Una realidad es, que el gobierno nacional esté fomentando, lo que parecería que es un ejercicio inconstitucional e ilegal e igual ilegitimo, de fomento de la entrada del haitiano ilegal como parte del esquema ONU de la agenda 2030 para modificar la nacionalidad dominicana y otra muy distinta, que un mayoritario sector mediático criollo e incluidas las redes sociales, pretenda que los dominicanos debamos tener odio hacia los ciudadanos haitianos y por el simple hecho de que estos sean ciudadanos del país transfronterizo.
En este sentido, se está actuando con mucha ligereza y abuso y aun cuando con algunos que se dicen dominicanos se les descubra que son de origen haitiano y esto así, porque ninguna nacionalidad nunca puede verse como un estigma o una condición desdorosa y que por lo que se está viendo, parecería que es el interés oscuro de los extremistas de todo tipo en los lupanares mediáticos, que pretenden, que, por la simple condición de haitianos, hubiese que expulsarlos punitivamente del territorio nacional.
De ahí que haya que puntualizar y en el caso de este análisis político de Estado, que estamos y frontalmente contra la inmigración ilegal y mucho más si esta se hace en plan de invasión programada con miras de sustituir o debilitar la población dominicana.
Pero igualmente debemos decir, que bajo ningún concepto, nunca seremos propiciadores de que a los ciudadanos haitianos con residencia legal haya que perseguirles y mucho menos a quienes son parte de familias binacionales y sin importar la manera de como estas se originaron.
Haciendo la puntualización, dado que recordamos perfectamente aquel acuerdo binacional entre los presidentes Duvalier, padre y Balaguer, quienes en el 1966 crearon el tratado migratorio y de trabajo, que facilitó, que el trabajador haitiano, conocido como brasero y porque se especializó en el corte de la caña de azúcar, venía al país temporalmente y protegido por ese estatuto jurídico que le garantiza su estadía de trabajo y que luego al término del mismo se marcharía de vuelta a su nación.
Después y ya entrado el año 1968, hubo que modificar ese acuerdo y para incluir los hijos de las uniones de esos haitianos con dominicanas y quienes todos convivían en zonas cañeras conocidas como bateyes.
Fue ya para el 1969 cuando esos jornaleros no se dirigían de vuelta a su país y se quedaban viviendo irregularmente en el territorio nacional, que la incipiente industria de la construcción captó a la mayoría y nuestros ingenieros y técnicos les enseñaron como trabajar en la construcción y lo que se demostró su éxito para el 1970, cuando ya estaba formada una excelente mano de obra especializada.
Y ahí vino el vacío legal, porque inmediatamente la industria de la construcción especializó a esos trabajadores, concomitantemente, el gobierno de Balaguer debió de haberles dado la residencia legal y no temporal y peor, sin cuidar el detalle de los hijos que ellos tuvieran producto de uniones de hecho para establecerles legalmente.
No se hizo y de esa manera se empezó a crear la bomba de tiempo que ahora el Estado Dominicano y vía el gobierno en ejercicio, no ha sabido o no ha querido lidiar con semejante problema social de profundas raíces migratorias.
Hablamos, de que para el 1968 y como Balaguer originó el primer brote de corrupción desde el poder, otorgando contratos de usufructo de tierras cañeras a altos cargos militares y policiales y estos se lanzaron de inmediato a buscar mano de obra haitiana ilegal y entrada clandestinamente, surgió la grave situación de la población flotante haitiana que para el 1978 pasaba de cerca 300 mil individuos y ahora se tiene y mal contados, 800 mil ilegales, que ya han pasado a otras áreas de trabajo y en una economía, cuyo ramal de servicios ha sido el de más crecimiento y pujanza y lo que se observa en el sector hotelero y principalmente en la provincia de La Altagracia, donde más de cien mil trabajadores haitianos y sus familias viven entre Verón y Bávaro.
Ahora dominicanos prejuiciados hablan de “invasión haitiana”, cuando lo que está ocurriendo, es que según la economía crece, hay un desplazamiento de mano de obra haitiana y para suplir los vacíos que deja el desplazamiento hacia otras aéreas de la mano de obra dominicana.
Entonces el discurso público ha cambiado y ahora, aquella mano de obra útil se la quiere ver como un perjuicio para esta economía y una supuesta amenaza para la nacionalidad dominicana y al mismo tiempo, originándose esta nueva realidad, de que hay más de 100 mil dominicanos de origen haitiano y en base a residencias legales de sus padres o solo uno de los dos y que frente a la incompetencia de los gobiernos del PLD como del actual PRM, ha nacido un seudo fanatismo supuestamente “nacionalista” que no tiene razón de ser y menos, cuando lo correcto debe ser, que como principio para resolver la situación, el gobierno debería reabrir la política anterior del registro del haitiano ilegal como residente legal y de esta manera nos encontraríamos con un nicho no mayor de 200 mil haitianos ilegales.
Pero nada de esto se quiere resolver y para colmos, el tráfico ilegal de haitianos indocumentados via la frontera es fomentado y por el comercio militar ilícito de tráfico de personas y el que por lo visto no tiene quien ordene su cese.
Justo por esta situación se están viviendo horas negras en las relaciones siempre afectivas entre haitianos y dominicanos y en particular en la frontera, donde los rayanos (habitantes de los dos países) ha vivido desde hace 80 años sin ningún tipo de situación escabrosa. Pero el PRM llegó al poder y aun cuando el presidente de la República, Luis Abinader es un aparente dominicano hijo de árabe y haitiana, ni siquiera así el gobierno no le busca una salida aceptable para una situación migratoria que nunca debió de haberse generado, si los dominicanos y desde el primer tiempo en el 1968 hubiésemos resuelto el comienzo de la inmigración ilegal.
Creemos, que el impasse debe resolverse con el gobierno decretando una amnistía migratoria para los indocumentados haitianos que estén trabajando, teniendo mínimo un año calendario trabajando en alguna empresa criolla o ejerciendo un oficio de conocimiento público. En tanto para quienes tienen menos de un año como ilegales, disponer su retorno a su país y para que allí resuelvan sus problemas de identidad y migratorios y luego legalmente pudieran acceder a nuestra nación.
Del lado haitiano debería establecerse, una excepción para el dominicano que esté en Haití ilegalmente y en vez de cárcel se le permita retornar, en tanto para los haitianos de origen dominicano y los dominicanos de origen haitiano y sus familias, Haití como también República Dominicana les reconozca un status flexible de tránsito libre.
Y por amor de Dios, que termine ya ese abusivo discurso de odio y de rechazo a todo lo que sea haitiano. El próximo domingo 30, un grupo de “nacionalistas”, anuncia que hará en Verón “una marcha pacífica” para protestar por la presencia haitiana. Ojalá que la misma no entrañe el comienzo de una especie de guerra de guerrillas por la supervivencia y que afectaría la paz social. El gobierno deberá tener la respuesta adecuada, sea prohibir la marcha del domingo 30 o decretar un toque de queda desde la tarde del viernes anterior a la marcha y hasta la noche del martes 01 de abril y si se quiere evitar que el turismo y el comercio sean afectados.
A nosotros solo nos resta resaltar, que con relación a los ciudadanos haitianos, legales o indocumentados muchos dominicanos y sus medios de comunicación están perdiendo la perspectiva y fomentando un absurdo discurso de odio. Con Dios. 15.03.2025
