miércoles, noviembre 6, 2024
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De buenas a primeras, guardias y policías están actuando por toda la geografía nacional como si fueran un ejército de ocupación en territorio enemigo

Parecería que es cíclico, que cuando un gobierno, de pronto entiende que no las tiene todas consigo y que realmente está perdiendo popularidad y no obstante las altas cotas de populismo y clientelismo que practica, sus responsables miran para el otro lado y dejan que guardias y policías y con el pretexto de “resguardar la seguridad nacional” la emprendan abusivamente contra la población y en las situaciones más ridículas como chocantes o nimias.

Recién un afamado youtuber mejicano, Luisito Comunica, fue víctima del ataque desproporcionado de un uniformado al servicio del metro capitaleño, quien ni corto ni perezoso agredió y montando en cólera, con quien a ese momento era un usuario de ese servicio público y por el simple hecho, de que en el metro no se permiten tomar fotos, videos o cualquier otro tipo de equipo de imagen.

Gracias a Dios que el desagradable percance no terminó en una agresión a tiros del uniformado y que por el video que se logró, parecía que ese era el objetivo de aquel energúmeno que no merece tener un uniforme de autoridad alguna.

Igual están ocurriendo otros hechos de agresiones abusivas de guardias y policías contra ciudadanos que esos uniformados entienden que son personas que no actúan dentro “de la ley”.

Por lo que se ha visto, el presidente Abinader e inexplicablemente, ha estado dejando que su policía y su guardia actúen represivamente y ante lo que se entiende un siniestro plan orquestado para aterrorizar a los ciudadanos y quienes de golpe y en la mayoría de los casos, no entienden por qué el gobierno actúa de manera tan desproporcionada como innecesaria.

Algunos atribuyen la nueva ola represiva a la actitud dictatorial de la ministra de Interior, Faride Raful, mujer que como nunca, actúa con una prepotencia desconocida en su comportamiento de cuando era senadora y al extremo, de que se desplaza entre tres todoterrenos (yipetas) negras de vidrios tintados y blindados y junto a un cuadro de escoltas motorizadas propios de cuando se está en un estado de guerra interna.

Sea o no la propiciadora de semejante política represiva, es evidente que la ministra de Estado y ante los ojos de todo el mundo, ya es considerada como la voluntad y persona que motoriza la ola represiva militar y policial y que como se ha visto, no ha logrado en lo absoluto que la inseguridad reinante disminuya y que por lo contrario aumente y con unos uniformados, que sintiéndose apoyados por el gobierno para hacer cuanto se les antoje, de hecho, están afectando el estado de derecho.

Véase este ejemplo, una fuerte mayoría nacional de clase media que no vive en la periferia de las ciudades y principalmente en el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana o San Francisco de Macorís y para mencionar algunas, siempre ha tenido disgusto por los negocios de comerciantes en barrios quienes, en horas de la noche, los convierten en antros de consumo alcohólico y libertinaje sexual y en algunos casos, de drogas ilícitas y que popularmente son denominados teteos.

Lo que se conoce, es que esos negocios, que tienen patente legal para operar y que también pagan impuestos y cubren los servicios públicos que utilizan como el eléctrico, indirectamente promueven el jolgorio que provocan y sabiendo que están afectando la tranquilidad de los vecinos y al mismo tiempo de afectar la tranquilidad social.

Ocurre entonces, que “el efecto Faride” llega a los lugares de esparcimiento y arremete cerrando negocios, lo que es de una afectación grave de la libertad de comercio, cuando lo que se debe hacer, es obligar a los dueños de esos antros, a que regularicen la cantidad de clientes que pueden recibir y sin afectar las vías de tránsito y desde luego sin música de volumen alto, cuyos decibeles afecten la salud de quienes se vean obligados a vivir dentro de semejante escándalo, pero no cerrarlos arbitraria y abusivamente.

Así se tiene, que en vez de tomar medidas proporcionadas con relación a la ilegalidad que se quiere evitar, las tropas parapoliciales arremeten contra todo y contra todos y en una muestra de ultrajante atentado del gobierno contra los fueros y derechos ciudadanos en una sociedad que ciertamente entiende que se está viviendo dentro de los moldes de una democracia totalitaria a lo PRM y con la sospecha de que el gobierno de Abinader se está comportando como si fuera una dictadura castrense impuesta.

Hasta ahora, lo que luce, es que el mismo Abinader consienten este despliegue de inseguridad y abuso de poder y por eso la autoridad desbordada de uniforme, acentúa cada vez los ilícitos que comete y tanto en carreteras y vías públicas, deteniendo sorpresivamente a quien quiera o cerrando tramos de las vías públicas y sus guardias y policías y con cara de pocos amigos y armas en mano, afectando la libertad de tránsito de las personas y en algunos casos hasta extorsionándoles.

El gobierno, es evidente que ha entendido que la seguridad del Estado la considera como un infame accionar represivo, que cada día luce más acentuado y generando un amplio disgusto ciudadano y ahora lo nuevo, de la vuelta de las tarjetas de recomendación de oficiales superiores y generales militares y policiales a favor de determinados ciudadanos y por lo que en base a estas, esos favorecidos se convierten en un nuevo tipo superior de ciudadano privilegiado al que la autoridad protege por encima de los demás y lo que es absolutamente inaceptable como inconstitucional, aparte, de que también genera un mercado clandestino de favores por paga.

Así mismo ya es público, que también se ha activado el negocio del alquiler de militares y policías al servicio de generales, que son alquilados a terceros para que se les sirvan de espalderos y comegente y cuya tarifa oscila entre 15 a 20 mil pesos por individuo y finalmente, la nueva disposición “secreta” de que los 100 mil exmilitares y expolicías registrados como “seguridad” de empresas privadas del ramo, actúen como espías para los servicios de inteligencia y quienes tienen y diariamente, que reportar ante la dirección militar o superintendencia de la seguridad privada todo cuanto pudiera entender “sospechoso” entre quienes cuidan.

Instamos al presidente Abinader que deje a un lado su equivocada imagen de represor militar y policial y que entienda, que el llegó al poder por unas elecciones libres en el 2020 aunque para el 2024 provocó un fraude descomunal electoral para reelegirse sin apoyo popular y gracias a la cobardía y corrupción ciudadana, que, por favor, no provoque las avispas y deje a la nación en paz.

Mientras tanto, solo esto: De buenas a primeras, guardias y policías están actuando por toda la geografía nacional como si fueran un ejército de ocupación en territorio enemigo. Con Dios. (DAG) 12.09.2024

 

 

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