Asumamos que sí, que como dicen los ultras de todo y agazapados en los lupanares mediáticos de las infames redes sociales, de que en el territorio nacional supuestamente “hay dos millones de haitianos”, cuando en la realidad, todavía no llegan al millón de personas. Y esto, entendido al conocer las estadísticas del casi medio millón que trabaja en la agroindustria, la minería, la construcción y el turismo y todos con contratos de trabajo y una mayoría con residencia legal regulada.
Sin embargo, de acuerdo con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Estado promulgó el Decreto No. 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as en situación migratoria irregular (PNRE) y la ley 169-14 ofreció el instrumento burocrático para su implementación.
De este último instrumento, resalta el llamado régimen normativo para dos grupos: A y B. Entiéndase:
Grupo A: “sobre las personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio "no residente", cuyos nacimientos fueron inscritos en los libros del Registro Civil dominicano”.
Y
Grupo B: “sobre las personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio "irregular", cuyos nacimientos no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano”.
Una lectura rápida de estos dos grupos y a nuestro modo de ver, indica, que el hijo del haitiano no residente, por necesidad debe de ser entendido como nacional de este país, mientras el hijo del haitiano irregular, vale decir, indocumentado, no entra en la categoría A.
Ahora bien, hay una realidad. Los hijos de ambos grupos nacieron aquí y por lo tanto, tampoco se les puede entender como extranjeros pura y simple o que tengan que ver con clasificársele como indocumentado de alguna naturaleza.
¿Solución no académica y tampoco burocrática y para corregir la situación? Emitir una ley o un decreto que consagre la amnistía para ambos grupos y el otorgamiento a sus hijos de la nacionalidad dominicana, mientras que para los padres irregulares o indocumentados y en razón de sus años en el territorio nacional, concedérsele la residencia legal y a modo de que cinco años luego puedan optar por la nacionalidad dominicana y esto, lo planteamos a grandes rasgos y como el mejor modo, de resolver una situación, a la que se le ha vivido dando vueltas y sin querer buscarle una solución definitiva.
Al nosotros disponer de nuestra redacción en Punta Cana, hemos podido comprobar, que más del cincuenta por ciento de los trabajadores haitianos y para fines migratorios son indocumentados, pero para fines de trabajo y si bien no están documentados debidamente, sí disponen de sus contratos de trabajo y pagan itbis, lo que de hecho les coloca en una situación mitad muy suigéneris de legal-ilegal y a los que si la burocracia no busca las vías para regularizarles de pleno, generará un incremento de esa terrible animosidad de negros y mulatos dominicanos en las redes sociales y manifestando un odio irracional contra sus iguales negros y mulatos haitianos.
Pero la situación va más allá y exactamente como ocurre en California, Nueva Orleans, Puerto Rico y Nueva York, que todos esos trabajadores, miembros de la mano de obra extranjera más laboriosa, no pueden ser cesados de golpe y si se quiere evitar un colapso en la parte de la economía en la que ellos están especializados.
Por ejemplo, hacer redadas en los centros turísticos y llevarse a la empleomanía haitiana “indocumentada”, sería paralizar de golpe una industria que deja más de 3 mil millones de dólares anuales de producción a la economía dominicana y así sucesivamente en otros renglones y esto en la parte este de nuestra geografía, porque si nos vamos al Cibao o al Sur, si esa mano de obra fuera retirada, el descalabro que sufriría la economía dominicana sería catastrófico.
¿Y esto por qué?, por el efecto multiplicador de la economía, donde un trabajo genera otros trabajos directos y muchos más indirectamente.
Las voces contrarias al indocumentado o ilegal haitiano, se rasgan sus vestiduras y al comprobar que, en esta zona del país, la mayoría de las escuelas tienen alumnos haitianos y la mayoría, nacidos aquí y de padres no totalmente regularizados y que es lo más natural, si sus padres viven en la provincia donde trabajan.
¿Por qué esos trabajadores no están regularizados?, porque la mayoría de los empresarios dominicanos y extranjeros, los prefieren irregulares y porque de esa manera los explotan, no les dan seguridad social y obligándolos a marginarse socialmente, en guetos, donde son presa fácil de la marginalidad social extrema: drogas, prostitución, sicariato, servidumbre esclava doméstica, etc.
Naturalmente, de esto no se habla en las redes y los insultos llueven para quienes tocamos el tema, en tanto desde el sector mediático de la prensa mercancía, sobre este particular, se mantiene una constante de mentiras, difamaciones e injurias que deberían avergonzar a sus autores.
En consecuencia, hasta ahora no ha habido manera de resolver el problema y el que no es de la mano de obra haitiana y sí de los mismos intereses empresariales y burocráticos dominicanos y quienes por un afán de lucro demoniaco, lo crearon.
Corría el año 1967 y el dictador Duvalier y el presidente Balaguer firmaron el primer acuerdo prorrogable de braceros haitianos “para el corte de la caña de azúcar” y quienes al cese de sus contratos (entre seis meses y un año) debían de ser retornados a su país. Sin embargo, al primer cambio de braceros, fueron empresarios cañeros y militares dominicanos los que lograron que el gobierno se hiciera de la vista gorda y permitiera que los que quisieran, se quedaran para ir a trabajar a los ingenios cañeros y a las fincas y explotaciones agrícolas a gran escala.
De ellos, fue que salió la base de la mano de obra haitiana para la industria de la construcción y que ha sido la que originó las grandes construcciones de ingeniería e hidráulicas de este país y que nos enorgullecen a todos. Unos aportando capital y otros, mano de obra y por paga más o menos.
Hablemos ahora de esos trabajadores y ya en bateyes o guetos de trabajo haciendo relaciones con personas del otro sexo al suyo y el comienzo de familias mixtas de los dos países y con hijos nacidos en los lugares de trabajo de sus padres. Contemos desde el 1968 al 2024 y nos encontraremos, que quienes nacieron en el 1968, tienen ahora 56 años y sus hijos nacidos en el 1988, con veinte años y la mayoría, solo conociendo como su patria y nación a la República Dominicana que acogió a sus padres y lo de acoger, por supuesto que es relativo.
Entonces, que vamos a hacer con todos ellos, ¿obligarlos a ir a un Haití que cultural y cívicamente desconocen o en su lugar, hacer lo correcto de reconocerlos como conciudadanos de todos quienes hemos nacido de padre y madre dominicanos en el territorio nacional y quienes además se han dominicanizado y adoptado nuestras costumbres y no sigamos contando los nacidos de ellos del 1986 al 2024 que tienen 38 años. ¿Los tiraremos al mar?
Procede entonces una amnistía general para todos ellos y sin exclusiones y al mismo tiempo, que, a partir del 31 de diciembre de este año, se cierre la frontera hasta el 2029 para fines de movimientos de personas como inmigrantes y por cinco años corridos, al tiempo de expulsar sumariamente a los indocumentados que tengan menos de cinco años en el territorio nacional. Solo así, es que creemos que se solucionará este problema migratorio no resuelto por culpa de nosotros los dominicanos.
A todo esto, lo más grave y que habla pésimo del dominicano, es descubrir que la mayoría de los dominicanos son racistas y casi todos de clase media, pero con relación a los haitianos, porque cuando se trata de otras nacionalidades y ahí están los desagradables venezolanos, quienes con todo y ser indocumentados, si se meten con una pareja dominicana y tienen hijos, absolutamente nadie los discrimina y que no es justo. Por eso protestamos ante tanta iniquidad.
Recomendamos a nuestros lectores que accedan a los siguientes documentos y para que tengan una idea mas acabada y abierta que esta nuestra y ha modo de que cada uno haga las comparaciones de lugar: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Ley-169-14-2.pdf y https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/16684.pdf El primero, es un enjundioso informe sobre la ley 168-14 y el segundo, un análisis detallado y muy bien documentado del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
De nuestra parte solo decimos y a modo de llamar la atención: Entre el haitiano indocumentado y el legal. Tremendo abanico de posturas hipócritas y perversas. Con Dios. (DAG) 14.03.2024
