domingo, enero 29, 2023
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¿En base a que supuesto derecho, una casta gobernante se le impone al electorado de su país, hace lo que quiere y derroca con pretextos insostenibles a su gobernante?

En Perú, acaba de darse lo que entendemos, es la primera parte de la fragmentación a peor de la voluntad popular libremente expresada en las urnas y con el pretexto de que un presidente de la República no podía ni debía sublevarse contra la tiranía abusiva de un parlamento de supuestos “izquierdistas”, quienes rabiosos por haber perdido la presidencia de su nación, utilizarían su mandato legislativo para afectar de manera tan singular la gobernabilidad de aquella nación de pasado histórico aborigen tan esplendoroso.

El acontecimiento, doloroso para la institucionalidad democrática, nunca se entenderá si antes no nos detenemos en el sello de la conquista y colonización españolas y su carácter esencialmente elitista y absolutamente prejuiciado contra la población aborigen o indígena.

Al mismo tiempo y en la medida que aquellos pueblos sudamericanos y centroamericanos de amplia población indígena se independizaron de España, erróneamente llamada como “la madre patria”, surgió una variable de la aristocracia española entre los terratenientes y altos burócratas de la colonia, denominados criollos y quienes al formar el estamento social de las familias de primera, adoptaron a nivel absoluto las costumbres despóticas y aristocráticas ibéricas y tanto, que desde ese grupo clasista fue que surgió la clase gobernante que controlaba la administración colonial y que ya parte de un nuevo país independiente, le secuestró de pleno.

En este sentido, el militarismo por un lado, el factor religioso católico por el otro y con una población absolutamente postrada ante sus nuevos amos, ahora no sujetos a control de la metrópoli colonial, se conformó un sistema social de castas subjetivamente totalitarias, que por años y siglos, a naciones como Perú, hizo de la misma su feudo y al tiempo que a su población mayoritariamente indígena o aborigen, se la dominaba en base al consumo de la hoja de coca, que increíblemente impulsaba las normas esclavistas más heterogéneas.

De esa manera, todas esas naciones sudacas y centroamericanas y el mismo México y con ligeras variables, sus clases gobernantes entronizaron un explotador sistema monárquico fundamentado en la espada “justiciera” y la cruz sangrienta.

Con la evolución del tiempo y llegados los primeros aires de civilización a la europea y el surgimiento de nuevas tecnologías como la imprenta, se crea una clase intelectual ferozmente racista anti indígena y también anti negra, cuya mayor expresión de dominio se tiene en los periódicos escritos y revistas de la época, quienes comienzan a moldear la sociedad dentro de parámetros de exclusión calcados de las potencias coloniales europeas y siempre con la prevalencia de un odioso y oprobioso sistema de castas, que como se conoce, es un sistema social en el que el estatus personal se adjudica de por vida. Las mismas, hijas de un llamado sistema novohispano y abarcan 16 castas o cruzas: Mestizo: hijo de español e indígena. Castizo: hijo de mestizo y española., Zambo: hijo de africano e indígena., Mulato o Pardo: hijo de español y africana., Morisco: hijo de mulato con española., Coyote o Cholo: hijo de mestizo e indígena. y Chino: hijo de mulato e indígena.

De este modo, tenemos, que los peruanos y dentro de su actualidad política, son dominados por hijos de criollos que dominan las esferas de la alta sociedad y la jerarquía gubernativa y todo un abigarrado conjunto de indios que representan preponderantemente la estructura social y de una forma tendenciosamente jerárquica. Desde este punto de vista, el Perú como otras naciones sudacas, centroamericanas y mejicanas, no se corresponde a un esquema real de amplia libertad ciudadana en el que un sistema político democrático sea una esencia.

Es por ello, que, en Perú, un presidente mestizo (José Pedro Castillo Terrones, 53 años. Ascendió al poder el 28 de julio de 2021 y sacado del poder mediante un golpe de Estado legislativo, en el día de ayer) es vapuleado y obstaculizado a más no poder por un parlamento mestizo, pero de raíz indígena o aborigen y en las cercanías de su entorno, cercado por la vigilancia o acción opresiva de una oligarquía, que, para los efectos, es lo más parecido a una plutocracia eternizada.

Castillo y desde que llegó al poder producto de elecciones libres, pero contando con la oposición acerada del partido que le presentara como candidato y de su lider, nunca pudo sustraerse a los vaivenes de una oposición política tan implacable y la que, en términos amplios, nunca le dio el menor respiro. Acorralado, por la amenaza de un pretendido juicio político que quería destituirle “por incapacidad moral”, entendió que no tenía otra salida que cesar al parlamento y convocar a nuevas elecciones.

Desde el parlamento, que es un ente rechazado por el 86 por ciento de la población, la respuesta fue fulminante: No reconocerle como presidente de la República, darle un golpe de Estado y con el apoyo de la vicepresidente, a la que el parlamento designó como nueva presidenta, pero sin su apoyo; terminar por quedar en la penosa situación de reo de sus encarnizados enemigos políticos y con cárcel de por medio.

Si realmente en el Perú, la majestad de la Constitución fuera respetada, el triste espectáculo montado no se hubiese producido y menos, si la separación objetiva de los poderes públicos se ajustara al orden institucional, cuya base legitima y legal es el respeto a los millones de votantes que había votado por el presidente constitucional.

Por eso, ahora en Perú hay un gobierno de dudosa raíz constitucional y del que todavía es muy temprano para entender que fuera a cumplir con el mandato de Castillo y esto así, porque debido a la anarquía legalizada a nivel gubernamental, aun no es posible entender que hubiese un derrotero constitucional cierto.

Lo prudente debería de ser, la creación de un gobierno provisional de no menos seis meses y que convoque a elecciones en el mismo lapso. Sin embargo, la entrada de la oligarquía y con su arma de reglamento mediática atizando las más bajas pasiones, mientras el ejército se mantiene expectante, no da pie a que se pueda suponer lo mejor. Quien escribe y esto como simple anécdota, el Perú que conocimos para el 1970, fue el presidido por el general Juan Francisco Velasco Alvarado (1968-1975) y quien libró una fuerte lucha contra la oligarquía y sus medios de comunicación, conformando y de acuerdo con los expertos, bajo “la figura de la revolución, el corporativismo y la democracia social, junto con el nacionalismo y la anti-oligarquía”.

Ahora, el Perú está bajo el control de manos inciertas y con la probabilidad de un resurgir militar hijo de la anarquía política parlamentaria que, es posible, terminaría por dar al trate con todo lo relativo a un gobierno constitucionalmente electo y lo que nos hace preguntar: ¿En base a que supuesto derecho, una casta gobernante se le impone al electorado de su país, hace lo que quiere y derroca con pretextos insostenibles a su gobernante? (DAG)

 

 

 

 

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