No hay ningún dominicano nacido a partir del año 1966, que no tenga el convencimiento de que la práctica política se caracteriza por guardar resquemores contra todo aquel que entienda su adversario o su rival personal y en esa tesitura, no existe ese dominicano, que ignore, que desde el 2000 y comenzando por el gobierno del PRD que encabezó Hipólito Mejía, la persecución más escandalosa contra sus adversarios o enemigos políticos, era propiciada por el partido blanco y exactamente como la misma colectividad política lo hacia tan pronto llegó al poder en el 1978.
Por lo tanto, pocos dominicanos adultos y ni hablar de los políticos de oficio, ninguno duda, de que en la actual persecución contra la corrupción por parte del PRM y como sucesor del PRD e independientemente de que a quienes persiga se les pudiera comprobar la comisión de actos ilegales desde el poder y que apunten al enriquecimiento ilícito o a la malversación de fondos públicos, que no entiendan, que ese aspecto de la impronta “histórica” del PRD de cuando la Guerra Fría, el mismo PRM no la exhiba o practique.
Ahora bien. Asumamos que todo se debe o se fundamenta en el hecho cierto, de que en este país, el rival o adversario político que llega al poder, de inmediato le da prioridad a lo que en el canibalismo político criollo se entiende el innegable ajuste de cuentas, contra quienes, ayer en el poder, o no asumieron una actitud decente frente a sus opositores como vía para dejarlos vivir sin afectarles sus intereses o por lo contrario, practicaron las maneras más desvergonzadas e hirientes de persecución política y por lo que ahora, fuera del poder, los nuevos que llegan, pretenden practicarles la misma dosis de maldad congénita.
Y cuando se entiende esto, entonces y necesariamente hay que entender el por qué el ámbito de persecución contra la corrupción del gobierno anterior, se asume con esa inquietante presencia de odio y rencor que quedan manifiestos con las siempre irregulares búsquedas de pruebas o con las vías de hechos representadas en la salvaje y desproporcionada persecución política contra imputados, a los que en principio y en líneas generales, todavía un tribunal de fondo no ha conocido las imputaciones y mucho menos haya decidido sobre las mismas.
Es por ello, que muchos entendemos, que los perseguidores aprovechan el impasse en lo de presentación de “pruebas”, para arremeter ferozmente contra la dignidad personal de los perseguidos y a extremos y como ya son los casos, de la también presencia de los infames juicios mediáticos paralelos, que con todo y lo inconstitucionales que son, los medios de prensa y periodistas que se prestan a semejante vagabundería, no le dan mente y respecto al terrible daño moral que perpetran y contra una mayoría de personas, a las que y por encima de todo, hay preservarles el derecho a que se les considere inocentes hasta que el tribunal a cargo no diga lo contrario.
Teniendo lo anterior bien presente y viendo la relación de los seis grandes casos ya paradigmáticos de corrupción desde el poder y por parte de exfuncionarios del gobierno anterior, a los que ahora y en líneas generales, el ministerio público persiguió en sus inicios con una ferocidad tan endemoniada, que poco faltó para que imputara expresamente a los miembros del tribunal de cuentas recién pasado. Que no sorprenda, que uno de los imputados, ex ministro de Salud él, haya respondido de la A a la Z, el informe de auditoría forense que le involucra y de acuerdo con “la nueva” Cámara de Cuentas, en un rosario de imputaciones sobre malversación de fondos públicos mega millonarios.
Sin embargo, el imputado y viendo que el mundo se le venía encima en materia de intento de destrucción de su moral y conducta, tuvo el buen juicio de haberse guardado copia de las pruebas y testimonios sobre las que su sucesor presentó como “pruebas de dolo” ante la CC y dando por resultado, que aquella presentara un informe en el que no se cuidó el detalle significativo, de que lo mucho que presentó como hechos ilícitos, no correspondían a la administración del doctor Freddy Hidalgo y quien ante la atrapada opinión pública pudo demostrarlo y por su respuesta fundamentada en papeles administrativos y de los que ahora, la propia Cámara de Cuentas deberá responder sobre la idoneidad profesional y también política de la misma y hasta que luego el tribunal a cargo determine sobre el particular.
Así resulta que ahora se tiene un nuevo caso y el que involucra el exministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, a quien el incumbente actual del referido ministerio y vía la dirección de compras y contrataciones de la entidad, hace ver la probabilidad, de que sobre determinados contratos de mas de 300 millones de pesos, estos no estén respaldados por los documentos que justifican sus operaciones.
Gonzalo Castillo respondió que había dejado los soportes y la Cámara de Cuentas advierte, que no los encontró o que no se lo entregaron, pero parecería, que Gonzalo Castillo no tuvo el cuido, qué sí tuvo el doctor Hidalgo, que su réplica la hizo en base a documentación probatoria de palabra y por lo que ahora se encuentra frente a la picota pública y con la posibilidad de ser lapidado mediáticamente.
Preguntamos, ¿acaso los soportes de que se habla pudieron haber sido destruidos por las nuevas autoridades para fastidiar al incumbente anterior y lo que se agrava, porque el ahora imputado mediáticamente, tampoco tuvo la precaución de guardarse copias legales que pudieran avalar su posible buena conducta administrativa y como sí hiciera el doctor Hidalgo?
Si resulta que nuestro razonamiento es válido, bien que habría que entender, que el calvario que le espera a Gonzalo Castillo será uno que habría que calificar de épico y si se quiere, también de surrealista y lo que nos llevaría a nuestro razonamiento inicial, en cuanto, a que, en la persecución contra la corrupción, es evidente que quienes investigan y por las razones que fueren, tienen odio y rencor y lo que no es bueno para una buena y correcta investigación. Detallamos, que, y como ha sido nuestra conducta profesional, que no conocemos, ni a uno ni al otro exfuncionario y menos al cuerpo de fiscales y subprocuradores y nunca a la actual PGR, lo que significa, que no tenemos ningún tipo de prejuicio contra todos estos actores sociales y lo que nos hace abrigar esperanzas, de que el canibalismo político y finalmente, tampoco en estos casos se pudiera imponer. (DAG)
