Lógico y aceptable debe ser, que cualquier ciudadano o entidad civil capacitada, muestre interés en querer que los funcionarios públicos se comporten con el comedimiento, sentido común, honestidad e integridad personales que la ciudadanía aspira y lo que es loable, pero no así, cuando lo que en el fondo se quiere, es afectar la voluntad y el libre discernimiento ciudadano y pretendiendo manipular y que es el caso, el sentir de la atrapada opinión pública y con el solo objetivo de desacreditar ampliamente al partido de gobierno, en este caso, el Revolucionario Moderno (PRD) y también a todos los demás opositores y sus aliados respectivos.
Es decir, ya no se trata de querer que las inconductas se corrijan, sino de provocar un sentimiento colectivo de animadversión y predisposición contra todos los políticos que trabajan a todos los niveles de la administración pública y como mecanismo solapado para desacreditar a la partidocracia en sí misma y luego, querer presentar a sus políticos, la mayoría, como lo peor que esta nación pudiera tener al frente de la cosa pública.
En este sentido, el anuncio del grupo de presión y ONG, Participación Ciudadana y en el sentido de que creará una aplicación para denunciar el uso de los fondos públicos en campaña, es uno que y puntualicemos, que va dirigido directamente contra el PRM y contra todos los partidos que participen en la contienda electoral y que preferentemente vayan como aliados del partido de gobierno e indirectamente como parte de las alianzas que hicieran los opositores de los partidos, Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
Tan grave es la novedad que se anuncia y por su abierta intención de afectar fuertemente la libertad de conciencia de los ciudadanos y para que de esa manera estos acosen a los ciudadanos en capacidad electoral, que lo menos que se puede hacer, es solicitar a la Junta Central Electoral (JCE) que a lo inmediato habrá una investigación que determine los niveles de coacción indirecta, que contra la libertad de escogencia la misma encierra y de afectación de la Carta Magna.
Y a partir de esta indagatoria, determinar cuál es el nivel exacto de agresión contra la Constitución de la República y en particular sobre la Ley Electoral vigente respecto a los partidos y formaciones políticas y que, de comprobarse, generaría una muy sería afectación y condicionamiento del libre albedrío ciudadano, que bajo ningún concepto se podría aceptar.
Porque vamos a ver, por años y más de ocho periodos eleccionarios, todos los ciudadanos sabemos los puntos delincuenciales de las formaciones políticas como de sus militantes y estos como parte de la empleomanía o de los suplidores del Estado y siempre se ha pretendido y ahí las denuncias continuas al respecto, de que sea el estado de derecho y mediante los canales constitucionales al efecto, los que se encarguen de denunciar y estigmatizar a los funcionarios que delinquen, pero en ningún caso, no al nivel que abusiva y desconsideradamente PC quiere y que sin duda alguna, sería un muy serio atentado contra la aplicabilidad de los cánones constitucionales.
Si se estuviera en EEUU y lo que los estadounidenses de origen dominicano y en capacidad electoral allí, bien entienden, lo que PC quiere es una vuelta a las desastrosas políticas represivas Mac cartistas de cuando inicios de la Guerra Fría y a lo interno de la vida política estadounidense, que tantos odios, insatisfacciones y venganzas generaron y que hay que traer a tema, sabiéndose, que el “asesor” principal de PC y actuando como mensajero del gobierno corporativo clandestino (GCC) al que se debe, se reunió recientemente con un alto cargo de la embajada estadounidense y de acuerdo a lo que nos dijeron nuestras fuentes: “delineando las medidas de control civil que impidan que partidos y en particular el de gobierno, pudieran continuar actuando como chivos sin ley en el manejo de los recursos públicos” y que si venimos a ver, es un asunto que a ningún extranjero le compete y porque afecta el orden institucional interno desde el punto de vista del mismo Estado.
En realidad, no se trata simplemente de un interés supuestamente sano, sino de querer iniciar un desagradable proceso de afectación de todos los dominicanos que trabajan en la administración pública y con un definido empeño contra el partido de gobierno y los de oposición. Habría que decir, una especie de Gestapo o de fuerzas investigativa neonazi y si utilizamos las descalificaciones que ahora corren en Europa, envenenando a todo el mundo.
¿Por qué esta gente -la mayoría moralmente descalificada- y por haber sido parte de la corrupción en gobiernos anteriores en los que de una u otra forma participaron y salieron indemnes, quieren ahora erigirse en el dedo acusador y para que los ciudadanos terminen dejándose manipular y dado que tan pronto se señalen personas, automáticamente también sus familias, serían parte del descrédito mediático que se le vendría encima a los señalados?
Estamos hablando, de que, si en la administración pública hay un millón de personas en sus nóminas y cada una de estas e individualmente, tienen no menos de tres dependientes mayores de 18 años, estaríamos conociendo un veto “moral”, que abarcaría casi la totalidad de 4.0 de los 7.5 millones de dominicanos aptos para votar entre febrero y mayo de 2024 o lo que es lo mismo, sería una afectación directa para la partidocracia y absolutamente inaceptable.
La democracia, tiene por sí misma los correctivos naturales para enfrentar la delincuencia de cuello blanco desde la administración pública y como se conoce con las iniciativas que se tienen, de que con los nueve grandes casos criminales que el ministerio público está llevando ante los tribunales y para lo cual y con todos nuestros errores e imperfecciones, somos los medios de comunicación y periodistas y comentaristas los llamado a ejercer de filtro y sin afectar la libertad de conciencia de nadie y mucho menos su libre albedrío.
Todavía más y como se ha visto, quienes están de acuerdo con las medidas persecutorias arbitrarias de fiscales y jueces negando el derecho que les asiste a los imputados a pertenecer en libertad y defenderse adecuadamente de las imputaciones que se les hagan, por ningún lado se ha visto que ese tipo de proceso coercitivo vaya a afectar, a lo inmediato, el libre albedrío de los procesados y de sus familias, quienes sobre este particular, no pierden ni le son afectados sus fueros ciudadanos y electorales.
Pero lo que Participación Ciudadano propone ahora, es una verdadera afectación de derechos, así como un encubierto ataque contra la institucionalidad de las formaciones políticas en su conjunto y lo que solo si este país se ha convertido en uno atrofiado y con una ciudadanía que no sabe defender sus derechos, sería posible que semejante desastre inconstitucional se perpetre.
En consecuencia, reclamamos, que políticos y partidos y en particular el de gobierno y los principales opositores y sus aliados, encaren esta insólita pretensión de Participación Ciudadana, que de suyo, es el más grosero atentado contra el sistema democrático en los últimos 62 años y por parte de todo un grupo de empresarios y financistas, quienes a jura de Dios, no quieren que las próximas autoridades nacionales y tanto a nivel presidencial, legislativo y municipal, sean mucho más independientes de criterios que las mismas actuales.
Obligándonos entonces, a denunciar, que el gobierno corporativo clandestino y su brazo ejecutor Participación Ciudadana, anuncian un nuevo mecanismo para afectar la libertad de conciencia de los ciudadanos y de ñapa, afectar al PRM y a los principales partidos opositores y sus aliados. (DAG) 29.05.2028
