“Sin cuerpo no hay delito”. Esta frase ha resonado con fuerza en el caso de la niña Brianna Genao, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre.
El rumor cobró relevancia luego de que trascendiera que uno de los implicados habría pronunciado estas palabras al subestimar las consecuencias penales de sus actos.
Sin embargo, la jurisprudencia en la República Dominicana dicta lo contrario.
Existe un precedente histórico: la condena a 30 años de prisión por el secuestro, desaparición y asesinato de un comerciante de 85 años en la provincia Espaillat, raptado en su hogar de Villa Trina en noviembre de 2013.
El caso Ramón (Monso) Sánchez
El proceso de Ramón “Monso” Sánchez marcó un antes y un después en el derecho penal dominicano. Fue la primera vez que un tribunal impuso la pena máxima contra cinco hombres, incluyendo al hijo de la víctima, por un homicidio donde el cuerpo nunca fue recuperado.
Los jueces del Tribunal Colegiado de Monseñor Nouel, decisión ratificada luego por la Suprema Corte de Justicia, hallaron culpables a Winston Antonio Rosa Salas, José Antonio Polanco Salcedo, José Reyes Moya, Francisco Javier Estrella y Julio César Sánchez (hijo del comerciante) por el rapto y posterior desaparición de Sánchez.
Confesión y condena
En 2014, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, reveló que los implicados confesaron haber torturado al empresario durante dos semanas mientras exigían un rescate de 2.5 millones de pesos.
Según los interrogatorios, los captores admitieron que, ante la resistencia del octogenario, lo golpearon en la cabeza provocándole la muerte.
Posteriormente, envolvieron el cadáver en fundas negras y lo lanzaron a un canal de riego en las proximidades de Navarrete, Santiago. Pese a las intensas búsquedas, el cuerpo jamás fue hallado.
La clave: La prueba indiciaria
El fiscal Fernando Martínez, responsable de la investigación, explicó en su momento que se logró la condena gracias a un sólido expediente de pruebas indiciarias.
“Pudimos establecer que Monso Sánchez nunca salió del país y que todos los indicios apuntaban a un rapto violento de su hogar”, apuntó Martínez.
Debido a vínculos de los magistrados locales con los involucrados, el juicio fue trasladado de jurisdicción.
Actualmente, los convictos cumplen su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca. Por su parte, Julio César Sánchez, autor intelectual del crimen contra su propio padre, falleció en 2019 tras ingerir una sustancia tóxica en un presunto suicidio. (LD-am / OJO)
