Si una persona pública conoce de un hecho que entiende vulnera el orden legal en determinados aspectos y funciones de la vida pública y a ese atípico confidente, le da por irse a otro país y denunciar el asunto y con el objetivo expreso de que las autoridades de ese otro país intervengan en los asuntos internos dominicanos.
Sin duda que se trata de una actitud reprochable, que se merece los calificativos más duros, pero sí después del hecho, el individuo entiende que ciertos hechos que se han presentado a las pocas horas de su denuncia son las respuestas a su vergonzoso chivateo y el que se entiende que hizo por no confiar en nuestro estado de derecho y entonces reacciona infantilmente, diciendo que lo que está sucediendo es producto de lo que dijo en el exterior.
Entonces e inequívocamente, se hace evidente que ese señor y nos referimos al político e influenciador Carlos Peña, sino ha perdido el juicio, ha cometido un acto evidente de traición directa hacia las instituciones de su nación y cayendo entonces en el peligroso status, de que hay que investigarle y hasta procesarle judicialmente, por admitir la autoría del escándalo que ahora ocupa la atención de prácticamente toda la nación.
Y desde el momento que esto ocurre y por ser un asunto de orden público, obliga a las autoridades a investigarle exhaustivamente. Es decir y entrando en el tema. Desde EEUU se pregona, que un alto cargo del organismo que tiene que ver con la supervisión de la aplicación de las políticas persecución contra el narcotráfico, ha violentado su institucionalidad y por eso se le detiene e investiga y ya hoy está ante un tribunal federal para que responda sobre los hechos de los que se le acusa, manteniéndole detenido preventivamente.
Al trascender el caso y lo que significa, que por su magnitud en materia tan irregular, que parecería que el susodicho realmente ha prevaricado y actuado como una singular asociación de malhechores, no podía se extraño que el caso no se le ocultara a la opinión publica y de ahí que los medios de comunicación entren de lleno en el debate que se ha originado.
Ahora también se conoce, que el mismo exfuncionario, se le ha descubierto, que también está metido en una trama de venta y tráfico de visados y para favorecer a terceros, que para el sistema legal estadounidense pudiera que tuvieran un trato privilegiado al entenderse que poseen información de interés para una determinada investigación exhaustiva.
Las alarmas han sonado y desde Washington se advierte sobre el inicio de una investigación pormenorizada, mientras aquí la embajadora estadounidense revela ciertas interioridades que colocan al desnudo al funcionario responsable de hechos tan vergonzosos y que ponen en tela de juicio la idoneidad de los procedimientos burocráticos estadounidenses. Y de paso, restándole al sistema, autoridad moral y como clímax, cerrándose provisionalmente la sección a cargo de asuntos de narcotráfico que el investigado tenía a su responsabilidad.
Como se mire, el hecho es terriblemente grave. Habla de corrupción a un nivel insospechado y porque en cierta forma, se trata de la vulneración de un esquema de seguridad que se creía fuera de toda sospecha.
¿Qué nos llamó la atención?, que mientras el gobierno dominicano y vía la cancillería se interesa en indagar pormenores ante la diplomática estadounidense, lo que significa, que el gobierno dominicano está interesado en conocer si hay alguna implicación local.
Observemos, que el político criollo que dijo que él era el autor de la denuncia que ha conllevado todo este terremoto burocrático, en vez de guardar silencio prudente, el mismo se auto inculpa y proclama a los cuatro vientos y como si lo denunciado fuera una hazaña, que todo lo que está ocurriendo es producto de la investigación que en áreas congresionales y de investigación del gobierno federal estadounidense, este señor dice que formuló.
Desde luego, está claro que el referido señor y como político, quiere beneficiarse del escándalo y para ello, entonces tira más sal a la herida y proclama que el actual gobierno dominicano y en particular el partido oficial, tiene que ver directamente con un entramado ilegal de narcotráfico y que de acuerdo con sus palabras, también solicitó que se investigara.
¿Podría extrañar que el gobierno del presidente Abinader y del PRM y también de Competitividad, no se interesara en realizar su propia investigación y partiendo de lo que el político criollo ha reafirmado en acusación directa contra el partido oficial? Desde luego que no y lo que nos hace entender, que si llegara a ocurrir, otras voces y otros intereses de la vida dominicana, buscarán hacerse eco y sobredimensionar lo declarado inicialmente.
La suerte para quienes en el oficialismo se inquieten por lo denunciado, que como se trata de un asunto de estadounidenses e instituciones delicadas, se verá que la mayoría de los llamados políticos profesionales y comenzando por los tres expresidentes, tratarán de escurrir el bulto y diferir opiniones “hasta que las investigaciones se profundicen”.
Sin embargo, las sospechas han sido presentadas y seguro que en los lupanares mediáticos en las redes sociales, los analfabetos funcionales que las integran, comenzarán a especular, pero sí cuidando de no pasarse de listos y para que después sus visas no fueran canceladas, pero como siempre hay una viperina que no atienda razones, veremos que en las próximas 48 horas el escándalo político-mediático aumentará a más.
Obligándonos a plantear, que una realidad que entendemos objetiva y como es esa tan atrevida, de denunciar a un gobierno extranjero, una anomalía local, sobre un hecho político interno. es un comportamiento difícil de entender, menos, si quien lo hace se vanagloria y entonces pasa a traición y que como asunto de orden público, debe ser enfrentado como tal. Con Dios. (DAG) 14.02.2026
