La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el martes 20 de enero el conocimiento de los recursos de apelación presentado por Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), contra la decisión que le impuso 18 meses de prisión preventiva.
El tribunal de alzada (órgano judicial colegiado (generalmente de tres jueces) que actúa como segunda instancia, revisando las decisiones de los tribunales inferiores (de primera instancia) a través de recursos como la apelación, para confirmar, modificar o revocar sentencias, asegurando la doble instancia y corrigiendo posibles errores, es decir, «alza» la decisión para un nuevo análisis de fondo o de forma. ordenó a la secretaria del tribunal notificar a las partes involucradas, el auto de fijación de audiencia para ese día a las 10:00 de la mañana.
La Corte fijó la audiencia luego de declarar admisibles los recursos presentados a través de los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegaron no estar conforme con la decisión.
Con la instancia, se busca que el tribunal de alzada, revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso el envió de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres y declaró el caso complejo.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SenaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fijó para esa misma fecha, el recurso apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluyen, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que conforme avancen las indagatorias se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco. (LD-rcb / OJO-jj)
