Durante la penúltima misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país, en septiembre de 2025, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el entonces ministro de Hacienda y Economía anunciaron una intención tan auspiciosa como necesaria: coordinar de manera más estrecha las políticas fiscal y monetaria. Este martes, aquel propósito institucional pareció dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad con raíces visibles.
La evidencia es elocuente. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurría, la nueva misión del organismo internacional fue recibida de manera conjunta por el gobernador Héctor Valdez Albizu y el ministro Magín Díaz. No se trató de un simple gesto protocolar, fue la manifestación concreta de una nueva forma de gobernanza económica.
Más allá de las cifras presentadas sobre el desempeño de la economía dominicana —cuyo valor informativo es indiscutible—, el hecho de mayor trascendencia fue el nuevo rostro institucional exhibido por el Estado y el FMI. La política monetaria, conducida por el BCRD, y la política fiscal parecen remar al compás de una misma corriente. Y el FMI, más que desempeñar el papel de vigilante externo, comienza a proyectarse como un aliado técnico que acompaña y aporta.
El mensaje que emerge de este cambio es poderoso. Más aún cuando la interacción entre ambos funcionarios y el equipo técnico del FMI condujo a un consenso que reafirmó la capacidad de resiliencia mostrada por la economía dominicana frente a los vientos adversos que hoy soplan sobre la economía mundial.
¿Y cuál es, en esencia, ese mensaje? No solo que la economía dominicana resiste los embates del entorno internacional, sino que lo hace con una arquitectura institucional más cohesionada. Como pocas veces en su historia reciente, el Estado económico parece hablar con una sola voz, mientras el FMI acompaña el proceso como un socio estratégico y no únicamente como un observador crítico.
Es una siembra llamada a producir buenos frutos. Fortalece la credibilidad de la conducción económica, proyecta una imagen de alineación entre las autoridades y reduce la percepción de posibles contradicciones internas. Asimismo, envía una señal clara a los inversionistas: disminuye el riesgo de una combinación inconsistente de políticas públicas y aumenta la previsibilidad de las decisiones económicas.
Los beneficios de esta coordinación adquieren una relevancia aún mayor en circunstancias como las actuales, cuando la economía enfrenta choques externos, la inflación se ha situado temporalmente fuera del rango meta y persiste una elevada dependencia de los mercados internacionales.
En este contexto, la coordinación deja de ser una virtud deseable para convertirse en una necesidad estratégica. Garantiza que, si el entorno global se torna más desafiante, la respuesta de las autoridades será articulada y coherente, en lugar de dispersa y fragmentada.
En conclusión, la República Dominicana parece estar transitando un cambio de época en su gestión macroeconómica: de una economía observada bajo la lupa de la vigilancia permanente a una economía que apuesta por la coordinación, la coherencia y la acción conjunta como pilares de su estabilidad y crecimiento. (HOY-mario mendez)
