Desde los años 2000 a 2006 y en dos periodos consecutivos, la empresaria Elena Viyella de Paliza ocupó las presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) después de “entrenarse” como ejecutiva de otras organizaciones empresariales y recientemente, ocupa la especie de fideicomiso policial que maneja, controla y administra a la Policía Nacional y que desde esa posición, se le achacan las más de cien muertes que en los últimos dos meses registra la policía, más la abusiva ola represiva que se ha desatado contra la población de los barrios marginados capitaleños y que tiene en puro desespero, a toda una nación que no había conocido una policía tan represiva y compuesta por lo peor de los psicópatas que parecería que hubiesen renacido desde sus entrañas.
De acuerdo a lo que se informa y critica, en la uniformada, no es tanto el general que tiene de director y menos la ministra de interior que la han puesto para que se achicharre, quienes en apariencias son los responsables directos de las medidas draconianas que se dictan, sino la susodicha empresaria miembro activo del Consejo Nacional de Competitividad y respondiendo a loa intereses de clase, de individuos, la mayoría no dominicanos de origen, quienes por lo visto, asumen que como tienen un gobierno que compraron y teniendo de muñeco a un presidente débil de carácter, se encuentran en condiciones de imponer un sorpresivo mecanismo de gobierno de fuerza, que hasta ahora y desde el 2017, pero profundizando desde el 2020, realmente se le ha impuesto a la nación.
Y que es la razón de que organismos de la sociedad civil como de las fuerzas vivas y entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han silenciado y junto a los medios de la prensa mercancía tradicional, han guardado un bochornoso silencio sobre el genocidio que se está perpetrando contra la juventud y con el pretexto de que hay que acabar con la delincuencia juvenil particularmente, mientras a lo colateral, la policía perpetra “una depuración suigéneris” con los miles de puntos de drogas, cerca de 100 mil en el Gran Santo Domingo, asesinando y de acuerdo a sus críticos, a unos contra otros y los últimos, dejándolos a responsabilidad, de lo que más parece una especie de negocio bizarro dominado por la cadena de mando policial.
Quien primero denunció la trama criminal con apoyo oficial, ha sido el exsenador por la Romana, Iván Silva, quien valientemente lleva una lucha solitaria pretendiendo adecentar la función pública y criticando con dureza los excesos oficiales, que debería de ser la responsabilidad y obligación de una prensa libre y si efectivamente en este país existiera algo parecido.
No es posible y es a la conclusión a la que se llega, que en dos meses hayan sido asesinados doscientos jóvenes y que haya una cortina de silencios, tanto en los medios de la prensa tradicional como en los otros en las Redes Sociales y más en estos últimos, donde la mayoría de sus responsables y desde que están recibiendo cañonazos de papeletas del aparato de propaganda gubernamental, han empezado a acomodarse ante el solapado régimen de fuerza bruta del que Abinader se ha hecho responsable y respondiendo a las directrices de los 28 millonarios que controlan el Consejo Nacional de Competitividad de un total de 49, quienes ahora controlan el presupuesto nacional y por eso de que Viyella de Paliza se encuentre al frente del fideicomiso policial, donde un círculo estrecho de empresarios proveedores de servicios tienen el monopolio del mismo.
Que recordemos, solo la dura etapa de 1959 a 1961 cuando el aparato represivo de la dictadura se volcó contra los enemigos del régimen trujillista, los dominicanos de entonces conocieron situación tan calamitosa y que ya era el producto y reacción de células supuestamente antitrujillistas formadas por “izquierdistas y comunistas” quienes conspiraban abiertamente para derrocarla a partir de las fracasadas invasiones castristas de 1959.
Luego vino la otra etapa dura de la Guerra Fría para los años sesenta, que protagonizaron un grupo de jóvenes de clase media baja y con la etiqueta de comunistas, contra las fuerzas militares y policiales y con el pretexto de conspirar contra la “dictadura yanqui-balaguerista”, que obligó al poder acosado, a enfrentar punitivamente a quienes habían asesinado a más de doscientos militares y policías en aquella lucha sin sentido, que ahora, los “izquierdistas” que quedaron vivos de esa etapa de terror que protagonizaron, no solo que son parte del gobierno presente, sino que la mayoría, son ahora gente adinerada y de negocios de servicios con facturas millonarias y los menos diestros, escondidos y todavía con miedo, dizque siendo “guías de opinión” desde lupanares mediáticos electrónicos en la radio y la televisión e incursionando en las redes sociales, donde ejercen una virtual dictadura de silencios, que les sirve para que las generaciones presentes no conozcan las fechorías y crímenes que protagonizaron.
La denuncia de Silva ha sido tan reveladora, que hemos descubierto el velo que ha escondido el poder de vida y de muerte del fideicomiso policial y achacado a responsabilidad personal de la empresaria, mujer que ciertamente le pesan los ruedos de su falda.
Por supuesto y si dejamos a un lado el aspecto emocional de la denuncia del exsenador Silva, encontramos, que ciertamente, Viyella de Paliza podría achacársele que tiene y por lo menos, cierta responsabilidad moral compartida con los crímenes que la policía ha estado cometiendo y de lo que entendemos, que de alguna manera hay que detener, mientras llama la atención, que senadores y diputados opositores y a la cabeza el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández y de irresponsables, no hacen absolutamente nada para denunciar la ola de crímenes, que ciertamente han provocado un solo grito en los barrios capitaleños y particular e igualmente, los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes con el frenesí busca votos que tienen protagonizando con una sorpresiva campaña electoral fuera de tiempo, ni por asomo salen a defender a la población y lo que a su momento les costará bien caro en materia de votantes.
Al mismo tiempo, debe criticarse, lo que en la práctica se esta imponiendo de una sorpresiva reglamentación que no permite que los ciudadanos visiten parques públicos después de las ocho de la noche o que se encuentren en lugares de esparcimiento pasadas las diez de la noche y lo que es una grosera prohibición sobre la libertad de tránsito, que no se compadece con el supuesto estado democrático de derecho que se hace creer que existe.
Ni que decir, que no estamos de acuerdo con la orgía de sangre inocente que perpetra la policía y lo que nos hace preguntar: ¿Entonces quiere decir, que contra lo que se creía, es Elena Viyella de Paliza el poder detrás del trono en la policía y la voluntad que en apariencias, manda a matar y reprimir a la población? Con Dios. (DAG) 02.09.2025
última actualización: 08:44 am.
