Varios diputados de bancadas políticas opositoras al Gobierno reaccionaron este martes a las declaraciones emitidas por el presidente Luis Abinader, en las cuales no descartó la posibilidad de solicitar al Congreso Nacional declarar un estado de emergencia en el país.
El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación (PLD), considera que el Poder Ejecutivo buscaría establecer un estado de excepción para realizar compras públicas, sin someterse a los procedimientos ordinarios de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
«No es necesario un estado de emergencia, lo que quieren es comprar de manera directa, evadir controles, hacerlo de manera oscura y no ser transparente, para eso es que lo quieren», afirmó al ser entrevistado en el Congreso Nacional.
Mariotti recordó que el Gobierno no requirió de este mecanismo constitucional la pasada semana para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Melissa, razón por la cual entiende no es una necesidad en la actualidad.
«Melissa va llegando a Jamaica. La semana pasada no tuvimos estado de emergencia y nos manejamos de lo más normal…», expresó.
El legislador expresó que «la emergencia» registrada en el territorio nacional se debe a la falta de planificación del tren gubernamental encabezado por el mandatario Abinader.
«Esa es la emergencia que ellos tienen, que no saben planificarse y no tienen una coherencia en la manera de ejecutar el gasto público», aseguró.
«Excusa para préstamos»
Por otro lado, el diputado Carlos de Pérez entiende que la declaratoria de emergencia serviría para el jefe de Estado como «la principal excusa» para requerir de empréstitos internacionales.
«Esta era una excelente excusa para que el presidente Luis Abinader pudiera al Congreso Nacional nuevos préstamos, que es en lo único que este Gobierno ha sido productivo», precisó De Pérez, quien integra el bloque de la Fuerza del Pueblo (FP).
Asimismo, el diputado Ramón Raposo aclaró que no respaldará la petición, en caso del presidente enviarla, si el presupuesto de las instituciones gubernamentales sería destinado a «satisfacer intereses particulares».
«No queremos abrirle la brecha al Gobierno para que satisfaga intereses de particulares, como se ha hecho de manera constante, con el erario», dijo Raposo, quien pertenecía a las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El congresista resaltó que cualquier propuesta debe ser sometida en el órgano legislativo a una «exhaustiva investigación» para identificar el impacto real de los recursos económicos utilizados.
No obstante, tanto Pérez como Raposo coincidieron en que, «si se habla de un estado de emergencia, debe hacerse» para asistir a las familias afectadas por las precipitaciones del fenómeno atmosférico.
Respaldo del PRM
Mientras tanto, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como Moisés Ayala y María Ortíz han manifestado estar en disposición de respaldar este tipo de estado de excepción.
«He pedido a todos los ministerios involucrados que realicen una evaluación integral de daños. Con esos informes tomaremos la decisión de si es necesario declarar un estado de emergencia nacional», reseñaron los medios de comunicación ayer compartiendo las expresiones del mandatario realizadas en La Semanal.
«Dependerá del presidente»
Mientras tanto, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, reiteró esta tarde la aclaración de que es el presidente Abinader que deberá decidir si el país requiere un estado de emergencia.
No obstante, es el Congreso Nacional el órgano encargado de autorizar esta petición, según dijo a reporteros de este medio.
¿Qué es un estado de emergencia?
«Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias», lo establece el artículo 262 de la Carta Magna.
El estado de emergencia es un tipo de estado de excepción que se puede habilitar cuando surgen hechos «que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública». (LD-av / OJO)
