República Dominicana debería preparar desde ahora las condiciones para transformar un eventual desarrollo de minerales críticos en nuevas capacidades productivas, técnicas e institucionales, en lugar de limitar la discusión al posible hallazgo de depósitos de tierras raras y otros recursos del subsuelo.
La propuesta parte de una visión hacia 2036 en la que el país pueda conocer mejor su territorio, formar técnicos y profesionales dominicanos, atraer capital y tecnología, fortalecer sus instituciones y generar beneficios verificables para las comunidades vinculadas a los recursos. La meta, además, sería encontrar una posición competitiva dentro de una cadena hemisférica de minerales críticos.
El planteamiento fue expuesto por Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), durante un panel sobre minerales críticos realizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, D.C., como parte de la Semana Dominicana en Estados Unidos, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR). Valerio Jiminián sostuvo que República Dominicana ya cuenta con una base jurídica sobre la cual desarrollar su industria minera, pero advirtió que las características de las inversiones del siglo XXI requieren procedimientos institucionales capaces de responder a proyectos complejos y de largo plazo.
“El problema no consiste en reducir regulación. Consiste en hacerla más clara, coordinada, trazable y previsible”, afirmó. Para el representante del sector minero, uno de los aspectos que puede incidir en la capacidad del país para atraer inversiones es la previsibilidad de los procesos. Señaló que un inversionista responsable puede operar bajo estándares ambientales exigentes, pero enfrenta mayores dificultades cuando existe incertidumbre sobre las instituciones responsables de decidir, los requisitos aplicables, la duración de los procedimientos y la interacción entre las distintas entidades del Estado.
En ese sentido, Camipe plantea una serie de cambios orientados a hacer más eficiente la gestión de los proyectos mineros. Entre ellos figuran una Ventanilla Única Minera, la digitalización de los procesos, una mayor coordinación entre las instituciones, la trazabilidad de los expedientes, plazos razonables y reglas claras desde la etapa de exploración hasta el cierre de las operaciones.
“Agilizar no significa flexibilizar. Podemos tener evaluaciones ambientales rigurosas y procedimientos administrativos eficientes al mismo tiempo”, expresó Valerio Jiminián.
La propuesta coloca la seguridad jurídica como un elemento que, según Camipe, beneficia no solamente al inversionista, sino también al Estado, las comunidades y el medio ambiente, porque permite que los distintos actores conozcan previamente las reglas bajo las cuales se desarrollarán los proyectos.
El planteamiento adquiere una importancia adicional en el caso de los minerales críticos, por el papel que estos tienen para la tecnología, la transición energética y las cadenas internacionales de suministro. En este escenario, la discusión para República Dominicana no se limitaría a determinar si existen recursos aprovechables, sino a establecer qué capacidades económicas y productivas podría desarrollar el país alrededor de ellos.
La formación de capital humano es importante
Según se explicó, la visión presentada para 2036 contempla que el eventual aprovechamiento de estos recursos vaya acompañado de la formación de capital humano dominicano y de la incorporación de tecnología.
También plantea fortalecer las instituciones vinculadas al sector, generar beneficios verificables para las comunidades relacionadas con los recursos y proteger de manera responsable el patrimonio ambiental. (EC y corrección titular: @porojocerradura)
