que como ya se conoce, el “código penal” reformado y gracias a Dios, no puede ser puesto en vigor a lo inmediato y porque existe el periodo institucional precautorio, de que después que un proyecto de esta naturaleza es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo, debe de aguardar doce meses antes de ser puesto en vigor y para corregir cualquier error o falla procedimental que posteriormente pudiera descubrirse.
¿De qué estamos hablando? De que con el nuevo texto “jurídico” y tal como ha sido emitido, políticos, empresarios y como funcionarios, quedan clasificados como unos super privilegiados ciudadanos con más derechos que el resto de los ciudadanos y al extremo, de que nadie podría criticarles ni enfrentar sus desafueros y latrocinios, so pena de ser sometido a los tribunales y condenado con penas que oscilan entre los dos y los diez años y lo que sucede, como corona de los aprestos del gobierno en la sombra, que es el Consejo Nacional de Competitividad y en el que los barones mediáticos son parte, donde quienes están saqueando los dineros de los contribuyentes, se oponen a toda critica que pudiera afectarles la continuidad de sus inconductas.
Lo correcto debería de ser, que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, emitieran una opinión de rechazo, a lo que es el más grosero atentado contra el estado de derecho y desde un organismo decisivo en la toma de decisiones constitucionales y como lo es el Poder Legislativo y frente a lo que ya se entiende, desborde de la autoridad usurpada mediante elecciones falsas desde el 2020, que es la calidad nada correcta que ya caracteriza al Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, llama la atención, como casi nadie dentro de las fuerzas vivas y mucho menos dentro de la llamada sociedad civil, todavía no haya emitido algún tipo de declaración pública de rechazo absoluto al accionar inconstitucional de los tres poderes del Estado y quienes en esto, al estar subvencionados por el empresariado y el mundo financiero, al parecer, están decididos por imponer un nuevo tipo de dictadura fundamentada en un “código penal” abusiva y descaradamente inconstitucional y el que debe de ser rechazado con rotundidad por toda la nación.
Situación tan extraña sucede, porque a diferencia de los ciudadanos dominicanos de los años 1961-1991, donde la población y al menor asomo de atentado contra el ejercicio democrático, se lanzaba a las calles y sin importar la vía violenta que se utilizara, obligando a la clase gobernante como al que fuera gobierno, a volver sobre sus pasos y no atreverse a vulnerar el estado de derecho.
Parecería, que ahora y por la profusión de los subsidios sociales para todo, el consumo abierto de las drogas ilícitas, la tolerancia al desenfreno amoral y sexual y la más terrible inversión de los valores morales, cuya mayor expresión es la prostitución mediática más significativa y desde los medios de prensa tradicionales, nadie y ni siquiera las iglesias, ha tenido la iniciativa de llamar la atención por las irregularidades de bulto que ya han trascendido, y dejando entonces, que el camino de la desobediencia civil a gran escala, sea la vía para salirle al frente al despropósito inconstitucional que se quiere perpetrar.
¿Cómo es posible que semejante anormalidad colectiva, termine por crear una anomia a la inversa desde el poder y la clase gobernante y como recurso vil y que se muestra en el hecho “de que cuando una sociedad o un grupo social carece de un conjunto claro y compartido de reglas y valores que guíen las acciones de sus miembros”, se produce la parálisis institucional y humana a través de la cual, todo un país y sus miembros como personas, desertan de sus obligaciones cívicas de proteger la institucionalidad y la regla de leyes y principios que obligan a que la sociedad no vaya contra sí misma?
Ante lo que vemos, entendemos que se debe imponer una acción civil contestataria de protesta social amplia y como el único recurso para parar en seco el poder desbordado, reclamar y en caso extremo, la renuncia del gobierno o imponer la violencia fratricida y para llevar a derecho a los poderes Legislativo y Judicial, que son los llamados a llamar a capitulo al Poder Ejecutivo, que en estos momentos se encuentra y por empeño de Abinader y el respaldo de los tres expresidentes, con el interés avieso de imponer una dictadura total.
¿Por qué lo hacen? Porque estos sectores y al no aceptar el ejercicio de la libre comunicación desde las redes sociales y menos, que la población rompa con el esquema de autocensura que los barones mediáticos han impuesto abusivamente desde el 1991 al 2021 y con todo que desde el 2010 el internet descubrió al periodismo ciudadano, los empresarios de la comunicación han logrado mantener, con sus más y sus menos, el control de toda una población anestesiada por la droga y la corrupción social y hasta llegar ahora a este desastroso empeño, de imponer una ley mordaza, que metida ahora dentro del código penal “reformado”, les facilita las cosas para aniquilar la libertad de prensa independiente a ellos y que los barones mediáticos no controlan.
Si para el día 03 de agosto de 2026, las fuerzas vivas y la sociedad civil de este país, pero sobre todo, los más de 200 medios en las redes sociales y los casi dos mil ciudadanos que tienen sus medios desde you tube, no han reaccionado y librado esta decisiva batalla por su sobrevivencia y no se tiran a las calles y reclaman y protestan vigorosamente, entonces Abinader y los miembros del gobierno en la sombra que es Competitividad, habrá logrado imponer la más dura cortina de hierro contra el derecho a pensar y hablar de toda la ciudadanía. Es decir, nadie puede sustraerse a librar esta batalla a favor de las redes sociales y la genuina libertad de prensa y es, que se está ante una falta de la ley y porque la ley ha sido desviada contra el sano interés legítimo de la nación y lo mejor de sus instituciones republicanas.
De ahí que preguntemos: ¿Cómo se puede pedir prudencia, frente a un proyecto de código penal que ataca de raíz el corazón del proceso de la democracia representativa y como lo es la libre expresión? Con Dios. (DAG) 06.08.2025
última actualización: 01:33 pm.
