Lo que parecía un hecho aislado, se ha convertido en un inusual acoso contra los ciudadanos al estos visitar los parques públicos y lo que debería obligar al Congreso Nacional ha pronunciarse y prohibir el abuso de poder que se está perpetrando por parte de las autoridades municipales en el Gran Santo Domingo y también en San Cristóbal y sin que los ayuntamientos emitan una declaración que explique en que fundamentan semejante atropello.
Igualmente, debe puntualizarse dentro de que parámetros es que está autorizada a funcionar la llamada policía municipal y de la que se está viendo, que efectivamente tienen un comportamiento propio de un estado totalitario y al parecer contando con el apoyo de medios, periodistas y comunicadores. (OJO-jj)
