Nadie puede alegrarse de que un chico de treinta años vaya a pasarse la vida en una cárcel. Afortunadamente, hace tiempo que la democracia nos ha educado en la posibilidad de pensar también en la reinserción, en la proporcionalidad de las penas, en los derechos humanos. Todo ello nos coloca la cabeza para que la pena de muerte no pueda entrar en nuestros cánones básicos, claro. Y que nadie nos lo cambie.
De ahí a pedir (desde que se supo la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta) que intervenga el Gobierno Español e incluso el Rey de España, para que Daniel Sancho cumpla toda su pena en España, va un mundo.
Daniel Sancho no es un nene. Aunque su padre considere que con treinta años lo es y que ha vivido como tal. Daniel cometió muchos errores y reconoció, sin ambages, detalles que le dejaban claramente como autor de los hechos. Eso, justo eso, y tal y como dicen los expertos en el sistema judicial de Tailandia, le ha salvado de la pena capital. Y también dicen los expertos que la estrategia de su defensa no ha sido la mejor y que, por lo que vemos en las conexiones televisivas, está bastante nerviosa.
Insisto en que, este caso, muy mediático, deja bastantes apuntes para tomar nota. Lo primero es que, si Daniel Sancho no fuera hijo y nieto de una saga de actores muy famosa y querida, este chico se hubiera hecho bola en una cárcel extranjera sin que nadie se acordara de su cara. Segundo es que es rubio y guapo. La opinión pública para eso es bastante exquisita. Y tercero: a nadie se le ocurriría, sin las otras dos opciones anteriores, pedir, casi exigir, que se impliquen las instituciones más altas del Estado en su traslado. Como dijo Risto Mejide, es una hipocresía que sospechemos de cualquier persona que venga en un cayuco porque es un delincuente en potencia y que seamos tan generosos con alguien que está condenado por dejar a un señor descuartizado. Que no lo digo yo, que lo dice una sentencia. Por: María José Navarro (La Razón)
