El proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes ha provocado un ruido innecesario basado en una interpretación tergiversada de su articulado.
Hay un consenso nacional innegable: queremos terminar con la inmigración ilegal, con el tráfico de personas, con las redes de trata de personas, tanto para fines sexuales como de otra índole. Estamos cansados de “sospechar” que en la frontera se cobra peaje a las redes que mueven migrantes ilegalmente. Más cansados aún de las pretensiones de la comunidad internacional de que el problema haitiano sea responsabilidad del país. Y nadie en su sano juicio puede oponerse a unas medidas que luchan contra la trata de personas en cualquiera de sus formas. Pero cuando se trata de castigar esos delitos o de proteger a las víctimas… ¿nos oponemos?
Se ha querido difundir la idea de que esta ley fuerza al país a acoger y “cargar” (es el término que utilizan algunos) con los inmigrantes ilegales. De ahí a la implantación de campos de refugiados solo hay un paso, insisten.
La ley que se ha propuesto indica clarísimamente que los únicos beneficiados de los programas de atención y asistencia son las víctimas de trata de personas mediante el uso de violencia con fines de explotación o esclavitud. Esas que todos los tratados internacionales que el país ha suscrito a lo largo de décadas (este no es un invento nuevo) protegen por el principio de no devolución.
La migración ilegal no se beneficiará de ninguno de los programas de asistencia que el proyecto contempla. La campaña que se ha desatado especialmente en redes hace más necesario que nunca un gran pacto nacional sobre la migración ilegal. La paradoja es que sobre este tema hay un consenso bastante generalizado. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
