El fenómeno nunca había sucedido en un sistema democrático, que como el dominicano, tiene 65 años de existencia continua y que ha sorprendido, porque nunca nadie se imaginó que legisladores, quienes en gran mayoría fueron designados de a dedo y de acuerdo a sus aportes financieros a la campaña electoral en la mayoría de los casos, tendrían el atrevimiento de conspirar contra la República y pretendiendo imponer un código penal que impusiera cárcel y destierro a los ciudadanos que osen criticar a sus miembros o denunciar públicamente sus inconductas.
En esa tratativa y esto es lo más significativo, el Poder Ejecutivo ha apoyado la tremenda ligereza inconstitucional y por eso, ahora mismo, ambos poderes del Estado están siendo severamente cuestionados y por una ciudadanía, cuya gente razona, que esos poderes quieren imponer una dictadura “legal” que le de firmeza al virtual estado policial que el gobierno del PRM ha establecido desde hace seis años y al amparo de corromper a la mayoría de los ciudadanos
Por eso y desde el momento que los dominicanos hacemos conciencia de la grande como grave tropelía que los poderes Legislativo y Ejecutivo pretenden, por obligación y razón de patria, la nación ha comenzado a mostrarse absolutamente reticente a respaldarles y de ahí que ya el ambiente sea, el de combatir con firmeza a un Poder Legislativo alzado contra la Constitución y la salud democrática de la República.
De ahí que toda la República está aguardando el día 3 o el 5 de agosto, que se supone, el código penal reformado con miras de imponer coacciones ilimitadas a los ciudadanos será el que se impondrá o si por lo contrario, ha sido modificado por medio de una contra reforma atípica y gracias a la sostenida presión popular.
Mientras, el criterio es solo uno: Que desde el momento que senadores y diputados reformaron un código penal con el propósito de perseguir la opinión libre, no merecen que se les tenga confianza y sí que se les enfrente y con una sola determinación: Ellos, o la República. (DAG-OJO)
