Una vez más, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas al país de su gestión de Gobierno el próximo 27 de febrero, otro año sin que el mandatario haya sometido al Congreso Nacional, hasta el momento, varias leyes de impacto que prometió.
Si bien el mandatario introdujo al órgano bicameral los proyectos de ley de reforma policial y de fusión Mescyt-Minerd -por citar dos ejemplos-, siguen pendientes otros marcos jurídicos que el Poder Ejecutivo también debió de presentar ante el Congreso hace tiempo.
El proyecto de ley de aguas es una de esas promesas, una de las legislaciones más esperadas por la población.
Aunque el Senado conformó una comisión especial que estudia “el proyecto de ley de agua de la República Dominicana”, sometido por los senadores Gustavo Lara (PRM-San Cristóbal) y Dagoberto Rodríguez (PRM-Independencia), la pieza del presidente de la República sigue ausente.
El Gobierno elaboraba una iniciativa legislativa sobre el agua, cuyo borrador tuvo sus últimas modificaciones en octubre de 2023. Se dijo, en esa fecha, que el proyecto sería entregado a los entonces titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente “dentro de una semana” para que decidieran el curso de la legislación. Sin embargo, el marco legal no ha llegado a la sede el primer Poder del Estado hasta el momento de elaborar esta nota.
El anteproyecto de ley de aguas, que busca regular el uso, acceso y manejo sostenible del recurso hídrico en el país, fue actualizado por el viceministerio de Suelos y Aguas de Medio Ambiente, así como por la Dirección Jurídica.
Según se informó a principios de octubre del 2023, Pável Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton, ministros del momento de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, recibirían el borrador de la normativa en una semana, para que, si así lo consideraran, lo entregaran al Poder Ejecutivo, quien, al tener iniciativa legislativa, tiene la facultad de introducir la pieza en una de las dos cámaras congresuales. Lo que no ha ocurrido.
El lunes 27 de enero de 2025, en LA Semanal, el presidente Abinader prometió que sometería la iniciativa al Congreso “después del 27 de febrero”, y aún se espera.
Reforma a la Ley de Seguridad Social
El Poder Ejecutivo deberá someter a las cámaras parlamentarias el pliego legislativo para transformar la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), una de las reformas discutidas en el Consejo Económico y Social (CES) en la pasada gestión del líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Durante su juramentación para su segundo mandato como presidente de la República, Luis Abinader dijo que este Gobierno, luego de diálogos constantes, presentaría “en este año 2024” la propuesta de reforma del Sistema de Seguridad Social, encaminada a fortalecerlo y a proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos.
La comisión bicameral del Congreso designada para el estudio de la reforma a la Ley 87-01 estuvo a cargo de 10 iniciativas en la pasada legislatura, ninguna de ellas del mandatario, ya que esta no ha sido introducida en las alas legislativas.
“Un presidente de la República que al principio había dicho que se iba a modificar la Ley de Seguridad Social, pues ha brillado por su ausencia”, sostuvo semanas atrás el diputado Rafael Castillo (FP), presidente de la comisión, al precisar que la importante ley es muy económica, por lo consideró que el Gobierno debe estar involucrado en materia de pensión y de salud.
Castillo no augura mucho éxito en los estudios de la reforma legislativa hasta el que el Ejecutivo deposite su versión de Seguridad Social, aunque destaca avances logrados en el estudio de la misma en los encuentros con el grupo de senadores y diputados que preside.
Nueva ley de trata
En la lista de las promesas legislativas del Gobierno a espera de ser cumplidas está el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, el cual fue retirado del Senado de la República en febrero de 2023, “para lograr el consenso público necesario”.
La pieza fue sometida a la Cámara Alta el 12 de diciembre de 2022, pero tuvo que ser retirada ante el rechazo nacional por ir en contra de la autodeterminación y soberanía del país. El 12 de febrero de 2023 el jefe de Estado prometió que “en un plazo no mayor a los 45 días” volvería a introducir la controversial iniciativa.
En junio de 2024, el presidente sometió un proyecto que hace leves modificaciones a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. El Gobierno explicó que no se trataba de la pieza retirada, debido a que “requiere un debate pausado”. En abril de 2025, el mandatario sometió otra iniciativa de modificación a la Ley 137-03, pero no el proyecto esperado, el cual sigue pendiente.
Ley para regular las empresas públicas
En julio de 2023, el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reveló que se daban “los toques finales” a un proyecto de ley que busca organizar y regular las empresas públicas de la República Dominicana, que son en su totalidad de capital público o que dentro de su capital el Estado tiene la mayoría de las acciones.
La información la ofreció en una entrevista especial de elCaribe-CDN, en la que comentó que el país no cuenta con marco jurídico que regule de manera expresa las empresas públicas, las cuales -según abundó- se crean sin que haya una legislación que ordene los pasos y los mecanismos a seguir, como ocurre con la constitución de los fideicomisos públicos o privados. El funcionario volvió a referirse al tema en marzo de 2025, y afirmó que la pieza estaba “casi lista”. No obstante, la legislación no ha llegado a las cámaras parlamentarias.
El presidente tiene iniciativa de ley
La Constitución establece, en su artículo 96, que el presidente de la República es uno de los entes del Estado que tiene derecho a iniciativa en la formación de leyes.
El Ejecutivo prometió modificar la pieza
El Congreso Nacional espera el proyecto de ley para modificar la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República (Ley 10-07), que persigue garantizar un control riguroso y una evaluación completa de los procesos y actividades gubernamentales. “Procuraré la modificación de la Ley 10-07 (… ) a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones de carácter público”, señaló el presidente Luis Abinader en diciembre de 2020, en un discurso oficial sobre medidas anticorrupción y reformas institucionales.
La Ley 10-07 busca instituir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes; establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República; regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, entre otros puntos.
Luis Abinader
Este Gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del Sistema de Seguridad Social. (EC-ap / OJO)
