Se está hablando y de manera escandalosa, de que supuestamente la Junta Central Electoral, vía su dependencia de la Cedula de Identidad y Electoral, es responsable del porqué de unas supuestas tres millones de cedulas entregadas a haitianos ilegales como si estos fueran dominicanos y llegándose a unos extremos y en cuanto a relato tendencioso, que francamente tiene a mucha gente hablando disparates.
En este sentido, lo lógico debería de ser, que todos “los expertos” en las redes sociales y sus lupanares mediáticos, esos que hablan, desinforman y acusan sobre este particular, deberían documentarse mejor y teniendo a mano el texto de la ley que dispone las regulaciones y normas a aplicar al documento nacional de identidad y electoral y si realmente quisieran documentarse bien y hablar con propiedad.
Y observamos que la mayoría no especifica, que la susodicha legislación, habla de dos tipos del documento ciudadano: Uno, la cédula de identidad y electoral, solo para ciudadanos dominicanos y la cedula de identidad para ciudadanos extranjeros con domicilio en el territorio nacional.
Por lo que hemos indagado, la cantidad de supuestas tres millones de cedulas entregadas a haitianos que conforman su población flotante en el territorio nacional, básicamente son las del segundo grupo, o sea, la cedula solo de identidad, pero la que a propósito es confundida por razones políticas y de parte de dominicanos quienes sobre el particular quieren mantener un debate con el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM o la otra interpretación torcida, de agentes policiales e inspectores de migración, quienes a propósito y por razones de sobornos, las entienden como cedulas para ciudadanos dominicanos.
Especificado lo anterior, entendemos que el origen de todo, nació a partir del momento que el presidente Danilo Medina le otorgó el contrato de administración de la cedula a un joven emprendedor allegado al PRM, Jochi Gómez, quien desde antes de las lecciones del 2020 tenía el control de la dirección de la cédula y posiblemente, también la del registro civil y si esto es así, es ahí donde está el origen de la profusión de documentos de identidad que han sido hechos pasar como documentos para nacionales dominicanos y lo que originalmente se efectuó con fines electorales y para perpetrar un fraude electoral que al final catapultó al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quién había logrado el «triunfo electoral» y del que ahora, el expresidente Leonel Fernández, en aquel momento aliado de Abinader, confirma que el actual presidente ganó también los comicios del 2024 y por el uso indebido de dineros públicos.
Desde luego, si en este país las instituciones funcionaran y hubiese un verdadero estado de derecho, haría rato que el Tribunal Constitucional y de oficio, debería de estar investigando lo dicho por Fernández, pero al tenerse la camisa de fuerza de la partidocracia y su dictadura de 64 años, es imposible que esa investigación pudiera darse.
Si esto último fue lo que ocurrió, entonces. ¿Qué sentido tiene que la JCE abogue por un contrato de seis mil millones de pesos para la confección del nuevo documento y mucho menos, que le otorgue la licitación a favor de una empresa haitiana experta en la confección de documentos de identidad en el país transfronterizo?
Lo lógico debería de ser que la JCE debería preferir mejor y por razones de seguridad, posponer por no menos de un año antes de las elecciones del 2028 la confección del nuevo documento y previa auditoría forense a los tres millones de cedulas que se habla que está registradas para ciudadanos haitianos “ que han sido registrados como dominicanos” y problema resuelto.
Pero no, por lo que parece, que no es esto lo que quiere el gobierno y el que también -esto hay que puntualizarlo- de que en el 2024 se tiene la sospecha de que obtuvo también el “triunfo” electoral en base a otro fraude colosal y lo que habría que deducir, que ya existe la presunción de que Abinader y su gobierno, quieren urdir otro segundo fraude electoral desde el poder para el 2028.
Solo por esa simple sospecha, debería ser suficiente para que las fuerzas vivas nacionales se erigieran en una sola voz y exigieran, que si el gobierno persiste en su interés de crear otra nueva cedula, que entonces hubiese que confrontarle y exigirle que renuncie como gobierno en los próximos seis meses hasta que la auditoria forense de que hablamos, determine la realidad de la situación y que en ese lapso sea un gobierno provisional encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el que lo presida y en lo que sería una ampliación de la vieja formula balaguerista de retirarse momentáneamente del poder y como garantía material y moral, de que el presidente de la República en ejercicio, quiera mantenerse libre de toda sospecha.
Desde luego, sabemos que no se nos hará caso y menos, cuando Abinader no solo controla al Poder Ejecutivo por mandato constitucional y sí también de facto al Poder Legislativo, ese por el que senadores y diputados han desertado de su obligación constitucional de supervisar al Poder Ejecutivo, por lo que, salvo que hubiese un amplio movimiento de opinión contestataria a nivel nacional y que colocara entre la espada y la pared a un presidente y su gobierno, que por el control que tiene del Poder Legislativo, en la práctica, está actuando como un peligroso presidente-dictador, al que lo único que le falta, es ordenar que se encarcele a todas las voces disidentes a su política autoritaria.
Consecuentemente, solo nos limitamos a exponer hechos y perspectivas y para que sean los lectores y la audiencia en you tube, los que se formen sus propias conclusiones y por sí deciden el derrotero -institucional o no- del presente gobierno y es, que ir a unas elecciones con la espada de Damocles de un nuevo fraude electoral y este, en base a extranjeros haciéndolos pasar como dominicanos, debería de ser lo último, que este pueblo, que ha perdido su virilidad, pudiera permitirse.
De ahí que concluyamos diciendo, que con lo de la Cédula, se está haciendo un arroz con mango para que todos nos confundamos y no nos demos cuenta, de que para el 2028, pudiera ser posible un fraude electoral perpetrado por extranjeros. Con Dios. (DAG) 22.08.2025
última actualización: 08:45 am.
